Borrar
Urgente El Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional deja el primer premio en un famoso municipio valenciano y otras tres localidades

Fabra reúne a su gabinete de crisis alarmado por el alcance del caso

Anticorrupción carga con dureza contra el expresidente, aunque es a la exconsellera a la única a la que atribuye hasta tres delitos

J. C. F. HORTELANO/ FERRIOL

Viernes, 19 de diciembre 2014, 23:58

valencia. Lola Johnson «engañó al resto de miembros de la Junta General» de Circuit del Motor. Francisco Camps, «con consciente desprecio hacia la legalidad vigente», adoptó medidas que rescataron a Valmor de la quiebra financiera. Jorge Martínez Aspar recibió la oferta de su «amigo» Camps para que creara una sociedad que organizara la Fórmula 1 en Valencia «y se pudiera beneficiar con ello». El expresidente de la Generalitat Francisco Camps, la exconsellera Lola Johnson, y el expiloto de motociclismo Jorge Martínez Aspar aparecen en la querella de Anticorrupción como los principales responsables del nacimiento de Valmor, de los acuerdos adoptados para rescatar a esa empresa privada desde las arcas públicas, y de la posterior absorción de la misma por parte del Circuit del Motor. A Camps y Aspar se les atribuyen los supuestos delitos de malversación de caudales y prevaricación -el primero como autor, y el segundo como cooperador necesario-. A Johnson, esos dos y el delito societario. La celebración del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 sitúa de nuevo a las puertas de los tribunales al expresidente, ensucia la imagen del excampeón del mundo de motociclismo y actual manager del 'Aspar Team', y salpica a Johnson -también imputada por el agujero económico de Canal 9- en cuyas manos deja la posibilidad, además, de que el proceso termine comprometiendo al Consell que preside Alberto Fabra. Ese escenario es, precisamente, el que más preocupa en este momento al Ejecutivo valenciano. Camps, que mantiene el escaño de diputado en Les Corts pero que apenas acude al hemiciclo, se enfrenta a un nuevo proceso judicial sin que su imagen pública se haya recuperado aún del desgaste que sufrió con el juicio de la causa de los trajes. Pero es el camino que elija Johnson -destituida de su puesto de secretaria autonómica de Comunicación tras ser imputada en la causa de TVV- el que puede marcar la dimensión política de esta causa. Con la designación de carteles electorales en el PP a la vuelta de la esquina, el testimonio de la exconsellera puede ser determinante.

valencia. La Fiscalía Anticorrupción convirtió el viernes navideño del que quería disfrutar el Consell en un viernes negro. Uno más de los que ya ha vivido el Ejecutivo de Alberto Fabra. La querella presentada por el Ministerio Público contra la exconsellera Lola Johnson, el expresidente Francisco Camps y Jorge Martínez Aspar, tiene al Gobierno valenciano en vilo.

Aunque en público la portavoz del Ejecutivo, María José Català, evitó mostrar preocupación («estamos tranquilos», dijo), lo cierto es que en privado varios miembros del Consell reconocen que la querella no sólo preocupa, sino que ocupa buena parte de las conversaciones de los miembros del Consell, porque podría acabar salpicando de lleno al actual equipo. Y es que, aunque la querella de la Fiscalía sólo apunta a tres personas en su inicio, deja abierta la puerta a aquellas «que resulten de la instrucción de la causa» y que también puedan acabar señaladas. La compra de Valmor se realizó bajo el paraguas del actual Consell y contó con la firma de hasta dos consellers actuales, José Císcar e Isabel Bonig, y con la del propio presidente de la Generalitat.

La preocupación en el Palau de la Generalitat por la evolución de la querella provocó ayer una reunión de urgencia del gabinete de crisis. Una cita para la que el presidente llamó a sus colaboradores de máxima confianza -entre los ausentes, el vicepresidente José Císcar y la titular de Infraestructuras y coordinadora general del PPCV, Isabel Bonig- para abordar la posible evolución de este caso. Fuentes del Consell deslizaron su inquietud por la posibilidad de que algún documento pudiera sugerir que el presidente era conocedor de las condiciones de compra de Valmor.

Las fuentes consultadas señalaron que entre la documentación analizada ayer figurarían las actas de las reuniones del consejo de administración de Valmor. También se teme que algún correo electrónico pueda contener información comprometedora respecto al número y cantidad de miembros del Gobierno valenciano que tuvieron conocimiento de las condiciones reales de la compra de Valmor -es decir, de que en realidad se asumía la deuda-.

En el texto de la querella, Anticorrupción sostiene con toda claridad que Johnson «engañó» al resto de miembros de la Junta General -el Consell reunido en pleno como tal- «al no decirles ni explicarles que la compra de Valmor por parte de la empresa pública suponía por un lado la condonación de más de 14 millones que adeudfaba a Circuito del Motor, y por otro, asumir los más de 31 millones de pasivos frente a terceros». Lo que sostiene el fiscal es que Johnson es la responsable porque no informó al resto del Consell. Por lo tanto, en el caso de que sí que hubiera transmitido esa información a alguno de los miembros del Ejecutivo, pasaría a asumir la misma responsabilidad judicial que se atribuye a la exconsellera. Las fuentes consultadas señalaron que, habitualmente, cada conseller explica en los plenos los asuntos que afectan a su departamento y cuenta con la garantía de legalidad que concede la revisión por parte de los subsecretarios.

La investigación en los tribunales supone la apertura de una nueva causa judicial en víspera de elecciones autonómicas y municipales. Algo que, como reconocieron ayer fuentes del Consell, no beneficia en nada a las previsiones que hacen las encuestas, ya bastante pesisimistas con el actual equipo de Gobierno.

Barberá, «asombrada»

La trascendencia de la decisión de la Fiscalía no dejó ayer a nadie indiferente. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, aseguró estar «bastante asombrada» pero reconoció que «respeta las decisiones de la Justicia». Los grupos de la oposición, por su parte, cargaron contra el Consell. La diputada del PSPV Eva Martínez señaló que Fabra es «absolutamente responsable» del «gran fraude» de la Fórmula 1, «sobre todo después de haber comprado Valmor cuando estaba en ruinas». El portavoz de EU, Ignacio Blanco, destacó que «no hay que descartar que más adelante puedan resultar imputados los miembros del Consell que en diciembre de 2011 decidieron comprar Valmor, asumiendo sus pérdidas, algunas derivadas de deudas de Bancaja». Mientras que la diputada de Compromís, Mónica Oltra,consideró «lastimoso» el nuevo «escándalo». Sobre Valmor señaló que estaba «claro» que era una «pieza podrida».

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

lasprovincias Fabra reúne a su gabinete de crisis alarmado por el alcance del caso