Castedo al juez: «Soy tan amiga de Ortiz como del resto de empresarios»

alicante. La exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo reconoce haber compartido mesa y viajes de vacaciones con el empresario más poderoso de la ciudad e, incluso, que su marido ha trabajado como autónomo para una de sus muchas firmas. Sin embargo, la también exdiputada autonómica y todavía miembro del PP valenciano reiteró ayer que no mantiene una relación de amistad íntima con el constructor Enrique Ortiz ni, mucho menos, que le haya favorecido mientras ocupaba un puesto como responsable de Urbanismo de Alicante y tampoco en su etapa como alcaldesa. De hecho, defendió la legalidad de todas las actuaciones relacionadas con la actuación, al tiempo que afirmó conocer «a casi todos los empresarios de la ciudad de Alicante».

Así se lo dijo ayer al juez Juan Carlos Cerón, quien investiga el presunto pelotazo con la llegada de la multinacional Ikea, la construcción de más de 13.000 viviendas y la implantación de un centro comercial en las Lagunas de Rabasa. Una entera Sonia Castedo aseguró haber «explicado todo» lo concerniente a la tramitación al titular de Instrucción 6 de Alicante, juzgado que dirige las pesquisas para esclarecer la denuncia de Esquerra Unida que se desprende de las famosas y comprometedoras escuchas intervenidas por la Policía.

Castedo abrió ayer la ronda de declaraciones por el conocido como 'caso Rabasa', en el que se encuentra imputada por los delitos de prevaricación. Pese a las acusaciones a las que se enfrenta, la exedil entró «muy tranquila» al Palacio de Justicia de la capital aunque algo «nerviosa» por elevado número periodistas. A la puerta la esperaban dos vecinos que la agasajaron con un ramo de flores y lanzaron pétalos de rosa a su paso. Las instalaciones judiciales del barrio de Benalúa no le son nada ajenas.En el Juzgado de Instrucción número 6 la aguardaba el instructor. Juan Carlos Cerón tenía preparados más de una treintena de bloques temáticos con preguntas en torno a los pasos dados desde el Consistorio para allanar la adjudicación a Viviendas Sociales del Mediterráneo SL (Visomed), de Enrique Ortiz, y la instalación de la multinacional sueca del mueble. Las explicaciones aportadas por Castedo se prolongaron durante 50 minutos, el mismo tiempo que le dedicó al fiscal Anticorrupción, Felipe Briones.

«He respondido a todas las preguntas del juez y del fiscal», indicó la imputada, aunque quiso aclarar que los hechos se centran en la tramitación del Plan Parcial, cuyo progreso bloqueó cautelarmente a finales de 2009 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Pese a ello, el Consistorio prosiguió con la aprobación del convenio con Visomed e Ikea para colocarse en las lagunas. Sin embargo, ella aclaró que dicho convenio tiene que ver con el «planeamiento» y no la tramitación, por lo que, bajo el amparo de las indicaciones de los técnicos, no se habrían incurrido en ningún hecho ilegal.

«Es más», la exregidora investigada añadió que los servicios jurídicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo «hacen referencia a la suspensión cautelar del TSJCV» y, prosiguió Castedo a las puertas del juzgado, «dicen que aunque no impide el llevar adelante el convenio, éste sí quedará supeditado a la decisión final que adopte finalmente el TSJ, y la decisión, en julio de 2010, fue levantar la suspensión», como concretó. Tan segura salió de su testimonio que a las puertas de los juzgados, Castedo afirmó muy rotundamente no tener «nada que esconder» de su relación con Ortiz ni por la acusación de haberle beneficiado.

Según obra en la documentación elaborada por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, sin embargo, parece que cada paso dado desde el Ayuntamiento, concretamente del entorno de la entonces edil de Urbanismo, iba encaminado a permitir al dueño del Hércules ganar más dinero con la operación de venta de suelo. Así, resulta que el industrial pasó de tener la perspectiva de ganar unos 30 millones de euros vendiendo parcelas para instalar Ikea a casi cien millones.

De diferente opinión a las manifestaciones hechas por Castedo resultaron las conclusiones a las que llegaron las acusaciones populares, ejercidas por la formación Esquerra Unida y el PSPV. La exalcaldesa adoptó la misma postura de otras ocasiones, negándose a responder a las preguntas de los letrados. Según una de los letrados, frente al Palacio de Justicia, la suspensión de una licencia de ejecución, como en el caso del Plan Rabasa, «afecta a todo lo que se refiere al acto o a la disposición general, es decir, no se puede hacer nada con esa licencia».