El TSJ investigará a Camps por presunta prevaricación y malversación en la F-1

valencia. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) volverá a investigar al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, esta vez por su gestión de la Fórmula 1 en Valencia. La Sala de lo Civil y Penal se declaró ayer competente para escrutar los hechos de los que la Fiscalía Anticorrupción advirtió en su querella y la tramita para esclarecer si Camps pudo cometer tres presuntos delitos de prevaricación, malversación y y societario, en su gestión de las pruebas automovilísticas que se celebraron bajo su mandato en el Circuito Urbano de Valencia.

Así, la magistrada Pía Calderón, que ya instruyó la pieza del caso Cooperación por la que el exconseller Rafael Blasco fue condenado a ocho años de cárcel, será ahora la encargada de investigar a Francisco Camps y esclarecer el papel que jugaron la exconsellera de Cultura Lola Johnson y uno de los tres socios de la empresa Valmor Sports, organizadora de las carreras en Valencia, Jorge Martínez 'Aspar'. El alto tribunal valenciano añade así una nueva causa a investigar, dada la condición de aforado de la que Francisco Camps disfruta por su situación de diputado autonómico en Les Corts, y que previsiblemente sólo ostentará hasta la disolución de la Cámara autonómica, el próximo mes de marzo. Con la pérdida de su condición de diputado, la causa pasará a un juzgado de instrucción. De ese modo, la investigación podría estar menos encorsetada en torno a la figura del expresidente y único motivo para que ahora los hechos se circunscriban sólo a su gestión.

Y es que el TSJ se centrará, de momento, en la gestión de Camps, pero no se descarta que con el tiempo las pesquisas acaben abriendo nuevas líneas de investigación y se indague en el proceso de compra de la mercantil Valmor por parte del Consell, ya en la era Alberto Fabra. Una operación que resultó ruinosa para las arcas públicas, al absorber una deuda de más de 45 millones de euros de la empresa privada constituida por Aspar, Bancaja y Fernando Roig.

El Alto Tribunal valenciano entiende, según el auto fechado ayer, que debe investigar la gestión de la Fórmula 1 «para determinar la concurrencia o no del comportamiento delictivo» y acota, por ahora, la instrucción a los años del expresidente autonómico al frente del Consell, a pesar de que los hechos que relata Fiscalía en la querella se remontan a un período entre 2006 y 2012, año de compra de la empresa Valmor. Aunque ese hecho se produjo fuera del mandato de la persona aforada en la que el TSJ debe centrar su investigación.

En su querella, Anticorrupción hablaba de tres presuntas irregularidades en la gestión de la Fórmula 1. La primera se basa en que se concede a Valmor la organización de la prueba cuando, en realidad, fue Circuito del Motor la sociedad que se encargó de las carreras. La segunda, la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) asumió el coste del canon cuando en realidad debía abonarlo Valmor. El tercero de los hechos controvertidos es la salida de Bancaja de Valmor y cómo la Generalitat se convierte en avalista en julio de 2011. «Camps ordenó la firma del contrato de manera urgente incumpliendo de manera flagrante toda la normativa autonómica en materia de avales», sostenía el fiscal

En el auto de la Sala se habla de «claros y evidentes indicios de la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa y de un delito continuado de malversación de caudales públicos que pudiera haber cometido el aforado» Camps desde abril de 2006 hasta el mismo día de su dimisión, el 19 de julio de 2011, «período en el que intervino directamente en los hechos descritos en la querella en su condición de presidente de la Generalitat». La Sala recuerda que, atendiendo al texto del fiscal Vicente Torres, fue de Camps de quien partió la iniciativa de proponer a Bernie Ecclestone, magnate de la F-1, la celebración de un Gran Premio en Valencia. No sólo eso, sino que es también «quien negocia las condiciones, incluidas las económicas», según consta en la denuncia del fiscal, a raíz de las declaraciones de los testigos que pasaron por la Ciudad de la Justicia durante la fase de investigación. En conclusión, «por orden de la Generalitat Valenciana presidida por Francisco Camps, se organizó por Circuito del Motor el Gran Premio como se sabía desde el principio» y, por tanto, «existen indicios para sostener que Camps concertó con Jorge Martínez 'Aspar' que el Circuito organizaría la prueba y para ello interpuso una empresa privada que carecía de infraestructura personal, material y económica para asumir esa labor».

Aunque formalmente Francisco Camps no está imputado, lo estará en breve, tan pronto como la jueza instructora lo llame a declarar, ya que, según fuentes jurídicas, no hay otra alternativa posible y, además, la querella del fiscal pedía directamente su imputación y la de la exconsellera Johnson y Aspar. En un comunicado, hace semanas, Camps ya recriminó a la Fiscalía que no lo hubiera citado durante la instrucción para dar su versión de los hechos y reconoció que la imputación era el siguiente paso. El exjefe del Consell alegó que la querella contra él se basaba en «meras conjeturas y suposiciones» y recuerdó que la decisión de tener F-1 fue «política» para posicionar la Comunitat

Así, la declaración de Camps se podría señalar en breve. Aunque no será la única vez que el popular pise el TSJ en los próximos meses. El exjefe del Consell también tendrá que declarar como testigo en el juicio por la primera de las piezas de Gürtel en ser juzgadas, que coincidirá con la campaña electoral. Así lo solicitó la defensa de uno de los acusados, Rafael Betoret, que se declaró culpable en el juicio de los trajes en el que Camps finalmente fue absuelto por un jurado popular.

La imputación del expresidente de la Generalitat y del PPCV supone un nuevo sobresalto en la campaña de las próximas elecciones autonómicas y municipales, junto con el juicio de Terra Mítica, el del desvío de fondos de la depuradora de Pinedo, o la primera de las piezas de Gürtel valenciano, sobre las adjudicaciones de los stands de Fitur a las empresas de la trama de Francisco Correa.

La portavoz del Consell y titular de Educación, Cultura y Deporte, María José Català, aseguró ayer que la Generalitat aportará toda la documentación que la Justicia les solicite sobre la compra de Valmor. «Como siempre hemos dicho, vamos a colaborar con la justicia», señaló. Por su parte, la portavoz socialista de Grandes Eventos, Eva Martínez, auguró que la admisión a trámite de la querella acabará con la imputación del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, mientras que el portavoz de EU, Ignacio Blanco, uno de los denunciantes, reconoció que la investigación reafirma su labor de oposición.