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Correa, durante el juicio del caso Fitur. FOTO EFE / VÍDEO RAFA MUÑOZ
«Gürtel es un montaje político organizado desde el despacho de Rubalcaba»
Caso fitur

«Gürtel es un montaje político organizado desde el despacho de Rubalcaba»

El considerado número 2 de la trama, Pablo Crespo, ha acusado al exministro socialista

Marta Hortelano

Martes, 31 de marzo 2015, 07:31

9:55 de la mañana. A esa hora ha arrancado el primero de los juicios de la rama valenciana del caso Gürtel, el relativo a las adjudicaciones del stand de la Generalitat para Fitur entre 2005 y 2009. Y lo hace con trece acusados sentados en el banquillo por un surtido de presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude, falsedad, cohecho pasivo y activo, tráfico de influencias, infidelidad en custodia de documentos públicos e información privilegiada. Entre ellos, dos exconselleras del Gobierno de Francisco Camps Milagrosa Martínez y Angélica Such, y los cabecillas de la trama, que se enfrentan al primero de los numerosos juicios que tienen pendientes: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez.

El tribunal, con la presidenta del TSJ valenciano, Pilar de la Oliva, y los jueves Antonio Ferrer y Juan Climent, han abordado las cuestiones previas con las que se ha dado inicio al juicio.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la incorporación de la declaración de un nuevo testigo, Juan Carlos Rincón, que según la fiscal participó en lo relativo a las contrataciones de Fitur y tuvo especial relevancia en la Feria y en la elaboración de las hojas de costes de las que la elaboración se servía. El extrabajador de Orange Market fue uno de los testigos secretos que prestaron declaración en otra de las piezas, la relativa a la visita del Papa a Valencia, y su testimonio aportó numerosas novedades a la causa.

Por su parte, el abogado de uno de los cabecillas, Francisco Correa, el letrado Juan Carlos Navarro, ha solicitado la nulidad del proceso porque se han vulnerado hasta cuatro derechos a varios de los acusados. En concreto, habla de detenciones ilegales, escuchas telefónicas nulas, vulneración derecho a la intimidad y vulneración de derecho de defensa. Cuando se vulnera derecho fundamental, se tiene que reparar de inmediato, ha dicho.

El abogado de Correa ha solicitado al final de su turno que si no se aceptan las nulidades, se haga el juicio con todas las garantías. Para ello, ha pedido que se incorpore a la sala el material que consta en poder de la Audiencia Nacional.

A sus cuestiones previas se han adherido también las defensas de Álvaro Pérez, Mónica Magariños, Pablo Crespo o Angélica Such. El letrado de Milagrosa Martínez también se adhiere a la infracción y alega, además, indefensión por falta de tutela judicial efectiva hacia su representada, para la que dice, el proceso no ha tenido garantías.

Por su parte, la abogada de Álvaro Pérez ha cuestionado la imparcialidad del tribunal porque los magitstrados que juzgarán a los 13 acusados ya han resuelto recursos en la fase de procesamiento. "Es la primera vez que veo esto en 25 años de carrera", ha dicho.

El abogado de Crespo pide recusar al tribunal

Tras un breve receso, ha llegado el turno para el abogado de Pablo Crespo, el exdirector de la ONCE Miguel Durán. El letrado también plantea la nulidad porque no se han vulnerado las mínimas garantías procesales e insiste en la recusación del tribunal que acabará juzgando a los trece acusados. Según ha asegurado "el juicio tiene claros ribetes políticos incuestionables y gravita sobre él una mediatización".

Después, ha cargado contra el magistrado Juan Climent, uno de los miembros del tribunal, ya que "por comportamientos políticos pasados podría interferir", por lo que debería abstenerse. "El magistrado Climent ha tenido esas responsabilidades políticas". "No sé cuánto puede afectar a la capacidad de neutralidad. Pero en punto a los derechos fundamentales, como la mujer del César no sólo hay que serlo, sino también parecerlo", ha dicho Durán.Y es que según ha explicado, uno de los firmantes de la querella que ha acabado sentando en el banquillo a los acusados es el PSPV. "Ximo Puig, el líder del PSPV de altísima significación política, compartió responsabilidades con Climent porque ambos pertenecían al gabinete de Presidencia en época de Lerma", ha dicho."No sabemos cuál ha continuado siendo la relación. Pero si luego hay sentencia, que no se diga que ya se sabía y que los de la Gürtel tenían que escaparse por una rendija"ha advertido.

Antes, los acusados han ido llegando al TSJ con cuentagotas. Milagrosa Martínez ha llegado sobre las 9 horas al tribunal valenciano. A la entrada, Martínez, quien también fue presidenta de las Corts Valencianes y ha sido recientemente expulsada del PP, ha afirmado: "Confío en la justicia". Seguidamente, preguntada por si piensa dimitir de su cargo público, ha respondido: "No. Muchísimas gracias".

La versión de Crespo al llegar al TSJ

El considerado número 2 de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha afirmado este martes que es un "empresario normal y corrinte" y ha subrayado que no conoce a nadie del Consell de Francisco Camps -expresidente- y que viene al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a "buscar justicia".

Crespo se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al tribunal valenciano, donde este martes arrancará el juicio por la pieza 3 del caso Gürtel, relativa a supuestas irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009. En total, hay 13 acusados, entre otros, dos exconselleras del equipo de gobierno de Camps: Milagrosa Martínez y Angélica Such.

Crespo y Álvaro Pérez, conocido este último como 'El Bigotes', han llegado al TSJCV minutos después de que se abrieran las puertas, sobre las 8.10 horas, y el primer acusado se ha detenido a atender a los medios de comunicación que aguardaban en la puerta.

Pablo Crespo ha indicado que viene a "buscar justicia", y ha agregado que lleva seis años esperando este juicio y "deseando" que les juzguen "de una vez". "Para nosotros es un momento muy importante", ha recalcado.

Preguntado por las elevadas penas de prisión a las que se enfrentan, ha aseverado que "contra el vicio de pedir, la virtud de no dar". También ha señalado que es la primera vez que se enfrenta a un proceso judicial de este tipo, puesto que es un "empresario normal y corriente".

Así mismo, interpelado por si tenía relación con Camps, ha asegurado que "no": "No he visto en mi vida a nadie del Consell de Camps, ni conozco a Milagrosa Martínez". Por último, ha criticado los trabajos de la Udef por "hacer informes falsos".

En declaraciones efectuadas a la conclusión de la primera sesión del juicio, Crespo -acompañado de su abogado, Miguel Durán- ha atribuido el "montaje" del caso Gürtel al exministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba: "Es un montaje político organizado desde el despacho de Rubalcaba", ha asegurado.

Un juicio con un año de retraso

La vista arranca justo con un año de retraso, ya que la dimisión como diputadas de las dos exconselleras a pocos días de la fecha inicial del juicio generó un conflicto de competencias que llevó finalmente al Supremo a decretar que lo juzgara el TSJCV, pues la renuncia al fuero se produjo cuando ya se había dictado la apertura de juicio.

El juicio se desarrollará a lo largo de 37 de sesiones, hasta el próximo 8 de octubre, e incluirá la declaración en plena campaña electoral de siete de los procesados, entre ellos las exconselleras de Turismo Milagrosa Martínez -actualmente alcaldesa de Novelda (Alicante) y suspendida cautelarmente de militancia por el PP- y Angélica Such.

En precampaña será el turno de los supuestos cabecillas de Gürtel.

La Fiscalía pide penas de once años de prisión para la exconsellera Milagrosa Martínez, su jefe de gabinete, Rafael Betoret, y el número dos de la trama, Pablo Crespo; de diez años de cárcel para Francisco Correa y Álvaro Pérez "El Bigotes", y de nueve años de inhabilitación para la exconsellera Angélica Such.

La vista llega seis años después de que, al inicio de la operación Gürtel por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, dos funcionarios de Justicia se personaran en la Conselleria de Turismo para buscar los contratos de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) con Orange Market -la filial valenciana de la trama- sobre Fitur.

Esta es una de las seis piezas separadas sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), que investiga el TSJCV desde que en mayo de 2011 asumiera la causa, y la primera sobre la que concluyó la instrucción.

Según la investigación, hay indicios de que Orange Market, encargada de "la mayor parte" de actos del PPCV, se aprovechó de las relaciones personales de sus gestores con las máximas autoridades del Gobierno valenciano para lograr esas adjudicaciones, pese a que sus ofertas eran las más caras y no reunían las condiciones técnicas y económicas necesarias.

En el banquillo de los acusados se sentarán dos exconselleras de Turismo: Milagrosa Martínez, durante cuyo mandato se adjudicaron los primeros contratos investigados, y Angélica Such, que continuó las adjudicaciones, así como cinco empleados públicos, entre ellos el jefe de gabinete de Martínez, Rafael Betoret.

También estarán seis responsables y empleados de la trama Gürtel, entre ellos los supuestos cabecillas, como Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez "El Bigotes", Cándido Herrero e Isabel Jordán.

La Fiscalía pide penas que van desde los siete años de inhabilitación hasta los once años de prisión, como es el caso de Milagrosa Martínez, Pablo Crespo y Rafael Betoret, quien ya fue condenado en la "causa de los trajes".

Según la Fiscalía, el importe total facturado a la Generalitat por la trama Gürtel en esta "irregular actividad contractual" supera los 5 millones de euros, mientras que los responsables de la trama obtuvieron "ilícitos beneficios" por duplicidades de pago o sobrecostes de, al menos, 298.380 euros.

El juicio dedicará los dos primeros días a cuestiones previas -la defensa de Martínez pedirá la nulidad del juicio por indefensión- y los acusados declararán del 10 de abril al 15 de mayo, mientras que comparecerán como testigos el exconseller de Solidaridad Rafael Blasco -condenado por el caso Cooperación-, en julio, y el expresident de la Generalitat Francisco Camps, en septiembre.

Las otras cinco piezas podrían ser juzgadas en la Audiencia Nacional, ya que el TSJCV considera que no es competente para hacerlo al no quedar aforados en ellas.

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