Bruselas impone 19 millones de multa por el déficit falseado en la Comunitat

El desajuste estadístico que provocó en 2012 una corrección al alza del déficit de España como consecuencia de las facturas en los cajones, de gasto sanitario en su inmensa mayoría, que el Gobierno valenciano afloró gracias al plan de pago a proveedores no se saldará con una reprimenda más o menos formal de Bruselas.

La Comisión Europea propondrá una multa de 19 millones de euros al Reino de España por lo que se considera como una manipulación de los datos del déficit mediante la ocultación sistemática de una parte del gasto sanitario. Se trata, es verdad, de un importe simbólico -la cuantía podría haber alcanzado los 2.000 millones-, pero que pone en cuestión el método utilizado por la administración valenciana para la cuantificación de sus gastos sanitarios entre 1988 y 2011. Y que, de rebote, ha abierto un llamativo debate respecto a qué administración es la que debe atender esa multa.

¿Y de quién es la culpa? El informe preliminar de la comisión es claro: Apunta a la Intervención General de la Generalitat como «principal responsable de la no aplicación del principio de devengo y de la ausencia de registro de cantidades considerables de gasto sanitario». El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, determina que la Intervención «fue gravemente negligente» respecto al no registro de los gastos de salud y al no respeto del principio de devengo en las cuentas nacionales.

En ese documento exponía las «graves irregularidades cometidas en la contabilidad, el registro y la notificación de la gastos de la Comunitat durante muchos años», como no respetar el principio de devengo, uso incorrecto de las cuentas extrapresupuestarias, no registrar gastos y comunicar información «engañosa» a autoridades estatales, «lo que dio lugar a una tergiversación de los datos de déficit y deuda de España». Según señala, la ausencia de registro de gastos empezó en 1988 y al principio «afectaba sólo a cantidades muy pequeñas» A partir de 1993, aumentaron estas cuantías y «no todos los gastos no registrados en un ejercicio se registraban en el siguiente».

En 2007, esos gastos no registrados de años anteriores superaban los 1.000 millones y, si bien hubo cinco acuerdos hasta 2010 que permitieron registrarlos y pagar, «no se adoptaron medidas para que no se volvieran a ocultar gastos durante largos periodos de tiempo», esa práctica continuó y dio lugar a una revisión al alza, en unos 1.900 millones, del déficit de la Comunitat en 2011. Al respecto, el informe señala que la Intervención General de la Generalitat -de la que era titular Salvador Hernándiz- no notificó esa cantidad a la Intervención del Estado (IGAE) en el cuestionario normalizado de enero de 2012.

¿Y quién paga? Pese a que el Consell había venido dando por descontado que no habría multa por lo sucedido y que, si se imponía, la atendería el Ejecutivo central -la sanción es al Reino de España-, el ministro de Economía, Luis de Guindos, proclamó ayer que la multa «no la pagará el Estado». «La tendrá que pagar quien la tiene que pagar, que es quien ha cometido el error», en alusión a la Comunitat. El conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, discrepó de esa opinión y recordó que si hay multa, por el momento es una propuesta, se impone «al Reino de España». La sanción definitiva tendrá que ser votada en una reunión del Ecofín, que se reunirá en los próximos meses.