La Guardia Civil requisa contratos de la Púnica en cinco ayuntamientos

La 'operación Púnica', la trama de contratos municipales y subvenciones públicas que afecta a varias comunidades, sigue extendiéndose como una mancha de aceite. La segunda fase del operativo coordinado por la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción culminó hoy con el registro de dos ayuntamientos madrileños y los requerimientos judiciales de documentación a otros diez consistorios de Madrid y la Comunidad Valenciana. Asimismo, se efectuaron entradas en sedes sociales de empresas y se tenía previsto llevar a cabo la detención de varias personas, según informó el Ministerio Público.

Las diligencias fueron autorizadas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del caso que estalló en octubre pasado con 36 detenciones y 15 imputaciones en Madrid, León y Murcia. Desde entonces se han incorporado más implicados al procedimiento, los últimos cinco exdiputados autonómicos del PP la pasada semana. Además, las actuaciones llevadas a cabo hoy en diversas ciudades de la Comunidad Valenciana suman una autonomía más al 'mapa púnico'.

A primera de la mañana y con bastante discreción, agentes de paisano de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, responsable de la investigación policial, se personaron con un requerimiento judicial en los ayuntamientos valencianos de Castellón, Gandia, Dénia, Elche y Valencia capital y en los madrileños de Alcobendas, Collado Villalba, Coslada, Majadahonda y Madrid. Asimismo, se autorizaron registros en Valdemoro y Moraleja de Enmedio.

Según fuentes judiciales, las peticiones eran muy «concretas» y versaban sobre documentos relacionados con los contratos públicos firmados con empresas de Alejandro de Pedro, uno de los principales imputados de la trama junto al exconsejero autonómico y exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, y 'su mano derecha', el empresario David Marjaliza, ambos en prisión preventiva (se les descubrieron 11 millones en Suiza y Singapur).

Dos agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se personaron poco antes de las once de la mañana en el Ayuntamiento de Dénia solicitando los contratos firmados con las empresas relacionadas con el empresario Alejandro de Pedro, que en su conjunto rondan los 34.000 euros. Fue una operación rápida. Entraron pidieron la documentación y se marcharon. Pocos fueron los que se enteraron de su presencia en el consistorio.

Según la alcaldesa de Dénia, Ana Kringe, los agentes se personaron con una relación de las factura y documentos y se les entregó todo lo que solicitaron. En ese sentido, la munícipe recalcó estar tranquila ya que la documentación reclamada por los agentes fue la misma que ya dio meses atrás a la oposición cuando se la pidieron y que ella misma había detallado en una comparecencia pública el pasado 29 de octubre.

En aquella ocasión, la alcaldesa remarcó que los servicios que el empresario había prestado al ayuntamiento estaban pagados y fiscalizados y que todo se había hecho dentro de la legalidad.

La Guardia Civil también se personó en el Ayuntamiento de Castellón para eclamaron información relativa sobre la contratación de una campaña publicitaria con la empresa Madiva Editorial, en concepto de inserción publicitaria. El Ayuntamiento contrató dos inserciones por 6.300 euros a esta empresa, editora de un medio digital, y cuyo propietario es Alejandro de Pedro Llorca, detenido en esta operación contra la corrupción por parte del juez Eloy Velasco. No obstante, tal y como ya informaron tras la detención de este empresario y como ayer el PP de Castellón reiteró en un comunicado, «tras conocerse la detención» el alcalde, Alfonso Bataller, paralizó el pago de las facturas que «a fecha de hoy estas facturas siguen suspendidas», según el PP.

En el consistorio de Valencia los agentes que se presentaron también pidieron las facturas con Madiva. El Ayuntamiento había contratado publicidad por un montante de 10.000 euros pero a raíz de conocerse la investigación del caso, zanjó el contrato. Ya había insertado publicidad sobre playas valencianas en medios digitales nacionales y en medios valencianos, sobre el Plan Jove, por unos 4.000 euros. Y en Gandia la Benemérita buscó un contrato de15.000 euros con Eico.

Por su parte, el Ayuntamiento de Elche aseguró que no ha tenido relación contractual alguna ni facturado servicios con las empresas de Alejandro de Pedro.