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J. C. F.
Jueves, 30 de julio 2015, 00:10
Cuando Eduardo Zaplana llegó a la presidencia de la Generalitat en 1995, una de las primeras denuncias que realizó su Consell, a través del entonces responsable de las cuentas autonómicas, José Luis Olivas, fue la de subrayar que la situación financiera real dejada por el Gobierno socialista de Joan Lerma era mucho peor de lo que los socialistas habían anunciado. Algún dirigente del PP valenciano llegó a hablar incluso de los agujeros negros que los socialistas había dejado en las arcas de la Generalitat. Aquella denuncia permitió al PP zarandear a un ya debilitado PSPV.
Ayer, el Gobierno valenciano que preside Ximo Puig descubrió también un agujero en las finanzas autonómicas. Los responsables de la conselleria de Hacienda afloraron un gasto sanitario de 400 millones que no tiene soporte en los presupuestos. Una cifra que descuadra el escenario financiero de la Generalitat, y que ayer arruinó el anuncio del ministerio de Hacienda de que la Comunitat recibiría en 2016 casi 1.000 millones de euros más por el sistema de financiación autonómica.
Porque ese fue el gran anuncio del departamento que dirige Cristóbal Montoro. Los datos correspondientes a las entregas a cuenta del modelo, previstas para el próximo ejercicio, así como a la liquidación de 2014 -que se percibirá también el próximo año- suman unos ingresos en el próximo ejercicio de 9.029 millones de euros, contra los 8.077 de este año (un 11,7% más).
Hasta aquí las buenas noticias. Los datos facilitados por el ministerio de Hacienda son consecuencia de la actualización del fondo de suficiencia, «no de ninguna aportación adicional de fondos como la anunciada por el Gobierno», según fuentes de la conselleria de Hacienda.
Podría pensarse que con 952 millones más en el bolsillo, el Gobierno valenciano se daría por satisfecho. Incluso que se plantearía la posibilidad de cumplir el objetivo de déficit para el próximo ejercicio, fijado en el 0,3%. Nada más lejos de la realidad. De la actualización del Plan Económico Financiero -el plan de ajustes con el que el Consell se compromete a cumplir los objetivos de déficit- el departamento que dirige Vicent Soler ha eliminado los 1.500 millones de «ingresos ficticios» contabilizados a partir de la suma de 1.300 millones que se esperaba recibir del fondo de competitividad (y que ya cuestiona hasta el propio ministerio de Hacienda) así como de los ingresos por venta de patrimonio y por la tasa a los bancos.
Pero la sorpresa principal era otra. Fuentes del departamento que dirige Soler explicaron ayer que la Generalitat había incorporado a su plan de ajustes 400 millones de euros correspondientes a la cuenta 409 -facturas reconocidas (y pagadas) correspondientes a gastos que no tienen soporte en el presupuesto-. Se trata de 400 millones adicionales de gasto sanitario, acumulados hasta el 30 de junio de este año, y para los que el Consell no dispone de cobertura.
El dato es trascendental. En primer lugar, porque se trata de la primera ocasión en la que el nuevo Consell encuentra gastos sin soporte en el presupuesto. Un hecho que deja en evidencia lo sostenido por el anterior conseller, Juan Carlos Moragues, que aseguró poco después de las elecciones que el nuevo Gobierno se encontraba unas cuentas transparentes. En segundo, porque la cuantía de la cifra altera de forma sustancial el escenario económico sobre el que se mueve el Gobierno valenciano.
Las fuentes del Consell consultadas por este diario recalcaron ayer que esos 400 millones pasan a engrosar el capítulo de gastos, de manera que junto a los 1.500 millones de ingresos irreales, disparan el desequilibrio que arrastra la Comunitat Valenciana y hacen aún más incumplible el objetivo de déficit.
Los números así lo reflejan. La previsión sobre la que trabaja el Gobierno valenciano para este ejercicio de 2015 pasa por cerrar el año con un desequilibrio de entre el 2,1% y el 2,2% del PIB. La mejora de casi 1.000 millones en la financiación se ve condicionada por esos 400 millones de gastos recién aflorados, de manera que la diferencia, unos escasos 600 millones, apenas sí permitiría mejorar cinco o seis décimas el objetivo de déficit para 2016, dejándolo a años luz del 0,3% impuesto por el ministerio.
Porque esa es otra. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, impuso ayer su criterio y sacó adelante los objetivos de déficit que ya había planteado en el último Consejo de Política Fiscal: 0,3% en 2016, 0,1% en 2017 y equilibrio presupuestario en 2018 (pese a contar con el voto en contra de diez autonomías). Hacienda desoyó el criterio de las autonomías socialistas, que trasladaron de forma conjunta la necesidad de fijar déficits a la carta -en función de la situación financiera de cada una de ellas-, e incluso el de la Autoridad Fiscal (AIReF), que también se había mostrado partidaria de ajustar los objetivos de déficit, y en especial, conceder más margen a las regiones que, como la valenciana, vienen mostrando un comportamiento del que se puede concluir que no podrán cumplir en ningún caso los objetivos propuestos.
En la reunión del Consejo de Política Fiscal, el conseller Vicent Soler advirtió al ministerio de Hacienda que la Comunitat Valenciana no estará en condiciones de cumplir con esos objetivos de déficit. El responsable autonómico de las cuentas públicas remarcó que los ingresos irreales incorporados al último PEF valenciano revelan hasta qué punto la administración autonómica no puede llegar a ese tope de gastos. «No hay más camino que la reforma del sistema de financiación autonómica», vino a remachar el conseller, que insistió en que el PEF del Consell para 2016 prevé cumplir el objetivo de déficit siempre y cuando se ingresen 1.300 millones de euros adicionales. ¿Por qué 1.300 millones? Porque es exactamente la diferencia existente, según los datos del último año liquidado, el de 2013, entre la financiación recibida por la Comunitat y la media española, medida en términos per cápita. Soler vino a censurar a Montoro por empeñarse en mantener unas cifras de déficit «que son irreales porque no pueden cumplirse», y que la Comunitat únicamente estaría en disposición de alcanzar con un sustancial incremento de sus ingresos, porque los gastos ya no pueden reducirse más. También le reprochó que se hubiera negado a aceptar un déficit asimétrico, aunque admitió que la solución al problema real pasar por la reforma de la financiación.
Montoro explicó que las autonomías dispondrán en 2016 de 10.000 millones de euros más que este año, pero advirtió de que ese dinero debe ir destinado a reducir el déficit y de que «cualquier intención de gastar más es imposible».
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