La Diputación no aprobará las cuentas de Imelsa como paso previo a su disolución

El nuevo equipo de gobierno de la Diputación de Valencia no tiene intención alguna de aprobar las cuentas de Imelsa. Ni las de 2014, que sí las avalaron los anteriores gestores del PP en el seno del consejo de administración pero no consiguieron el visto bueno de la junta general de accionistas, formado por el pleno de la Corporación provincial, ni las de 2015. El cuatripartito (PSPV, Compromís, EU y València en Comú) tampoco quiere respaldar las del actual ejercicio económico, el periodo en el que se ha destapado la presunta trama de contratación irregular en Imelsa para el supuesto cobro de comisiones y cuando se ha conocido la apertura de la investigación.

Los actuales gestores de la entidad provincial tienen de tiempo para aprobar las cuentas de este año hasta el 31 de diciembre de 2016 -las de 2014, ni se lo plantean-. Pero si la empresa llegase a acumular dos años consecutivos sin tener aprobados los números anuales entraría en causa de disolución, aseguraron las fuentes provinciales consultadas.

Esta es una de las serias posibilidades que está sobre la mesa del cuatripartito provincial, que quiere ordenar la citada empresa pública, aunque si por algún diputado del PSPV fuera, esta compañía pasaría a convertirse en historia.

En cualquier caso, el futuro de Imelsa pinta negro para esta empresa pública provincial que se encuentra en la picota por la mala imagen acumulada ante la apertura de la investigación judicial por la trama de adjudicaciones y supuestos cobros de comisiones por el que está denunciado Marcos Benavent, el que fuera gerente de Imelsa, y por la que está fuera del PP el que fuera presidente de la entidad provincial en los últimos ocho años, Alfonso Rus. De hecho, el actual equipo de diputados provinciales del PP fue renovado en su práctica totalidad respecto al de los mandatos anteriores.

De ahí a que todo apunta a que Imelsa va a acabar cerrando la persiana, en un proceso de disolución del que surgirán otros dos entes, uno de los cuales se dedicará de forma exclusiva a las brigadas forestales de prevención y extinción de incendios -también podrían convertirse en una especie de departamento del Consorcio de Bomberos que pagaría directamente la Diputación- y el otro, a tratar de poner en práctica el leitmotiv bajo el que se puso en marcha la mencionada firma pública: el impulso económico local.

De todos modos, las fuentes consultadas indican que el nuevo equipo provincial del cuatripartito no quiere adoptar una decisión unilateral a la hora de decidir el cierre de Imelsa y el futuro de los integrantes de estas empresas -alrededor de 700 personas contratadas-. Pero para encauzar el futuro de la entidad sí quiere meter mano en el personal y deshacerse de aquellos contratados que, por ejemplo, cobran y no acuden a su puesto de trabajo o los que puedan estar implicados en las tramas judiciales derivadas de Imelsa.

Cabe recordar que el PP ha estado al frente de la Diputación de Valencia durante los últimos 20 años y que buena parte de los contratados en la empresa pública tienen carné de este partido. Pero no es el único que se ha beneficiado. El PSPV, también hay que decirlo, ha hecho uso de su cuota a la hora de que se realicen contratos a militantes socialistas en esta empresa pública de la Diputación.

Y para poder empezar a meter mano al personal de Imelsa el equipo de gobierno de la Diputación ya ha indicado a los representantes sindicales de UGT y de CC OO -CSIF también tiene representación sindical- la necesidad de realizar ajustes al convenio colectivo firmado el pasado 30 de abril en el que cualquiera de los 700 empleados disponen de un blindaje propio de los integrantes de un comité de empresa, de acuerdo con un informe del que dispone el cuatripartito.

El equipo de gobierno tiene la intención de impulsar el despido a cerca de medio centenar de contratados por Imelsa, de lograr un acuerdo con los sindicatos para que aceptaran rebajar las condiciones del convenio colectivo. Esas extinciones de empleo posiblemente se harían con cuentagotas y en un espacio mayor de tres meses para no tener que recurrir a un proceso de despido colectivo.

Por eso que el equipo de gobierno se niegue a aprobar las cuentas públicas de Imelsa de 2014 y 2015 y forzar que la empresa entre en causa de disolución es una manera de formar la búsqueda de un acuerdo con UGT y CC OO para bloquear el actual convenio de los trabajadores, válido hasta 2019, y suavizar las condiciones de despido, gravosas para las arcas públicas: 33 días de indemnización por año trabajado sin limitación alguna y una cantidad mínima de 3.000 euros con independencia de la antigüedad del operario, son las condiciones generales.