El Consell de Fabra compró 3.200 ordenadores que no se usan por incompatibles

El inicio de las sesiones en Les Corts para la comparecencia de los nuevos consellers con el fin de que expliquen sus proyectos para la legislatura finalizó. Mónica Oltra (Igualdad) Vicent Soler (Hacienda) y Gabriela Bravo (Justicia) se explayaron para pormenorizar sus intenciones y lamentar los obstáculos, atribuidos en su totalidad a la mala financiación autonómica, así como a los recortes y la gestión del anterior Ejecutivo autonómico, en manos del PP. Presentaron sus aspiraciones sin límite de tiempo, pero también sin detallar el modo en que financiarán sus buenos propósitos. También desvelaron algunas de las situaciones irregulares que se han encontrado al hurgar en la gestión del Consell que presidió Alberto Fabra. El botón que sirvió de muestra tanto en el discurso de Soler como en el de Bravo fue el almacén de la Ciudad de la Justicia donde se custodian sin desembalar más de 3.200 ordenadores nuevos y relucientes, comprados hace un año para instalarse en los tribunales valencianos y que no se utilizan porque la plataforma informática del sistema judicial de la Comunitat es "del año de la polca", en palabras de Oltra, incompatible con ese nuevo material.

"La justicia valenciana sufre un sistema informático del siglo pasado imposible de actualizar por anticuado. Para una vez que alguien decidió invertir en Justicia y comprar ordenadores, el gasto se convirtió en un despilfarro", señaló Bravo a lo largo de un diagnóstico de dos horas, intervención tan larga que Alexis Marí (Ciudadanos) aseguró que le dio tiempo "a afeitarme dos veces". El diputado de Cs fue de los pocos que no miraron insistentemente hacia la bancada popular e interrogó con precisión al Ejecutivo valenciano sobre sus planes. Los miembros del nuevo Consell se aplicaron largamente en justificar por qué no pueden hacer más de lo que hacen.

Las referencias al pasado fueron mucho más numerosas y concretas que las dirigidas hacia el futuro, algo en lo que también incidieron los portavoces de Podemos, Compromís y PSPV. Las innumerables vendas desplegadas para taponar futuras y presentes heridas se dirigieron especialmente hacia la labor del anterior Consell y la infrafinanciación que sufre la Comunitat. El PP, por su parte, mantuvo una actitud defensiva, en algún caso con argumentos inoportunos ("pagan con nuestro dinero", le espetó a Oltra un diputado al recordarle que el Consell emplea el dinero del FLA, lo que sirvió a Oltra para zarandearle dialéctica y merecidamente: "no es suyo, es de los valencianos"). No obstante, María Jesús San Segundo supo modular el discurso opositor. "Los problemas de la Justicia son históricos. Ni lo hemos hecho todo ni lo hemos hecho todo bien, claro, pero también venimos de una gestión por parte del Gobierno central que no sólo dependió de nosotros, también del Ejecutivo de Zapatero", recordó la diputada popular, ya cerca de las diez de la noche.

Antes, a primera hora, la vicepresidenta Oltra, que lució camiseta (sin lemas reivindicativos, ciertamente) y oratoria viperina como en sus años de oposición más perversos, desgranó sus proyectos para la Conselleria de Igualdad. Empleó noventa minutos (Bravo aún fue más prolija a pesar de que el presidente de Les Corts, Enric Morera, le rogó brevedad), para explicar el modo en que pretende derogar el copago decretado por el PP y el modo en que inspeccionará a las empresas adjudicatarias de servicios sociales, especialmente las de la familia Cotino. No ofreció Oltra demasiados datos sobre el modo en que logrará financiar sus planes, lo cual no deja de ser lógico si se tiene en cuenta que Vicent Soler afirmó que los presupuestos para 2016 cambiarán la "estructura" y preverán como fuente de ingresos los que provengan del nuevo de modelo de financiación. Hará "un cambio radical en la manera de presupuestar", según Soler, si bien utilizar ingresos de ese tipo (todavía inexistentes) tiene precedentes próximos. Juan Carlos Moragues también lo hacía, y bien que lo criticaba entonces el PSPV. El actual conseller de Hacienda pretende construir las cuentas autonómicas del año próximo con el dinero de un nuevo modelo de financiación que ni siquiera se ha empezado a negociar con el Gobierno central y el resto de autonomías. La infrafinanciación actual fue esgrimida una y otra vez por Soler, quien anunció un Consell "con menos recortes y más eficiente". El conseller explicó que "ya nos gustaría a nosotros empezar desde cero, pero no, empezamos desde menos 40.000 millones", en referencia a la deuda de la Generalitat, tan real y criticable que los nuevos consellers no se resistieron en emplearla una y otra vez durante horas. No 40.000 millones de veces, pero casi.