Vicente Sanz elude la cárcel por abusos sexuales tras pactar con las denunciantes

¿Puede un hombre entrar por la puerta principal de la Ciudad de la Justicia con la amenaza de más de 20 años de prisión y salir por la trasera con la tranquilidad de que no irá a la cárcel si paga 15.000 euros? Este resultado, difícil de comprender para un ciudadano sin relación con la administración de justicia, fue el que se gestó ayer durante cerca de una hora en la sección cuarta de la Audiencia de Valencia.

Vicente Sanz, ex secretario general de RTVV, estaba acusado de tres delitos de abusos sexuales y acoso a tres periodistas de Canal 9. Hechos de suficientes relevancia penal, tras más de cinco años de instrucción, para reclamar penas superiores a los 20 años de cárcel.

La fiscalía y la defensa de las víctimas habían pedido que la vista se celebrara a puerta cerrada. Mientras se resolvía acerca de esta cuestión, se alcanzó la conformidad. La sentencia se quedó en una multa de algo más de 15.000 euros -si no paga irá a prisión- y el compromiso de abonar una indemnización de 210.000 euros a las tres víctimas. El ministerio público reclamaba 245.000 euros. En el caso de que el condenado no pueda hacer frente a esta cantidad, será la Generalitat la que asuma las indemnizaciones al ser declarada responsable civil subsidiario. La sentencia se completa con la prohibición de acercarse a las víctimas durante un periodo de cinco años.

Sorprendió la rebaja por parte del ministerio público, aunque la ley permite castigar estos delitos con pena de multa. La fiscalía suele calificar por lo alto para permitir acuerdos de este tipo -muy frecuentes- antes de la celebración del juicio. Lo habitual es que la conformidad ofrecida por el responsable que celebra la vista cuente con el visto bueno de un superior, tal y como ocurrió ayer según las fuentes consultadas. Estos acuerdos, en otros supuestos, también se plantean cuando se considera que las pruebas no son lo suficientemente contundentes.

Pero causó mayor extrañeza el hecho de que la acusación particular aceptara las condiciones. El abogado de las tres denunciantes podía haber rechazado la propuesta y forzar la celebración del juicio. De igual modo que los dos sindicatos personados en la causa. Pero no lo hicieron. Les pareció bien que todo se resolviera con una multa.

El letrado explicó posteriormente que para las víctimas no era una cuestión primordial la entrada en prisión del exnúmero 2 del ente autonómico, sino el reconocimiento de los hechos, es decir, que quedara acreditado que el dirigente aprovechó su cargo para abusar de ellas y acosarlas. El objetivo era «acabar con esto», en referencia al juicio, porque todo «ha cambiado mucho» desde que se produjeron los hechos. De hecho, ya no hay televisión pública, tal y como subrayó el letrado en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas de la Ciudad de la Justicia.

El representante de las periodistas no aclaró de quién partió la idea de la conformidad. Apuntó que se trata de una cuestión que surge de «las tres partes» y admitió que contaban con esta posibilidad de pacto pese a que no se había hablado con anterioridad. El letrado rechazó que las víctimas manejaran la idea de alcanzar un acuerdo antes de acudir a la sala y manifestó que estaban dispuestas a declarar en el juicio.

Evitar la declaración

No obstante, la conformidad evitaba que pasaran por ese angustioso trance. Su testimonio iba a ser reproducido por los medios de comunicación. Y no hay que olvidar que las víctimas se hubieran visto obligadas a recordar con detalle las relaciones sexuales que mantuvieron con Sanz en el despacho de la televisión y en un apartamento en Canet hace ya más de cinco años. A lo anterior hay que añadir las declaraciones de los testigos, entre los que se encontraban Lola Johnson o el exdirector general López Jaraba. La denuncia contra Vicente Sanz sirvió en su día como crítica a la gestión del Partido Popular.

Las periodistas ofrecieron su versión de los acontecimientos en un comunicado difundido en la tarde de ayer. Las mujeres se mostraron satisfechas porque la sentencia supone el «final de un calvario» que les ha comportado secuelas psicológicas. Todas padecieron «trastornos adaptativos con sintomatología ansioso depresiva», razón por la cual tuvieron que permanecer de baja laboral durante un prolongado periodo de tiempo.

Aplaudieron que se condene a RTVV como responsable civil subsidiario «ya que los directivos no hicieron absolutamente nada para evitarlo o ayudar, eludiendo su apoyo y, por supuesto su responsabilidad», aseveran las extrabajadoras. Lamentaron los «obstáculos, críticas y dilaciones innecesarias» que, según su opinión, no han hecho más que «multiplicar los perjuicios derivados de estos hechos, ya de por sí deleznables».

No ha sido un camino sencillo para las víctimas. Durante mucho tiempo se especuló con que otras trabajadoras también padecieron abusos, pero estos comentarios no pasaron de rumores. «Somos las únicas que han denunciado, sufrido y sido parte», subrayaron. «Nadie más se ha atrevido a denunciar». Del mismo modo, expresaron su «mayor agradecimiento» a cuantas personas y colectivos se han interesado por ellas desde el principio del caso; «desmarcándose de la actitud pasiva de la mayoría, mirando hacia otro lado o escudándose en que todo el mundo lo sabía».

Tampoco los sindicatos personados en la causa pusieron trabas al acuerdo. Intersindical solicitaba 24 años de cárcel por ser los hechos «extremadamente graves» y porque el acusado se valió de su cargo para «cometer todas las tropelías». CC OO mantenía una opinión similar. Algunos trabajadores, que aguardaban a Sanz en los juzgados, le recibieron con gritos de «a prisión». Una hora más tarde, vieron cómo sus deseos quedaban reducidos a una broma de mal gusto.