La subida de sueldos encubierta del Consell afecta a seis de los nueve consellers

La propuesta del PSPV para abrir el debate sobre los sueldos de los altos cargos, que afectaría a un total de 60 altos cargos del Gobierno valenciano -incluídos seis de los nueve consellers-, comienza a torcerse. El texto de los socialistas valencianos, que propone que los empleados públicos que se incorporen a la administración autonómica puedan mantener el sueldo de origen de sus respectivos puestos, recibió ayer las críticas de las principales organizaciones sindicales, que se suman de esta manera a las de otros partidos y a las que la iniciativa ha recibido desde el propio PSPV. Tan es así, que el Síndic de los socialistas en Les Corts, Manuel Mata, admitió ayer estar negociando cambios en la redacción de la enmienda que permitan el apoyo de otros grupos parlamentarios a la iniciativa.

La enmienda del PSPV, que establece textualmente que el alto cargos que sea empleados públicos en el momento de ser nombrados «no percibirá retribuciones inferiores a la que pudieran corresponderle de continuar en el puesto que desempeñaba con anterioridad a su designación», ha generado un amplio malestar. Tanto por afectar únicamente a quienes eran empleados públicos como por establecer diferencias entre las remuneraciones que puedan percibir dos altos cargos con la misma responsabilidad. «Consellers de primera y de segunda, directores generales de primera y de segunda», se admite en el propio PSPV.

El síndico socialista mantuvo ayer conversaciones con la portavoz de Ciudadanos, Carolina Punset. La responsable de este partido le trasladó la posibilidad de que su grupo pudiera respaldar esta enmienda -que no lleva la firma de los tres grupos que dan apoyo al Consell, sino únicamente la del PSPV- en el caso de que se introdujeran algunas modificaciones. Las que Punset trasladó a Mata pasarían por extender esa equiparación de sueldos no sólo a los empleados públicos, sino también a los profesionales del sector privado. Y porque se pudiera establecer algún tipo de limitación económica que fijara un tope, de manera que las diferencias entre unos cargos y otros no terminaran siendo estratosféricas.

Fuentes del grupo socialista de Les Corts admitieron ayer que cabría la posibilidad de asumir esas propuestas para sacar adelante la enmienda. Con todo, insistieron que el fondo de la propuesta está pensado en allanar el camino a la contratación de nuevos altos cargos, más que en mejorar las condiciones de los actuales. Con todo, esa matización no aparece en ningún caso en la enmienda presentada. Las mismas fuentes señalaron que el debate «hay que abrirlo», aunque reconocieron que plantearlo en una enmienda a los presupuestos podría no recibir todos los apoyos necesarios. «Pues en ese caso se retira, y se plantea de otra manera», se sentenció.

¿A quién podría beneficiar la propuesta? Con su redacción actual, la enmienda incluye como beneficiario de la medida a cualquier empleado público -también los de la administración autonómica- que en el momento de ser nombrado alto cargo de la Generalitat estuviera prestando una «relación de servicios permanente con alguna administración pública o poder del Estado». ¿Y cuántos altos cargos de la administración valenciana se encuentran en esa situación? La revisión de los curriculums y declaraciones de actividades del primer y segundo escalón de la administración autonómica sitúa en 60 el número de altos responsables de la Generalitat que, en este momento, podría llegar a beneficiarse de esa subida encubierta de sueldos.

«Una barbaridad»

A las críticas por la propuesta se unieron ayer los sindicatos. Luis Lozano, líder de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT calificó de «barbaridad» la propuesta presentada por los socialistas -una iniciativa ideada en el Palau de la Generalitat para que el PSPV la sostenga en el debate de presupuestos-. «Estos mecanismos nuevos nunca sabemos a qué obedecen», explicó. «No tiene ninguna lógica una propuesta así, máxime ante la situación difícil que siguen pasando tantos trabajadores». El líder de la FSP de UGT recordó que los trabajadores de la administración, también los altos cargos, «vienen a servir, no a servirse. No es lógico que haya directores generales de primera y de segunda», remachó.

Lozano advirtió que a su sindicato «el olfato nos dice que la administración autonómica trata de incorporar a gente de la administración local, que está mejor pagada. Da la sensación de que están preparando el tema para eso», añadió. Juan Cruz, secretario general de la Federación de Servicios a los Ciudadanos de CC OO, Juan Cruz, también rechazó la propuesta. «La posición de nuestro sindicato es que no estamos de acuerdo con que haya intercambio de funcionarios entre administraciones si no existe reciprocidad». El dirigente de Comisiones dijo no estar «en absoluto de acuerdo» con la propuesta y mostró su convicción de que el debate podría acabar afectando no sólo a los altos cargos, sino también a subdirectores generales y jefes de servicio. Daniel Matoses, presidente de CSIF, consideró que existe «un desconcierto total y falta de sintonía» en el Gobierno valenciano. «Esta propuesta es una barbaridad debería de haberse discutido en la mesa general de negociación de la Función Pública, y eallí no se dijo nada», reseñó.

La polémica con la propuesta deja abiertos otros interrogantes. Uno de ellos tiene que ver con el evidente incremento del gasto presupuestario que provocaría, y que en el caso de aprobarse debería de trasladarse a la ley de presupuestos. Otro, con el hecho de que el programa electoral de que ninguno de los partidos del tripartito incluyera una propuesta como ésta.