El Consell airea en campaña un informe que cifra en 1.130 millones los sobrecostes de colegios

valencia. Primero fue el Palau de Les Arts, después llegaron Feria Valencia, el IVAM, los colegios concertados, y ahora la empresa encargada de la construcción de las infraestructuras educativas, Ciegsa. La Intervención de la Generalitat se encuentra estos días ultimando el informe que el nuevo Consell encargó a principio de legislatura para evaluar la situación de la concesionaria de las obras públicas de colegios de la Comunitat. Un documento que actualmente es sólo un borrador, a falta de que la Conselleria de Eduación presente las alegaciones que considere pertinentes para su visto bueno definitivo. Pero ayer, el Ejecutivo valenciano, a través de la debida filtración al grupo parlamentario socialista, aireó el contenido de un informe que fiscaliza la gestión de los anteriores gobiernos en la empresa pública desde 2001 hasta el 2013. Un documento cuyo contenido ayer el conseller de Educación y Cultura, Vicent Marzà, tildó de «brutal» y anunció que lo llevarán a la Fiscalía tan pronto sea definitivo «para acabar con una barbaridad ética», explicó.

En concreto, en el citado informe se pone de manifiesto el coste destinado por la Generalitat a través de la empresa pública para la construcción de centros, cifrado en 2.040 millones de euros. De esa cantidad, 1.130 corresponden sólo a sobrecostes en las obras para nuevos colegios. Así se detalla en las conclusiones del informe de la Intervención de la Generalitat el que se detallan además los costes de licitación, de adjudicación y final de cada todas las construcciones llevadas a cabo en más de una década.

Ciegsa, actualmente en liquidación, era la empresa pública para la construcción de centros escolares, creada por el Ejecutivo de Eduardo Zaplana en 2001. Mediante la citada mercantil, la Conselleria de Educación cedía la licitación, adjudicación y formalización de los contratos para el suministro de equipamiento escolar, además de la construcción de los centros. Unos gastos que eran, a su vez, abonados por Educación. Sin embargo, según explica el informe. el control que la Conselleria debía tener sobre los encargos realizados a Ciegsa quedó comprometido desde el momento en que el Ejecutivo renunció a las potestades de dirección, inspección control y recepción de las obras que le reservaba la ley. Por este motivo, los encargos a Ciegsa carecieron de control por parte de la Administración, que se había vaciado de competencias. La Conselleria se limitaba a determinar el programa de necesidades y la ficha técnica del centro y una vez finalizada la obra, en el mejor de los casos, el conseller de turno acudía a la recepción de la obra del centro. Unos encargos que, en el mejor de los casos, contaban con una desviación del precio entre la licitación y el final de la obra de un 8%. En años de vacas gordas (entre 2001 y 2005), el sobrecoste llegó a ser de un 43%.

Y es que en todos y cada uno de los contratos examinados, el importe de las adjudicaciones era superior al licitado. Es decir, siempre se adjudicaban los contratos por un precio mucho mayor que el que se ofrecía. No sólo eso, sobre ese aumento de importe, la obra acababa suponiendo un nuevo incremento, en algunos casos de casi un tercio de su precio. De hecho, según los datos del informe, el coste por metro cuadrado de un colegio construido por la Conselleria eran un 36% menos que el de uno construido por Ciegsa, una cantidad también superior en los precios por metro cuadrado tras adjudicación (23,3%) y en licitación (16,7%).

En concreto, tal y como aparece en el informe, las previsiones presupuestarias realizadas por el Consell del PP desde 2001 hasta 2013 apenas supusieron 67,50 millones de euros. Además, la Intervención detalla que no existe informas preceptivos de la intervención delegada sobre crédito adecuado, memorias económicas, ni anuncio en el Diario Oficial de la Comunitat (DOCV) en el caso de varios contratos públicos, lo que contraviene la normativa. La firma de un convenio de colaboración es improcedente, según la Intervención, ya que no supone un acuerdo o negocio bilateral, sino que Ciegsa actuaba en base a instrucciones unilaterales de la Conselleria que, obligatoriamente, tenía que satisfacer, según explica el órgano fiscalizador.

Por su parte, el conseller de Eduación, Vicent Marzà aseguró que el Consell «actuará en consecuencia» en caso de que «se haga público y se confirmen estos comportamientos», por lo que explicó que el gobierno autonómico «se personará en la causa judicial y presentará el informe definitivo a la Fiscalía». Como resaltó, «es muy duro lo que se dice en ese informe y pensamos que no se puede actuar de esa manera». En esta línea, denunció que «los responsables tienen nombres y apellidos», refiriéndose al ex director general de Ciegsa, José Luis López Guardiola (quien también fue asesor del expresidente Francisco Camps), y a su ex consejero delegado, Máximo Caturla. «Es inconcebible la forma de gestionar que se hacía hasta ahora en Ciegsa», dijo.

Fuentes populares señalaron ayer que lo que los socialistas identifican como sobrecostes responden a los costes financieros propios del recurso del Consell al endeudamiento para poder hacer frente al coste de esas obras. «Los colegios están ahí. Se siguieron los procedimientos legales. Y si se gastó dinero fue porque nos encontramos un déficit de infraestructuras educativas que el Consell del PP tuvo que resolver», se señaló.