La financiación del PP apunta a Cleop y Engloba

¿Quien llenó la caja B del Grupo Popular en el Ayuntamiento? Las pesquisas apuntan a dos empresas -no las únicas- como principales colaboradoras: la constructora Cleop y la agencia de comunicación Engloba. Tres de sus responsables fueron detenidos durante la macrooperación que se desarrolló el pasado martes. Todos ellos han quedado en libertad con cargos.

Durante una etapa, al parecer, fue la exconcejal de Cultura, María José Alcón, el nexo de unión con el Consistorio, la encargada de enlazar las comisiones con el dinero del partido. Pero luego le sustituyó otra persona, cuya identidad no ha trascendido, pero que forma parte de ese centenar de cargos públicos y empresarios que están siendo investigados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La investigación se concentra en la última campaña, la de 2015. No se descarta que ocurriera en otros comicios, pero las pesquisas se centran únicamente en este periodo. La que aparece como principal responsable era Mari Carmen García Fuster, mano derecha de la exalcaldesa Rita Barberá. Una persona para la que la Fiscalía Anticorrupción solicitó prisión el pasado miércoles. Este hecho ya adelantaba en qué lugar de la trama delictiva sitúan los investigadores a Fuster. Además, era ella la única persona que controlaba las cuentas, una cuestión por la que han sido interrogados varios de los responsables del Ayuntamiento de Valencia. Y, además, no es este el único ilícito por el que estaría siendo investigada. Otros indicios apuntan a su participación en otros delitos de igual o mayor gravedad.

Todos los indicios conducen a la exalcaldesa Barberá cuya condición de aforada le protege, por el momento, de una eventual citación para aclarar las sospechas de la Guardia Civil acerca de si conoció y consintió el origen ilícito de estas cantidades. La financiación ilegal salpica al Ayuntamiento, pero la investigación extiende esta misma irregularidad, pero con diferentes medios, a todo la formación polícita. En este sentido, el PP provincial y el PPCV habrían recibido cuantiosos ingresos procedentes de comisiones por contratos amañados. Estos fondos supuestamente se habrían utilizado en la financiación de las campañas del PP. No había un porcentaje mínimo. Se trataba de sacar el máximo de cada empresa. Se dan casos del 3%, pero también del 5%. El exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, y el expresidente de la Diputación, Alfonso Rus, eran los presuntos encargados de esta tarea.