Isidro Prieto entró en el negocio de las renovables a la vez que Bellver y Grau

Valencia. El exvicepresidente de la Diputación de Valencia Isidro Prieto administra otra de las empresa gemelas a las de las familias de Jorge Bellver, Cristóbal Grau y el testaferro de Marcos Benavent, Jaime Úbeda. Se trata de Brillet Energías, sociedad dedicada a la generación de energías renovables, domiciliada hasta 2014 en el número 24 de la calle Roger de Lauria de Valencia. Fue adquirida, como el resto de las firmas a Adrián y Ramón Cerdá, tal y como figura en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del uno de febrero de 2008. Igual que la compra de Interleven Builder por parte de la esposa de Bellver, Alicia Torres.

En el caso de Brillet, la administradora a partir de esa fecha es Inmaculada Guaita, entonces esposa de Prieto y también diputada provincial. Esta situación se mantiene hasta noviembre de 2011, cuando Guaita se desvincula de la sociedad y pasa manos del propio Isidro Prieto y de la empresa constructora Tyosa Obras Públicas, junto a la que amplía el capital de la sociedad en 3.006 euros.

El 29 de agosto de 2014 se produce el último cambio de administradores. Desembarca la sociedad La Borisada SL, dedicada a la «caza, captura de animales y servicios relacionados con las mismas», constituida en 2013 por Isidro Prieto. Al mismo tiempo, el domicilio social de Brillet Energías deja de estar en la ya concurrida Roger de Lauria, 24 para mudarse a Poeta Querol, 7, también en Valencia.

La diputada y entonces esposa de Prieto, Inmaculada Guaita, por su parte, asumió el mismo día, con la misma dirección y de los mismos dueños, otra mercantil con idénticos fines. Se trata de Ocoa Trader SL, al frente de la que estuvo Guaita hasta el 23 de septiembre de 2014, cuando toma el control José María Primo y la sede se muda a Poeta Querol.

Con Prieto, se trata del tercer político que se vio atraído por esta oferta para comprar huertos solares, un negocio que en su día se pensó como una inmejorable oportunidad de obtener beneficio. No obstante, las casualidades han despertado las sospechas de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La investigación arranca -como la inmensa mayoría de la operación Taula- gracias a los audios y revelaciones del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent. En realidad, Bellver y Grau se unen para invertir porque mantienen una buena amistad. ¿Quién les animó a dar el paso de arriesgar buena parte de su patrimonio? David Serra, el exdirigente del PP que fue detenido en la macrorredada de la semana pasada y que finalmente quedó en libertad. Fue Marcos Benavent quien alertó a los especialistas de la Benemérita. ¿Y por qué Serra recomendaba esa inversión? Por el momento, son cuestiones para las que no existe respuesta.

Las familias de Bellver y Grau no estaban solas en esta aventura empresarial. Las dos sociedades pertenecían, en realidad, a tres socios. Lucía Isabel Aparicio, que administra una de las dos sociedades, es la mujer de Alfonso Carlos Monferrer, tal y como reconoció el propio Bellver a preguntas de este periódico. Se da la circunstancia de que Monferrer era en aquellos tiempos el máximo responsable de Participaciones Inmobiliarias de Banco de Valencia. Su situación judicial resulta complicada. Se encuentra imputado por diferentes operaciones al frente de la entidad bancaria.

Así, los tres socios se juntan en dos mercantiles porque no tenían suficiente dinero para gestionar por separado una sociedad, lo que equivalía a esta parcela. El ex Síndic del PP en Les Corts explicó la operativa y reconoció la amistad con el responsable de Banco de Valencia.

Las pesquisas se encuentran en una fase embrionaria. Ningún avance se ha producido en este aspecto porque ahora los investigadores están concentrados en otros campos de la investigación, como la presunta financiación ilegal del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia. De hecho, el juez comienza hoy con las primeras declaraciones de investigados en su juzgado.

Los testaferros de Marcos Benavent utilizaban alguna de las sociedades pantalla domiciliadas en el mismo inmueble de Valencia, con los mismo propietarios originales y adquiridas en las mismas fechas que a través de las cuales supuestamente desviaban dinero de facturación inexistente o comisiones.

La dirección que las tres mercantiles utilizaban es un despacho de abogados situado en la céntrica calle Roger de Lauria, número 24. Ahí se encuentra la sociedad Spartaki Sinergias SL, que pasó a ser propiedad de Jaime Úbeda, detenido en la macrooperación de la semana pasada y a quien finalmente se le impuso un millón de euros de fianza civil.

También en Roger de Lauria figuran dos empresas, copias idénticas, de la anterior. La sociedad Interleven Builder que hasta 2010 tuvo como administradora única a Alicia Torres, mujer de Jorge Bellver. Además, exactamente la misma dirección también se empleó para la mercantil Ousborn Trader, al frente de la cual estuvo la mujer de Grau. Sin embargo, es el actual diputado Jorge Bellver quien tomó las riendas de la mercantil desde abril de 2012.

Por último, tal y como ayer adelantó LAS PROVINCIAS, otro detalle concentra el foco de la sospecha que manejan los investigadores. El cambio de propiedad de las mercantiles -de sus creadores a sus compradores- se produce con apenas tres días de diferencia. Es decir, en las mismas fechas que el testaferro de Benavent se hace con el control de Spartaki, las parejas de los dos responsables del Partido Popular aterrizan en ambas mercantiles. Entre el 29 de enero y el 1 de febrero se producen los movimientos empresariales. Los especialistas tratan ahora de encajar todas las piezas y qué papel pudo jugar Banco de Valencia en estas operaciones.

La inversión en energías renovables era un negocio de alta rentabilidad en España en la fecha de constitución de estas sociedades. La clave estaba en el volumen de subvenciones que había presupuestado para la generación de este sector energético con el que se pretendía proveer el 20% de la energía necesaria en el país para 2020.

Sin embargo, los recortes de gasto público exigidos por Bruselas obligaron al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a ponerle límites en 2008. De hecho, ese año se estableció que sólo podrían acceder a las subvenciones las instalaciones que estuvieran a pleno rendimiento a fecha de 1 de octubre. De todos modos, el sistema de primas permitía una rentabilidad a los inversores del 30% en el caso de la generación de energía fotovoltaica para poder rentabilizar en el corto espacio de tiempo la inversión requerida.

Esta situación seguía incrementando el déficit de tarifa, por lo que en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy decide suspender de forma temporal las primas de nuevas instalaciones de régimen especial y en 2014 reduce el baremo establecido en el modelo de retribución de la renovables lo que tiene como efecto inmediato el hundimiento de buena parte del sector. De todos modos, entre 1998 y 2013 estas empresas cobrarían 56.000 millones y estaba previsto que todo el sector recibiría 200.000 millones hasta el final de la vida útil de los centros de producción.