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Arturo Torró, durante la rueda de prensa tras presentar su dimisión como concejal en Gandia. :: EFE/Natxo Francés

El IVF reclama dos créditos impagados por 3,3 millones a la empresa de Arturo Torró

El empresario y anterior alcalde de Gandia apenas ha pagado 51.000 euros desde que se le empezaron a conceder préstamos en 2004

Á. MOHORTE

Jueves, 4 de febrero 2016, 00:25

El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) reclama al empresario y exalcalde de Gandia Arturo Torró dos créditos por un montante total de 3,3 millones de euros que los anteriores gestores de la institución le concedieron a su empresa, la cadena de ópticas +Visión a través de la mercantil Gestión de Ópticas Locales SA, en los años 2004 y 2008. El destino de estos préstamos públicos era la expansión y posterior afianzamiento de su red internacional en América, concretamente en Argentina y Uruguay.

La primera de las operaciones se formalizó el 26 de marzo de 2004 por un importe de 1,8 millones de euros, a devolver en siete años con una carencia de dos. Como garantía, Torró ofreció su patrimonio personal y las empresas Optiverlook SL y Torró Visión Holding. El segundo de los créditos se firmó el 30 de enero de 2008 por 1,5 millones, también a devolver en siete años con una carencia de dos. Las garantías volvieron a ser su patrimonio personal y las empresas Optiverlook SL y Torró Visión Holding. A pesar de que el anterior estaba aún por pagar, obtuvo el visto bueno de la Comisión de Inversiones y fue ratificado por el entonces director general Enrique Pérez Boada.

El primero de estos préstamos se concedió al año de que el empresario entrara en política como concejal del Partido Popular de Gandia y el segundo, después de asumir la presidencia local de la formación. También empresarialmente cambió su situación, ya que en 2004 era propietario de la totalidad de su cadena de ópticas, mientras que cuatro años más tarde había vendido la red en España y sólo disponía de la exterior, a la que destinó el segundo préstamo con el objetivo de consolidar su marca en los plazas a las que había accedido anteriormente.

El primero de los créditos recibió a su vez una subvención de tipo de interés por parte de la Conselleria de Economía que le permitió captar 128.918,63 euros que se destinaron a la amortización anticipada de la operación. En todo caso, las condiciones del préstamo y el vencimiento de cada uno de los plazos se postergó en dos ocasiones, primero en mayo de 2007 (después de que expiraran los dos años de carencia contemplados en el préstamo) y en diciembre de 2009, a la vez que conseguía el primer aplazamiento para el segundo de los créditos. En septiembre de 2011 y ya con Jorge Vela como director general, Torró solicitó una nueva novación para los dos préstamos, pero la institución de crédito público se lo denegó.

Para esa última fecha, el departamento de Inversiones del IVF ya había notificado a la Asesoría Jurídica la situación de impago el 12 de julio de 2011 y comenzó el proceso. En ese momento el triunfo político de Torró crecía al tiempo que se complicaba su situación empresarial. El 22 de mayo su candidatura había ganado las elecciones y se convertía en alcalde de su municipio, pero sus negocio se enfrentaban a la dureza de la crisis y pronto empezó a dar muestras de sus dificultades para cumplir con sus acreedores.

El 15 de enero de 2013, Arturo Torró como persona física y su mercantil Torró Visión Holding SL entran en concurso de acreedores, por lo que el IVF pasa a comunicar al administrador concursal estos créditos el 11 de marzo. Siete meses más tarde se presenta una demanda ejecutiva por impago contra la sociedad beneficiaria de los créditos, Gestión de Ópticas Locales SA, y contra Optiverlook, presentada como fiadora solidaria. Ninguna de estas dos últimas se encuentran en concurso, pero tampoco han respondido por el crédito en este tiempo.

El pasado año, mientras el concurso de acreedores del político entraba en fase de liquidación, en el IVF se conoce que Torró ha ganado el pleito que mantenía por la adquisición de participaciones preferentes de Bankia por un importe de 12 millones de euros. Esto se interpreta en este caso como una entrada de recursos al concurso que debe servir para pagar a los acreedores. Así, el instituto ha solicitado a la Abogacía de la Generalitat que confirme esta situación para poder reclamar su parte.

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