La causa contra Rita Barberá podría tardar meses en llegar al Supremo

El Tribunal Supremo podría tardar semanas o incluso meses en decidir si abre una causa para investigar a la senadora y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá en relación con una supuesta financiación ilegal del PP de Valencia.

La Mesa del Senado acordó ayer trasladar al Supremo la acreditación de la condición de senadora de Rita Barbera. El juez de instrucción número 18 de Valencia se la solicitó a la Cámara para saber si es competente para investigar a la senadora o si no lo es, por tratarse de una persona aforada ante el alto tribunal.

Lo más posible ahora es que el Supremo transmita al juez de Valencia la certificación solicitada, de modo que éste disponga de una acreditación formal de que Rita Barberá es senadora.

El alto tribunal, sin embargo, no prevé pronunciarse sobre el fondo del asunto -es decir, sobre si corresponde investigar a Barberá- hasta que no le llegue una exposición razonada de los posibles indicios que pudieran existir contra ella, según fuentes del Supremo.

Es al magistrado de Valencia al que le corresponde decidir si debe o no enviar la exposición razonada, pero las citadas fuentes ven probable que lo haga, dada su iniciativa de ayer. De ese modo, deberá elaborar un escrito bien fundado enumerando los indicios que a su juicio existen contra Barberá y enviarlo al Supremo. Esto le llevará un cierto tiempo, consideran las citadas fuentes.

Un vez recibido el escrito del juez de Valencia, el alto tribunal consultará al fiscal sobre el asunto y, después, una vez dispongan del informe del fiscal, el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, fijará una fecha en la que los magistrados deliberarán y decidirán si cabe o no abrir una causa en la que se investigue a la exalcaldesa. Todos estos trámites llevarán semanas, si no meses.

Las personas aforadas ante el Tribunal Supremo (o, en otros casos, ante los tribunales superiores de Justicia) solo pueden ser imputadas (o investigadas como sospechosas) por estas altas instancias.

Cualquier juez que, a lo largo de una investigación penal, descubra indicios que pudieran incriminar a una persona aforada debe elevar una exposición razonada al alto tribunal para que éste decida si debe abrir una causa en la que se implique al aforado o aforada.

Las mismas fuentes han explicado que la ley prevé que, antes de que el Supremo decida si pide o no el suplicatorio contra una persona aforada, ésta tiene la oportunidad de prestarse voluntariamente a ser interrogada como imputada por el juez que instruya la causa abierta contra ella en el Supremo.

Tras ésta y otras diligencias, ese juez decide si pide o no al Supremo que eleve el suplicatorio al Parlamento para encausar penalmente al aforado.

El juzgado de instrucción número 18 de Valencia investiga dentro del llamado Caso Imelsa el supuesto cobro de comisiones a cambio de contratos fraudulentos y la posible derivación en una supuesta financiación ilegal del PP de Valencia.