La UCO interroga al exalcalde de Gandia por los contratos de la Diputación

Tras el paso por la Comandancia de la Guardia Civil de todos concejales del PP de Valencia y sus exasesores, ayer llegó el turno de desfile para los portavoces de la oposición en la Diputación de Valencia en la anterior legislatura. En calidad de investigados (anterior figura para hablar de los imputados), Rosa Pérez (actual vicepresidenta cuarta de la corporación y diputada de EU), y José Manuel Orengo (exportavoz del PSPV en la Diputación) comparecieron ante la UCO de la Guardia Civil para explicar las contrataciones de asesores a cargo de la empresa pública Imelsa que acabaron desempeñando sus funciones fuera de la institución o en los partidos políticos.

Pérez llegó a las dependecias policiales con numerosa documentación para aportar a la causa. En concreto, centenares de correos electrónicos que, según fuentes de la investigación, tratarían de justificar que la contratación de un asesor de EU por parte de Imelsa era correcta porque en los textos se evidencia que realizaba trabajos relacionados con la empresa pública dependiente de la Diputación. Un hecho que desmontaría las circunstancias en las que se enmarca la investigación. De hecho, a su salida, la diputada se mostró «tranquila» tras prestar declaración y reconoció que no había sido citada ante el juez, por lo que considera que su condición de investigada queda ahí. Aunque fuentes judiciales reconocieron ayer que la citación todavía podría llegar una vez que la UCO redacte el atestado de las declaraciones de todos los investigados en esta parte del proceso o por separado, por lo que no descartan que la investigación se mantenga. De hecho, la propia diputada reconoció que con toda probabilidad tendrá que ratificar su declaración de ayer ante el juez.

«Respecto a mi actuación, no hay duda alguna», dijo a los periodistas. «Se me ha citado con abogado para garantizar mis derechos, ni más ni menos», alegó la portavoz de EU para justificar su imputación. Pérez Garijo reivindicó que su papel en este proceso es el de acusación y no el de acusada e insistió en que su situación como investigada se ha producido para garantizar la protección de sus derechos.

La diputada evitó desvelar a los periodistas el contenido de su declaración porque había sido advertida expresamente por los agentes de la UCO de que no podía hacerlo, aunque se mostró convencida de que toda la documentación que aportó sobre Imelsa habría servido para aclarar las cosas.

En su opinión, tras haber declarado ayer ya no sigue investigada: «Yo creo que no, he declarado ya que era para lo que se me citaba. Quizá tendré que ratificar ante el juez pero no tengo la citación». «Podría haber venido sin abogado perfectamente, hubiese dicho lo mismo. No es plato de buen gusto venir aquí», dijo la diputada, que consideró «indignante» que se la hubiera citado como investigada cuando ella se había ofrecido «varias veces a la UCO para venir, ofrecer información y hablar». «Al final ha sido de esta forma para proteger determinados derechos, pero quienes estábamos en la oposición no teníamos capacidad de gestión», dijo en referencia a la pasada legislatura.

Después de Pérez Garijo llegó el turno para José Manuel Orengo, exportavoz del PSPV en la Diputación y exvicesecretario de Relaciones Institucionales de la federación valenciana (actualmente suspendido de su cargo).Orengo aseguró a su salida que en ningún momento se había sentido «acusado ni apurado para nada». «Salgo en calidad de persona contenta de haber colaborado con la Guardia Civil; muy contento de contentar a las personas. Si llaman a alguien como testigo y luego lo imputan, esa declaración sería nula y la Guardia Civil tiene que hacer su trabajo», dijo al salir, preguntado por si mantenía su condición de investigado.

Según fuentes de la investigación, Orengo fue inquirido sobre los procesos de contratación de la corporación provincial y sobre todo lo relacionado con el funcionamiento interno, en un intento de esclarecer posibles delitos de malversación y tráfico de influencias que el juez investiga. Por tanto, Orengo queda «a la espera de las conclusiones para ver si lo elevan o no al juzgado». «No he dudado con ninguna pregunta», dijo, para añadir que el trato había sido bueno y aunque él pensaba que sería «como en las películas», reconoció que los agentes eran «gente muy educada y amable y hacen que estés lo más cómodo posible para llegar al fondo de la verdad». «Y en eso he sido todo lo útil que he sabido y un poco más».

Por otra parte, en la Ciudad de la Justicia, el turno de interrogatorios llegó por la tarde para media docena de empresarios. El titular del juzgado de instrucción número 18 de Valencia citó a declarar a los titulares de diferentes firmas comerciales para dilucidar los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Comparecieron cada uno por un espacio aproximado de media hora, sin que ninguno de ellos quisiera hacer declaraciones a la salida de la Ciudad de la Justicia. Fuentes jurídicas señalaron que el juez mantuvo la condición de investigado para todos ellos, y no dictó ninguna otra medida cautelar, tales como obligación de comparecer periódicamente en el juzgado o fianza destinada a asegurar una posible responsabilidad civil.

Hoy por la mañana el magistrado tomará declaración a otros seis investigados de la pieza principal, como señalaron fuentes del TSJ. Al menos dos de los empresarios que comparecieron en el juzgado por la tarde se acogieron a su derecho a no declarar, como señalaron fuentes jurídicas. Varios de ellos están relacionados con las obras desarrolladas por la empresa pública Ciegsa en colegios de la Comunitat, la mayoría de las cuales acabaron acumulando notables sobrecostes, de donde salían las supuestas comisiones.