RTVV, la ardua tarea de liquidar una radiotelevisión pública

Cuando llegaron al cargo hace siete meses los tres liquidadores de RTVV nombrados por el nuevo Gobierno valenciano encontraron una "inmensidad de pleitos", "cataratas" de problemas, ordenadores bloqueados o desaparecidos y hasta cucarachas en los ascensores, pero nadie que les guiara en su responsabilidad.

Francisco Gómez, Ignacio Baixauli y Agustín Arenas, abogados con más de veinte años de experiencia, llegaron a la sede de RTVV a mediados del pasado julio, quince días después de que salieran los 70 últimos trabajadores de la cadena, con el encargo de liquidar una televisión que para entonces llevaba diecinueve meses cerrada.

Lo hicieron acompañados de sus antecesores, quienes les dieron un informe "verbal" sobre "unos pocos asuntos" y ya no volvieron, lo que unido a la "ausencia absoluta" de personal que les indicara dónde estaban los expedientes, las facturas o cómo funcionaba la base de datos, les ha obligado a aprender de sus "propios errores" y "pasando días enteros allí".

Acreedores que continuamente pedían entrevistas o mandaban facturas, ausencia de ordenadores en las plantas de la dirección o bloqueos informáticos que les han impedido acceder a la contabilidad hasta hace unos meses han sido algunas de las trabas que se han encontrado, según han puesto de manifiesto esta semana en Les Corts.

Su tarea estos meses ha consistido en ir cancelando deudas, llegar a acuerdos en litigios de cierta cuantía -como con Mediapro-, reducir al mínimo las tarifas de suministros y resolver contratos "sin sentido", como el arrendamiento de vehículos, o como el de limpieza, donde "lo único que estaba limpio era el pago", aunque ahora mismo no hay servicio de limpieza en RTVV.

Así, cuando llegaron encontraron cucarachas en los ascensores y levantaron acta notarial por la suciedad de los cristales, pese a que se pagaba 600.000 euros al año para que quince personas limpiaran dos plantas. "A veces hacían deporte subiendo de la primera planta a la octava y bajaban, para poder pasar el tiempo", explicó Baixauli.

Su objetivo inminente es resolver con acuerdo el contrato de alquiler de suelo de la sede de Alicante -cerrada desde el pasado junio y que esta semana ha concluido el traslado de material a Valencia-, sobre el que se construyó en edificio que costó siete millones de euros y que supone una renta anual de 360.000 euros.

La contrapartida será que el edificio quedará en manos de los propietarios, aunque los liquidadores han destacado que el contrato ya establecía que eso ocurría a los 35 años.

Los administradores temporales de RTVV se han encontrado además con que no han podido liquidar aún el ente -que en marzo de 2013 fue sustituido por RTVV SAU-, pues aunque la próxima semana se firmará la cesión a la Generalitat de los préstamos con el BBVA por 188 millones, el Santander se ha negado a hacer lo mismo con sus préstamos de 37,5 millones de euros, que vencen en 2026.

La sociedad anónima no tiene deuda bancaria pero sí con proveedores de contenidos y acreedores, entre los que figura la demanda de una entidad deportiva por 5,5 millones de euros y demandas de productoras que suman 2,7 millones, así como obligaciones de pago con administraciones públicas para los próximos cuatro años.

Los liquidadores se encontraron también con un inventario lleno de "salvedades", por lo que intentan ajustar a la situación real los más de 18.000 elementos existentes, y esperan poder presentar a final de este mes las cuentas anuales de la sociedad.

Admiten que la liquidación terminará cuando sean "capaces de acabar con los pleitos" -actualmente tienen señalamientos fijados hasta septiembre de 2017-, aunque afirman que una vez cedan el patrimonio y los equipos a la Generalitat "en las mejores condiciones posibles" puede quedar una liquidación "residual".

En todo caso, los liquidadores defienden que, pese al "desbordamiento", desarrollan el trabajo "que pueden y saben" con "buena voluntad y buena fe".