Oltra afea a Bravo que no cuente con las mujeres para reformar la Función Pública

valencia. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra hizo un gesto de resignación antes de explicar qué le parece que la Conselleria de Justicia y Administración Pública, la que dirige Gabriela Bravo, no haya incluido a ninguna mujer en el comité de ocho expertos al que ha encargado estudiar el modo de reformar la actual ley que regula la Función Pública en la Comunitat. «Pues no me parece bien. Creo que no se puede dar una visión ni experta ni no experta sobre algo tan importante como la función pública, sin tener la visión de las mujeres en esa comisión», sentenció la portavoz del Ejecutivo, en lo que supone leerle la cartilla de la igualdad a Gabriela Bravo, que no es precisamente una cualquiera.

La responsable de la Conselleria de Justicia y Administración Pública, exportavoz del Consejo General del Poder Judicial, tuvo como último destino en la judicatura antes de incorporarse al Consell la Fiscalía contra la Violencia de Género. Bravo presidió esta semana la constitución de la comisión para el estudio de la reforma de la Función Pública Valenciana que, según informó este departamento, está formada por «juristas y personas expertas de reconocido prestigio» para el estudio y diagnóstico del empleo público y proponer las bases de una modificación de la ley, que data de 2010 y se considera que precisa de «una nueva modernización». Sin embargo, la consellera de Justicia no tuvo en cuenta la paridad a la hora de formar el equipo que revisa la legislación que regula el trabajo de los funcionarios de la Generalitat. Y Oltra, esos olvidos, no los pasa por alto. Ayer admitió su disgusto por la ausencia de mujeres en un proyecto de cambio normativo que afecta, principalmente a trabajadoras. De los cerca de 17.000 empleados con los que cuenta la Generalitat, cerca del 57% son mujeres.

La comisión la presidirá Miguel Sánchez Morón, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares. La coordinará Ferran Puchades Vila, secretario autonómico de Justicia y Administración Pública. Los vocales serán David Vicente Blanquer Criado, catedrático de Derecho Administrativo de la UJI de Castellón; Juan José Díez Sánchez, director del Departamento de Estudios Jurídicos del Estado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante; Ignacio Sevilla Merino, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia; José Luis Martínez Morales, designado por la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación; Manuel López Estornell, del Servicio de Coordinación de Presidencia de la Generalitat; y Javier Cuenca Cervera, subdirector general del Instituto Valenciano de Administración Pública.

Ni rastro, por lo tanto, de las buenas intenciones expresadas en el arranque de la legislatura, cuando (allá por finales de julio del año pasado) desde el Consell se anunció la creación de unidades encargadas de velar por la igualdad entre hombres y mujeres en todas las consellerias. La ausencia de la «feminización» constantemente reivindicada por Oltra, consellera de Igualdad, y el exceso de testosterona que tanto irrita a la vicepresidenta cuentan, en el caso de esta comisión, con un ejemplo palmario. De ahí la crítica de la portavoz del Consell a uno de sus miembros, otra vez una consellera designada por los socialistas, como ya ocurrió cuando Oltra consideró ni ético ni estético el nombramiento del marido de Carmen Montón (responsable de Sanidad) como gerente de Egevasa, puesto al que posteriormente renunció Alberto Hernández Campa para evitar que se recrudeciese una polémica que provocó un serio enfrentamiento en las redes sociales entre militantes socialistas (como lo es Montón) y de Compromís (coalición que lidera Oltra).

También llama la atención que en el texto publicado el jueves en el DOCV, tal y como adelantó ayer LAS PROVINCIAS, para anunciar la constitución de la comisión que analizará la reforma de la ley de la Función Pública se justificase el cambio legislativo en su obsolescencia (se aprobó en 2010) y en la necesidad de incorporar «la nueva visión y cultura de la administración pública que impulsa el Consell, basadas en la transparencia, la independencia, la profesionalización, la participación ciudadana, la mejora continua en la aplicación de los procedimientos de gestión, la eficiencia y la reducción de trámites y gastos innecesarios». Ni rastro tampoco de la posibilidad de «feminizar» la actividad funcionarial.

Algo no ha debido funcionar en esas unidades de igualdad promovidas desde el departamento de Oltra, desde cuya conselleria se indicó ayer que, o no se revisó la iniciativa por parte de los encargados en la Generalitat de promover la paridad en la decisión de Justicia (donde tampoco parece haberse interiorizado todavía el objetivo del Consell de fomentar políticas de género en decisiones de calado), o sí se revisó pero no se apreció la evidente ausencia de mujeres entre los expertos.