Génova suspende de militancia a sus concejales investigados en Valencia

Mientras los valencianos celebraban el segundo día de Pascua, se comían la mona y saltaban a la comba en el jardín del Turia, Alfonso Novo y Beatriz Simón, dos de los nueve concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia investigados por el 'caso del blanqueo', acudían ayer a la calle Génova para comparecer ante el comité nacional de Derechos y Garantías por el expediente abierto al grupo municipal popular. Entraron como regidores del PP y salieron como independientes, ellos dos y los otros siete a los que representaban.

En la reunión, Novo y Simó entregaron un documento, firmado por todos los concejales y asesores investigados en este procedimiento judicial separado del 'caso Imelsa', en el que proponían que se les suspendiera de militancia de forma cautelar. Una decisión que el comité aceptó , porque supone, de facto, apartar a los concejales investigados, que no quedan bajo la disciplina del partido y pertenecerán al grupo municipal a efectos nominativos como independientes. «Los concejales y asesores suspendidos cautelarmente de militancia estarán adscritos al grupo popular a efectos nominativos como independientes, por lo tanto no estarán sometidos a la disciplina del partido y no serán convocados a las reuniones ni a los actos de partido», indicó la organización provincial del partido en un comunicado.

Asimismo, se acordó que el PP de Valencia nombrará portavoz municipal al concejal Eusebio Monzó, el único edil que no está bajo investigación judicial y que fue incluido en las listas populares como independiente. Esa decisión se adoptó después de que Alfonso Novo presentara su renuncia a la portavocía, aunque de facto ya estaba apartado por la organización del partido.

Desde la calle Quart la decisión de Génova se considera que es «un paso más» en todo este proceso y que los concejales continuarán en el grupo municipal popular, «de momento». Su intención sigue siendo «apartarlos al grupo de los no adscritos». Pero para llegar a dar ese paso la dirección nacional del partido «tiene que finalizar la instrucción del expediente».

El entorno de la cúpula del PPCV aseguró que en Génova parece que hay interés en darse prisa por acabar ese expediente informativo, lo mismo que en la regional.

El comité nacional de derechos y garantías del PP puso de manifiesto que «continuará adelante con el expediente informativo abierto contra las personas físicas investigadas o llamadas a declarar» en el procedimiento de la pieza separada A, de las Diligencias Previas 881/15 del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia.

Eso sí, advierte el comunicado del PP que en el caso de apertura de juicio oral, «los concejales ahora suspendidos de militancia cautelarmente serán dados de baja definitivamente del partido».

Los que está claro es que hoy en día, el Ayuntamiento de Valencia se ha quedado sin ningún concejal que milite en el PP. Aunque está integrado por 10 personas el grupo municipal: una que compareció como independiente en las elecciones, Eusebio Monzó, y los restantes nueve ediles, que ahora ya a todos los efectos se les considera independientes.

El comunicado de la organización provincial del PP valenciano, que preside Vicente Betoret, indica que «en el caso de apertura de juicio oral, los concejales ahora suspendidos de militancia cautelarmente serán dados de baja definitivamente del partido».

Pero la cúpula regional de los populares continúa con la idea de que los nueve concejales investigados devuelvan las actas o, en su defecto, pasen a integrar el grupo de los regidores no adscritos. Pero para que llegue ese momento o lo decide el comité nacional de derechos y garantías cuando cierre el expediente, o lo impulsará la calle Quart con la apertura de otro, que se abrirá cuando quede concluido el de la organización nacional del partido.

«Hasta que Génova no acabe el expediente, nosotros no podemos iniciar el nuestro», apuntaron desde la dirección regional.

La dirección regional del partido mandó el pasado martes una carta certificada a los nueve concejales investigados (imputados, de acuerdo con el término de la anterior reforma del Código Penal) en la que les conminaba a devolver el acta. Isabel Bonig buscaba dar cumplimiento al compromiso alcanzado entre los propios concejales y ella misma en la reunión celebrada el pasado 15 de febrero. Un compromiso que negó Alfonso Novo, que junto con Beatriz Simón están liderando la actuación de los concejales.

Hasta aquel 15 de febrero, Bonig reclamaba directamente a los nueve ediles investigados la dimisión, pero en aquella reunión los regidores populares la convencieron para que se esperara al levantamiento del secreto de sumario y se comprometieron, según la calle Quart, a que si continuaban imputados, abandonarían el Ayuntamiento.

En la carta certificada, Bonig les da 10 días (sin contar festivos ni fines de semana) para devolver la concejalía. Mientras, la regional del PP quiere dar tiempo al tiempo para que se rompa la unidad de los ediles ahora independientes y que se vayan produciendo deserciones.

Tanto Novo, como durante la semana de Fallas la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, destacaron que los estatutos del PP no prevén la entrega de las actas hasta que no se produzca la apertura del juicio oral. Cierto es que Alfonso Rus fue destituido el pasado 2 de mayo como presidente provincial pero se mantuvo como presidente de la Diputación.

¿Y Rita Barberá? La calle Quart considera que Génova la llamará esta misma semana, pero si la suspende de militancia cautelarmente o no la suspende, como a los que fueron sus regidores, dependerá de que el Tribunal Supremo tome cartas en la investigación sobre el blanqueo de los 50.000 euros para la campaña de las municipales de 2015.