La juez, sobre el cerebro de Emarsa: «Su único modo de vida es el delito»

valencia. Jorge Ignacio Roca Samper, el cerebro financiero de la trama Emarsa, cumple todos los requisitos para el ingreso en prisión preventiva. Tras cuatro años de fuga, el riesgo de que volviera a marcharse y tratara de eludir la acción de la Justicia resulta más que probable. «Dispone de la capacidad y habilidad necesaria para moverse por el extranjero», recoge la juez en uno de los dos autos que dictó ayer y en los que confirma la privación de libertad para el empresario.

Roca Samper se acogió a su derecho a no declarar. Está investigado en la pieza principal -el expolio de más de 20 millones de euros de la depuradora de Pinedo- y en otro asunto más particular, un fraude fiscal con sus sociedades. La posibilidad de quedar en libertad era remota. Pero intentó que se la concedieran bajo el pretexto de que tenía arraigo, una pareja y un hijo en Valencia. En teoría, esta relación y supuesta descendencia sería diferente a la mujer con la que tuvo dos hijos y que en su día fue condenada a nueve meses de prisión por la Audiencia Nacional por colaborar con el empresario.

Su decisión de guardar silencio no sorprendió a nadie. Era lo esperado. Tras diez meses preso en la República de Moldavia por llevar una identidad falsa y con su abogado recién incorporado a la causa no parece muy conveniente someterse a un interrogatorio en el que, de entrada, tiene poco que ganar. Su detención hace aproximadamente un año despertó una gran expectación entre todos los investigados. No eran pocos los que negaron en su día conocerle.

La juez destaca que prácticamente en todos los países en los que ha estado tiene cuentas pendientes con las autoridades. Por ejemplo, en Andorra se le investiga por un blanqueo de capitales. En Francia, donde residió dos años con su entonces pareja, también tiene abierto un caso por el mismo motivo. Desde septiembre de 2010, cuando emprendió la huida, se ha sospechado de su presencia en Rumanía, China y Bulgaria, según el auto.

Todo este periplo y el tiempo que se mantuvo oculto lleva a la juez a pensar que puede estar vinculado «con organizaciones criminales que no sólo han facilitado su vida sino que le han ayudado a estar evadido». El empresario dispone, además, de cuentas en paraísos fiscales que le permitirían afrontar una supuesta huida.

No sólo este argumento justifica la decisión. El hecho de que vuelva a delinquir se le presenta posible a la titular del juzgado. «De su trayectoria profesional se infiere que su único modo de vida es el delito. Por todos los países por los que ha pasado se le han abierto procesos penales».

La juez también ha considerado que la celebración del juicio no se demorará en exceso porque la instrucción del grueso de la causa está completa. Es decir, que tampoco estará demasiado tiempo en prisión a la espera del inicio de las vistas. La medida también le impide destruir pruebas. Pese a que han transcurrido cinco años desde el inicio de la investigación «no se puede descartar que todavía disponga de pruebas que pueda destruir o alterar». Incluso existiría otra posibilidad más dañina para la causa: «que se ponga en contacto con otros investigados y/o testigos y pueda influir sobre ellos».