La juez del tercer grado a Carlos Fabra fue apartada por presionar a favor de Conde

castellón. El tercer grado concedido al expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, cuando apenas ha cumplido un tercio de su condena de cuatro años por fraude fiscal, no ha llegado exento de polémica, como parecía previsible. La juez de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Madrid, María del Prado Torrecilla, que es quien dictó la resolución que permite el paso al tercer grado del exlíder del PP de Castellón, fue suspendida en sus funciones en 2003 durante siete meses por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por presionar a otra jueza para que decretara el tercer grado penitenciario para el exbanquero Mario Conde, quien en ese momento cumplía condena por el 'caso Banesto' -Del Prado Torrecilla sostuvo entonces que la condena al exbanquero fue «una gran injusticia y un asunto político» -. De hecho, la fiscalía llegó a a pedir que se le expulsara de la carrera judicial, aunque la propuesta no llegó a ser aceptó.

El instructor del expediente disciplinario abierto en 2002 a la juez Torrecilla, el magistrado Eduardo Calvo, también pidió una segunda sanción de un año de suspensión por las supuestas presiones de la juez al director de la cárcel de Alcalá-Meco, donde estaba recluido Conde, pero fue rechazada por el Consejo.

La suspensión que se impuso a Torrecilla en 2003 por esta «falta disciplinaria grave» y acordada por unanimidad por el CGPJ, le supuso la pérdida de destino como juez de vigilancia de la capital, puesto que recuperó más tarde.

La magistrada decretó este lunes el régimen de semilibertad para el exdirigente del PP provincial al tener en cuenta varios factores, entre ellos su edad (70 años), el bajo riesgo de reincidencia, que su evolución era favorable y que los delitos por los que estaba entre rejas no eran graves. Lo hizo en contra del criterio de la Junta de Tratamiento de la prisión de Aranjuez y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que se opuso a la concesión de este tercer grado, al considerar que había un riesgo medio-alto de reiteración delictiva, la gravedad de sus delitos y por no haber satisfecho el total de la responsabilidad civil que se le impuso. Con el tercer grado Fabra sólo tendrá que acudir a pernoctar a la cárcel. El expolítico entró en prisión en diciembre de 2014 para cumplir una pena de cuatro años por defraudar 700.000 euros a Hacienda.

«Discutible y prematura»

Y junto a la polémica concesión del tercer grado a Fabra, las esperadas reacciones a la decisión. Reacciones que han llegado desde el propio círculo judicial, como la manifestada por el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, que calificaba ayer la decisión de la juez como «discutible y prematura», y que se han sucedido también, sin excepción, desde todos los vértices políticos. Unas con fuerte carga crítica -las expresadas por los portavoces del PSPV-PSOE, Compromís y Podemos en Les Corts por la pronta salida en libertad de Fabra- y otras más contenidas y amparadas en el «respeto a las decisiones judiciales», como fue el caso de Ciudadanos y del PP, el partido de Carlos Fabra y del que el que fuera máximo líder de la política castellonense ha renegado sin tapujos durante su estancia en prisión, según recoge el famoso reportaje sobre su vida carcelaria.

Para el portavoz socialista, Manuel Mata, esta resolución judicial «no es una buena noticia» y recordó que puede ser recurrida, algo en lo que, a su juicio, deberían «volcarse» la Abogacía del Estado y la Fiscalía. «Al Capone no estuvo en tercer grado tan pronto ni muchísimo menos», añadió. En el mismo sentido se expresó la portavoz adjunta de Podemos, Fabiola Meco, quien pidió que haya una «reconsideración» de la decisión, porque no ve «acertada» la medida para alguien con el «historial probado» que Carlos Fabra tiene «a sus espaldas» y teniendo en cuenta que no ha devuelto a las arcas públicas «todo el dinero».

Por su parte, el portavoz de Compromís, Fran Ferri, resaltó que la Justicia está «para dar ejemplo», más aún cuando «todos los informes» están en contra de la concesión del tercer grado a Fabra, y lamentó que el exdirigente popular «vaya a salir en libertad tan pronto».

Desde el PPCV expresaron, en boca de su portavoz, Isabel Bonig, su «respeto total y absoluto a la administración de justicia y a la decisión de un juez". También desde Ciudadanos, cuyo portavoz, Alexis Marí, ratificó su «respeto absolutísimo» a las decisiones judiciales a pesar de que a veces éstas «casan difícilmente» con la opinión y el sentimiento de una ciudadanía «harta» de la corrupción que ha afectado al PP valenciano.

La decisión de conceder a Carlos Fabra el tercer grado penitenciario se hizo pública este lunes y libera al exbarón popular de la obligación de tener que pasar el día en su celda del Módulo 3 de la madrileña cárcel de Aranjuez, a la que sólo tendrá que regresar para dormir. Fabra obtiene así el régimen de semilibertad cuando aún no ha cumplido un tercio de su pena. Con todo, el momento exacto de su salida de prisión como consecuencia de su paso al tercer grado no se conocerá hasta que la junta de tratamiento de la prisión de Aranjuez no determine las condiciones exactas de las que puede empezar a disfrutar el exdirigente del PP de Castellón.