El juez estrecha el cerco sobre Barberá al enviar su caso al Supremo

valencia. El futuro judicial de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá y en gran medida también del resto de concejales y asesores investigados por el blanqueo de 50.000 euros en el Ayuntamiento de Valencia se encuentra ya en manos del Tribunal Supremo. El juez de Instrucción 18 envió ayer la parte de la investigación que afecta a la senadora. Ahora el Alto Tribunal deberá evaluar el contenido y decidir si resulta suficiente para solicitar el suplicatorio y tomar declaración como investigada a la dirigente popular. Incluso tendría una vía alternativa, realizar su propia instrucción para ampliar o ratificar los indicios que se desprenden de lo practicado hasta ahora antes de convocarla. En cualquiera de los supuestos, la decisión supone estrechar el círculo alrededor de Barberá.

Uno de los principales argumentos del escrito se asienta sobre la lógica. Si el juzgado de Instrucción ha tomado declaración a 46 personas al existir indicios de que colaboraron en el blanqueo tras haber reconocido que hicieron una donación de 1.000 euros al Grupo Municipal...¿Qué diferencia a Barberá del resto? En realidad, únicamente su aforamiento. Resultaría «incoherente» no hacerlo, admite el juez. De ahí, que el criterio del Supremo condicione casi de manera definitiva la suerte del resto de investigados.

La anterior es la primera «consideración» que hace el magistrado respecto de la implicación de Barberá en este asunto. La segunda es la posición «de superiora jerárquica» que ejercía sobre la principal investigada, Mari Carmen García-Fuster. Subraya, además, la estrecha relación de amistad entre ambas, que se remonta a 1991. De hecho, la ex primera edil la designó para el puesto.

El tercer apunte es la debilidad de las explicaciones que ofreció la senadora al aceptar el ofrecimiento del juez. La aforada realizó un relato de hechos «que en contraste con lo investigado» no permite excluir su posible implicación y, por tanto, frenar la idea de enviar la causa al Supremo. Recuerda el magistrado que la senadora derivó la decisión al Comité de Campaña, órgano del que no forma parte, y «cuestionó la imparcialidad» de los testigos. Atribuía esta actuación a una venganza del exvicealcalde Alfonso Grau.

El cuarto apunte sería favorable a Barberá. Destaca el juez que ni los cuatro testigos ni los dos investigados que han confesado el blanqueo -la exconcejal de Cultura y esposa de Alfonso Grau, María José Alcón y una asesora de prensa- declaran «una participación concreta» de la aforada «ni en la entrega de dinero ni en la propuesta para que se llevara a cabo».

El escrito también pone en conocimiento del Alto Tribunal un breve resumen de las actuaciones. Todo parte a raíz de la aportación a la Fiscalía de las grabaciones que realizó Marcos Benavent a numerosos dirigentes del PP valenciano. El hilo conductor de las pesquisas es el exgerente de Imelsa, que ejerce el papel de «recaudador» de la trama. Una de las personas 'cazadas' en estos audios es la exconcejal de Cultura Alcón. Menciona el instructor que en el pinchazo en el que relata el blanqueo -un día después de autorizarse las escuchas- cita a Barberá, aunque no da ningún detalle. La UCO, según el auto, comprobó las aportaciones de estos asesores a través del análisis de sus cuentas corrientes. Se observó que en las mismas fechas con anterioridad o posterioridad se realizaron ingresos de 1.000 euros o cercanos a esa cifra, «que son compatibles con la mecánica del delito».

Las pesquisas avanzan en dos direcciones, tal y como recoge la resolución judicial. Por un lado, averiguar si tras las donaciones «se ocultaba el afloramiento de un dinero en efectivo en poder de algún responsable o responsables» y si realmente se produjo el reintegro de la aportación en dos billetes de 500 euros.

La decisión del titular de Instrucción de enviar la parte de Barberá al Tribunal Supremo se produce mes y medio después de que el fiscal lo solicitara el pasado 1 de marzo. Entonces, el instructor frenó las ansias del ministerio público. En un auto, le respondió que era mejor «agotar» la investigación. El avance de las pesquisas parece haberle dado la razón a la cautela de aquellos primeros compases. La declaración de la cajera del PP, Mari Carmen García-Fuster, propició la aparición de indicios de un posible delito electoral, lo que se conoce popularmente como financiación ilegal. Estas nuevas diligencias todavía se encuentran en una fase embrionaria.

El juez admite que esta parte de la investigación es más «compleja». Expresa sus dudas de que el dinero difícilmente podía provenir de las adjudicaciones supuestamente amañadas en la época de Benavent. No resultaría lógico guardar 50.000 euros negros durante casi una década. No obstante, los cuadernos de García-Fuster arrojan sospechas de determinados ingresos en efectivo bajo el apunte de «C GP» y «CyA». En total, más de 200.000 euros precisamente en ejercicios en los que había elecciones. La investigada «no quiso desvelar ni el origen concreto de ese dinero ni la identidad de la persona que se lo hacía llegar». Dijo que las cantidades procedían de simpatizantes del PP que no querían aparecer con su nombre. Las donaciones anónimas están prohibidas por ley desde 2007.