El altar de la visita del Papa a Valencia costó un millón y medio de euros

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, desveló ayer en Les Corts que el presupuesto de la Fundación V Encuentro de las Familias para construir el altar de la visita del Papa a Valencia en 2006 costó 1,5 millones de euros, que facturó 1,7 millones en alojamientos hoteleros, 3,1 millones para urinarios y que la totalidad del evento costó más de 22 millones de euros en un proceso de contrataciones que un informe de Intervención cuestionan por considerar que se produjo un reiterado descontrol del gasto y una «ausencia general» del cumplimiento de la legalidad.

Puig ofreció los datos en la sesión de control de Les Corts en respuesta a una pregunta de Compromís, y también anunció una regulación sobre las fundaciones públicas de la Generalitat, que será «de punto final del despilfarro de los recursos públicos de los valencianos» y aplicará transparencia y control en este sector.

El presidente explicó que en estos momentos hay 11 fundaciones públicas activas y cuatro en proceso de liquidación, que tienen contratadas a 1.200 personas (dos terceras partes en fundaciones sanitarias), y afirmó que hay que dar «un giro de 180 grados» en la gestión «negativa» que han tenido.

En el informe de Intervención de la Generalitat, con fecha 12 de enero de 2016, se analiza la contabilidad de la Fundación, que queda muy mal parada.

«En el transcurso de nuestro trabajo no se nos ha facilitado información alguna relativa a periodos anteriores a los ejercicios 2010 a 2014 sometidos a revisión. No nos consta la existencia de los contratos de prestaciones de servicios, tampoco nos consta la existencia de contratos de servicios administrativos, contables y de apoyo a la gestión por parte de consultores externos a la entidad, lo que consideramos una importante limitación al alcance de nuestro examen», señalan los interventores, que enumeran hasta ocho salvedades a los gastos generados durante la visita del Papa y tres contratos sin apenas información por valor de 3,3 millones de euros.

Normas contables

Los auditores reflejan sus dudas por la inexistencia de contratos millonarios, la falta de «un adecuado control interno», los incumplimientos de las más elementales normas contables en los ajustes presupuestarios, así como por la ausencia del informe inicial de auditoría entre 2005 y 2012. Igualmente los interventores explican sus dudas respecto a la deuda con Hacienda de varias operaciones con empresas adjudicatarias, denuncian «una evidencia de encadenamiento sucesivo de contratos» menores que propiciaron la imposibilidad de aplicar controles públicos, además de la probabilidad de haberse cometido una ilegalidad por no considerarse a la Fundación una entidad del sector público de la Generalitat.

En este último apartado, el informe incide en que hasta 2014, el Patronato de la Fundación no reconoció la dotación fundacional aportada por el Consell en 2010 por un importe de dos millones de euros, un reconocimiento certificado por el secretario de la entidad, Eusebio Monzó, actualmente el único concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia. Los cuatro años de demora supone «una ilegalidad» por no haberse podido aplicar «en tiempo y forma» la ley sobre fundaciones públicas.

En consecuencia, se pone de manifiesto la «ausencia general de cumplimento de los procesos de legalidad» que debieron ser aplicados en contrataciones con Acciona, Cavaltour, Zenithbrmedia y Vaersa, dada la configuración de la fundación como entidad del sector público de la Generalitat.