Camps y Carlos Fabra contrataron con la Púnica un torneo de golf en Castellón

La Generalitat presidida por Francisco Camps y la Diputación de Castellón dirigida por Carlos Fabra pagaron 10 millones «de forma irregular» a una empresa que supuestamente forma parte de la trama Púnica para la organización de un torneo de golf en Castellón, según denunció ayer Compromís.

En un comunicado, el cabeza de lista de la coalición «Compromís-Podemos-Esquerra Unida-A la valenciana», Joan Baldoví, acusó a estos dos exdirigentes del PP de «utilizar supuestamente la misma fórmula empleada en otros casos de corrupción, como en Nóos, para eludir los concursos públicos: el convenio en lugar del contrato público».

De esta manera contrataron a Match Golf Consulting, una firma dirigida por María José Marijuán, una supuesta testaferro del exconsejero madrileño Francisco Granados, siempre según Compromís.

Esta formación, que ha recabado documentación al respecto de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, el Gobierno de Camps y el de Carlos Fabra abonaron 10 millones de euros a Match Golf Consulting entre 2008 y 2010 para la organización del torneo de golf Castelló Masters Costa Azahar. Esta prueba se disputó entre 2008 y 2011 en el campo de golf que precisamente gestionaba y dirigía el propio Carlos Fabra, en la localidad de Borriol, asegura Compromís.

Según las mismas fuentes, el contrato se produjo por la fórmula del convenio, en lugar del concurso público «pese a todos los reparos manifestados tanto desde la Abogacía de la Generalitat como desde la Intervención».

«Esta última advirtió además de que no se habían emitido los informes preceptivos exigidos por la ley, previos a la aprobación por parte del Gobierno valenciano del convenio de referencia», afirmó Baldoví. El contrato también tuvo lugar en 2011, pero no constan los documentos sobre los pagos por esa anualidad, aunque Compromís apunta la posibilidad de que se abonasen otros tres millones de euros.

Según la documentación a la que ha tenido acceso Compromís, el convenio firmado inicialmente en 2008 por la entonces consellera de Cultura, Trinidad Miró, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y por la «testaferro» de Granados, María José Marijuán; establecía que la Generalitat y la Diputación aportarían dos millones de euros al año en concepto de patrocinio.

Preguntado por este asunto, el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, aseguró sentir «asco» y «vergüenza» por la «gobernanza miserable» durante «muchos años» de los dirigentes del PP en la Comunitat Valenciana, más interesados «en sus propios negocios» que en el «interés general». Puig señaló que los valencianos no tienen «nada» que ver con aquellos que les gobernaron en esa etapa, sino que son «gente honrada, trabajadora, que lucha por levantar a sus familias. «No tenemos nada que ver con aquellos que hicieron un mal uso de la gestión del gobierno y nos avergüenzan día a día», dijo.

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, aseguró, por su parte, que si alguien «no ve algo correcto» en la actuación del anterior Gobierno del PP al frente de la Generalitat que «lo lleve donde lo tenga que llevar», pero consideró que «si alguien solo recurre al pasado para intentar desgastar al PP, es que están muy mal». «¡Qué lástima que ellos en la Ley de Acompañamiento de Presupuestos han eliminado que los convenios vayan informados por la Abogacía!. Se ve que quieren hacer lo mismo», deslizó.

El portavoz del grupo socialista en Les Corts, Manolo Mata, aseguró que Mariano Rajoy es el «agujero negro y el punto de conexión entre todas las tramas corruptas» y lamentó que «las sanguijuelas de la corrupción creadas y apoyadas por el PP hayan esquilmado las arcas públicas valencianas, madrileñas y baleares». En términos similares se expresó el síndic de Podemos en Les Corts, Antonio Montiel, lamentó que «todas las tramas corruptas del PP hayan pasado por la Comunitat Valenciana».