Puig prevé nombrar más altos cargos y asesores en su remodelación del Consell

La remodelación del Gobierno valenciano que prepara Ximo Puig afectará a nombres -se da por segura la salida de varios miembros del segundo escalón en los próximos días- pero también a la estructura del actual Consell. La vicepresidenta del Ejecutivo, Mónica Oltra, admitió ayer que habrá cambios de estructuras «para arreglar la situación catastrófica» que se han encontrado tras llegar a la Administración, y «eso puede comportar una ampliación o reducción dependiendo de las materias y del presupuesto».

Oltra, en su comparecencia tras la reunión del Gobierno valenciano, admitió que estos cambios «no solo tienen que ver con los cargos, también con los trabajadores públicos». Por eso, defendió la necesidad de ampliar la plantilla de empleados públicos, teniendo en cuenta que «determinados servicios están ahogados de trabajo» y hay «poco personal». En todo caso, la portavoz del Consell señaló que lo que se debe entender «es que este mantra del dogma neoliberal de que se ha de adelgazar la administración, al final es una trampa mortal». «Claro que hace falta ampliar, sobre todo en empleados públicos, y en alguna estructura probablemente también, pero es una cosa que tenemos que reflexionar y se hará cuando se tenga que hacer», admitió.

Las fuentes consultadas por este diario precisaron ayer que el proyecto de remodelación sobre el que trabaja el presidente del Consell contempla una reestructuración de la arquitectura del Gobierno valenciano, que puede afectar tanto al número de consellera -que podría ampliarse- como al de las áreas adscritas a cada uno de los departamentos. Una modificación de forma y de fondo, dirigida a ajustar el funcionamiento de la administración autonómica a las necesidades identificadas durante estos primeros doce meses de gestión.

Pero esos cambios no resultan tan sencillos. O al menos no son automáticos. Las modificaciones sobre las que trabaja el presidente obligan a una revisión del Acord del Botànic -por otra parte ya anunciada antes de las elecciones y que Podemos ha venido reclamando con reiteración-, así como a una nueva redacción del decreto el que se regula el personal y los puestos de naturaleza eventual de la Generalitat. Durante las legislaturas autonómicas gobernadas por el PP -con la excepción de la última-, una de las críticas más frecuentes de los grupos de la oposición puso en la diana el agigantamiento de la administración autonómica, la discrecionalidad en el nombramiento del personal y la designación de eventuales en detrimento de los funcionarios públicos. El Gobierno de Alberto Fabra, acuciado por la crisis económica, se vio obligado a un profundo reajuste de personal.

Ese es el escenario que hace doce meses se encontraron Ximo Puig y Mónica Oltra. Un ejecutivo de sólo ocho consellerias, con el número de altos cargos reducido a la mínima expresión como consecuencia del naufragio financiero en el que se encontraba la Generalitat. La situación económica no ha sufrido todavía excesivos cambios. Pero el nuevo Consell ha entendido que con una estructura tan mínima resulta complicado alcanzar a los objetivos que se pretenden.

El Acord del Botànic -el documento que sirvió de base para el acuerdo político de PSPV, Compromís y Podemos, hace una referencia explícita a la «reducción de los gastos superfluos (altos cargos, coches oficiales, etc.), así como a la reordenación de la administración». La previsión sobre la que trabaja el presidente del Consell incrementará con toda probabilidad el número de altos cargos del Ejecutivo valenciano. Ese hecho, unido a que habrá que modificar esa consideración de gasto superfluo con la que se acuña la referencia a los altos cargos, obliga a retocar la redacción del Acord del Botànic.

Hay otro cambio que se perfila como imprescindible. El decreto 185/2015, de 16 de octubre, del Consell, por el que se regula el personal y los puestos de naturaleza eventual de la Administración de la Generalitat establece en su artículo 1 que «es objeto del presente decreto establecer la tipología del número máximo de los 74 puestos destinados al personal eventual que puede existir en la Administración de la Generalitat, configurando las diferentes categorías y fijando el importe de sus retribuciones».

Las fuentes de la administración autonómica consultadas por este diario han reconocido tras el 26J las dificultades con las que los consellers vienen teniendo que hacer frente a la falta de medios existentes en sus departamentos. El reducido número de asesores, se explica, impide en la práctica llevar a cabo alguna labor más allá de la gestión del día a día de la administración. Incrementar el número de asesores obligará, sí o sí, a aumentar ese tope de 74 que figura en el decreto de eventuales. Una medida que puede conllevar cierto coste político -porque lo que el Consell hace al final es aumentar el nivel de discrecionalidad en sus nombramientos-, pero que las fuentes consultadas consideran inevitable para la acción del Consell.

Dos semanas

Oltra, preguntada ayer por la investigación abierta desde la Conselleria de Transparencia entorno a las actuación de la secretaria autonómica de Sanidad, Dolores Salas -en el centro de la polémica por el nombramiento de su hija-, confió en que en el plazo de dos semanas «esté acaba la investigación».

Tal y como avanzó ayer este diario, tanto Salas como la secretaria 'autonómica de Economía, María José Mira, figuran en la nómina de posibles relevos del segundo escalón que maneja Puig.