Alcón a Benavent, sobre un contrato: «No se puede forzar. Haz tú un amaño»

El juzgado de Instrucción número 18 de Valencia levantó el viernes el secreto del sumario de la pieza separada de la operación Taula sobre una serie de adjudicaciones realizadas desde el Ayuntamiento de Valencia que destapa una trama compuesta por altos cargos que, según la instrucción, «se habrían enriquecido personalmente, cobrando comisiones ilegales de distintas empresas» a las que, a través de la Concejalía de Cultura del Consistorio, «se adjudicaron diversos contratos». El juzgado investiga por esta temática al exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, la exconcejal del PP María José Alcón, y su marido entonces, Vicente Burgos, y el exasesor Pedro Aracil.

Durante el último año y medio, las conversaciones grabadas anteriormente por Benavent y aportadas a la investigación de la Fiscalía por su exsuegro se han convertido en uno de los principales causantes de la convulsión del PP en Valencia y su provincia, unas grabaciones que han provocado dimisiones, detenciones y una investigación judicial que finaliza ahora con un auto donde se señala que existen «indicios que desde los cargos de responsabilidad que ostentaban los investigados Marcos Benavent, Vicente Burgos, María José Alcón y Pedro Aracil se habrían enriquecido».

El sumario acumula los informes de la Guardia Civil, las declaraciones de los investigados, conversaciones grabadas sobre el modo en que se tenían que alterar las contrataciones y la documentación municipal sobre esas adjudicaciones. Las contrataciones investigadas y en las que se registran irregularidades de todo tipo tienen que ver con el concurso público para las obras de limpieza y mantenimiento de fachadas interiores y exteriores de la Lonja, la adjudicación de las obras de limpieza y consolidación de las Torres de Quart, la conservación de los puentes de Serranos y de la Trinidad, así como la construcción y explotación de La Rambleta.

Igualmente, se considera que también hay indicios de ilegalidad en la adjudicación de concursos promovidos por la Fundación del Cine de Valencia. Por todo ello, según el auto de la jueza, «estos hechos revisten condiciones tales de autonomía en su aparente calificación penal» que permiten separar el procedimiento del que arrancó con todo el escándalo de Imelsa.

Prevaricación y cohecho

A los investigados se les atribuye los presuntos delitos de prevaricación y cohecho. Están investigados Benavent, Alcón, Burgos, Aracil así como Carlos Vicent Gil, Garlos Turró, Alejandro Serra, José Adolfo Vedri, Rafael García, Belen García, Enrique Aleixandre y Juan Piquer. Una docena de imputados.

María José Alcón, la exconcejal de Cultura, es una de las protagonistas de la trama de amaños de contratos en el Ayuntamiento de Valencia, según se desprende de los informes de la Guardia Civil una vez levantado el secreto de las actuaciones. La concejal y actual esposa del exvicealcalde Alfonso Grau quiso declarar tras su pase a disposición judicial el pasado mes de enero. Parte de su comparecencia se ha conocido ahora. En resumen, niega cualquier tipo de irregularidad. Nunca cobró comisiones. «Ganando 5.000 euros al mes como concejal, no me vendo por 9.000 euros», asegura al juez. En uno de los audios se alude precisamente a esa cantidad como 'regalo' por la adjudicación de un contrato. Además, quita peso a algunas de las controvertidas conversaciones que mantenía con Benavent -el recaudador del partido- lo hacía para darse importancia. «Era una forma de mostrar superioridad», admite ante el juez. Apunta que ella sólo firmaba las adjudicaciones una vez

No obstante, los pinchazos telefónicos que reproducen en el juzgado durante la declaración no dejan prácticamente salida a la exedil de Cultura. El ejemplo más flagrante de la ausencia de explicaciones convincentes se concentra en este conversación de Alcón a Benavent: «Me las he visto y me las he deseado para dar más puntuación al otro. Que no querían los funcionarios, Marcos. Es que, a ver si luego vamos a quedar como gilipollas encima». Su excusa se limita a decir que quería que Benavent pensara que disponía de una «capacidad de adjudicación mayor» a la que realmente tenía.

Sin embargo, en otro contrato, sí explica que desde la mesa le han puesto reparos ante las sospechas en una de las adjudicaciones. Para tranquilizar al exgerente de Imelsa y presunto recaudador del partido, le anuncia que hoy había nombrado «al tribunal» y que se trataba de «personas de confianza».

Alcón, en su comparecencia, insiste en que nunca recibió ni un euro de empresas contratistas del Ayuntamiento de Valencia. En algún caso, admite que no se acuerda de las conversaciones con Benavent y en otros supuestos habla de que todo está «manipulado». No parece que guarde buen recuerdo del ahora máximo colaborador de la Fiscalía Anticorrupción. «Trataba de hacerse el simpático, el interesante. Era un embaucador».

Sin embargo, de los audios no se desprende una desconfianza. Más bien todo lo contrario. Significativo resulta otro episodio en el que Alcón le adelanta a Benavent la empresa djudicataria de las reformas de los puentes investigados y de algunas fases de la lonja. Se trata de EMR. Le avisa que uno de los empleados ya ha ido al Ayuntamiento a ver a Alfonso -no se aclara si se trata de Grau- para hacerle ver lo «maravilloso de». De inmediato insta a Benavent a que no se «le adelante nadie». Al parecer, se refiere a que nadie se interponga exigiendo una comisión antes que ellos, aunque Alcón de nuevo se hace la despistada. «No recuerdo a qué me refería con eso».

De las declaraciones de los imputados se desvincula al exdiputado autonómico David Serra de la trama de cobro de comisiones, así como al sobrino de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá del pago de las mismas, a pesar de que la investigación apunta sospechas que en las declaraciones de los implicados no se corroboran. En el mismo sentido, se indica que el propietario de Englobla, José Vedri, no pagó a Benavent por la adjudicación de La Rambleta.

«Por dónde van los tiros»

El sumario señala que fue Vicente Burgos, exmarido de Alcón, la persona que propició la peculiar relación que se estableció entre Benavent y Alcón. La exconcejal y el exgerente de Imelsa no disimulaban, tal y como recalcan los investigadores, que señalan conversaciones como la relacionada con las adjudicaciones de las Torres de Quart. En sus conversaciones perfilaban la «estrategia a seguir», según la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil), con motivo del concurso para limpiar las torres históricas, Alcón, tras repasar las ofertas y las mejoras que cada empresa ofrecía, le señala a Benavent: «bueno, yo te diré más o menos por donde van los tiros», para ver si se puede o «no se puede forzar porque es es tan bestial lo otro que... Haz tú un amaño, una maniobra...». Ante lo que Benavent, por si no quedaba claro, especifica: «Un movimiento, vale», frente a lo que Alcón confirma: «Exacto».

Los dos grandes protagonistas de las conversaciones analizaban la capacidad «pagadera» (sic) de cada una de las empresas que se presentaba a los diferentes concursos, así como de la relación que su partido, el PP, mantenía con algunas de las empresas concursantes.

En total, la suma de contratos sobre los que podría haberse intentado cobrar «entre un dos y un tres por ciento» en comisiones «al margen del IVA», supone una cifra superior a los cinco millones de euros, lo que habría propiciado un reparto de decenas de miles de euros que, según se especifica en las conversaciones en poder de la Guardia Civil y el juzgado, también tendrían que ver con la financiación del PP, lo que se ha derivado en otro proceso separado donde se investiga el modo en que obtenía fondos la formación popular.