Tres consellers y doce altos cargos cobran más que Puig por el plus de vivienda

Francisco Rodríguez Mulero, secretario autonómico de Agricultura, protagonizó una curiosa intervención en una comisión de Les Corts el pasado mes de junio. El PP aprovechó una interpelación al número dos de ese departamento para afearle la nula presencia de la consellera Elena Cebrián en el Parlamento valenciano. El alto cargo del Consell, en su réplica, emplazó a los diputados a ponerle «un piso» a la consellera cerca de la Cámara si es que querían que compareciera más ante el Parlamento.

Quizá Cebrián le tomó la palabra a su alto cargo. O fue el propio Ximo Puig el que apreció la conveniencia de que su consellera disfrutara de una vivienda. El caso es que la titular de Agricultura es uno de los miembros del Gobierno valenciano que añade a su nómina mensual el 'plus del pisito', la forma coloquial con la que se reconoce la indemnización por residencia que perciben los altos cargos del gobierno valenciano por tener que trasladar su residencia a Valencia para prestar su labor como alto cargo del Gobierno autonómico.

En concreto, tres miembros del Consell, el titular de Educación, Vicent Marzà y el de Transparencia, Manuel Alcaraz, junto a la propia Cebrián y una docena de altos cargos -dos subsecretarios, nueve directores generales y un secretario autonómico- cobran un plus en su sueldo por este motivo. Se trata de cantidades que van de los 6.900 a los 8.600 euros, según la distancia que guarden con su residencia habitual. Y que suponen una mejora de sus remuneraciones de entre el 10,45 y el 12,9%.

El plus de la vivienda consiste en una indemnización acordada en tiempos de Joan Lerma con la que el Ejecutivo valenciano -al igual que se hace en otras administraciones o en el Parlamento valenciano- compensaba a aquellos altos cargos que se veían obligados a trasladar su residencia a Valencia como consecuencia del nombramiento pero mantenían la unidad familiar en el anterior domicilio.

La justificación de este concepto resulta más que razonable, y los gobiernos del PP, con Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Alberto Fabra continuaron atendiéndola. De hecho, si durante la etapa de Joan Lerma era imprescindible que el alto cargo mantuviera la unidad familiar en el anterior domicilio, con la llegada al Palau de la Generalitat de Eduardo Zaplana ese requisito se suprimió, lo que obviamente implicó que el número de altos cargos que se acogían a ese plus aumentara. De esta manera, los altos cargos del Consell pueden solicitar esta indemnización siempre y cuando se produzca ese desplazamiento de su vivienda habitual.

Con todo, la prestación de esta indemnización siempre ha venido vinculada al debate respecto a los sueldos que perciben los altos cargos. Presidencia de la Generalitat ha reconocido en no pocas ocasiones las dificultades con las que ha tropezado a la hora de 'fichar' para la administración autonómica a profesionales que en la actividad privada perciben un sueldo muy superior al de la administración autonómica.

De hecho, bajo el gobierno del PP valenciano los grupos de la oposición en Les Corts cuestionaron esa indemnización por vivienda. No tanto por el concepto en sí, como por la falta de regulación. En mayo de 2014 los socialistas criticaron que el Consell no hubiera regulado las ayudas al alquiler para los altos cargos que tienen su domicilio fuera de Valencia pese a que en 2012 se aprobó en Les Corts una resolución para hacerlo.

El diputado socialista Rafael Rubio lamentó entonces que hubieran tenido que pasar dos años «para tener un borrador de informe, que no decreto», sobre estas ayudas conocidas como «el plus del pisito». Rubio, que recordó que la necesidad de regulación fue aprobada a partir de una propuesta del PSPV, subrayó que estas ayudas fueron instaurada en la época de Zaplana como «fórmula para subir el sueldo a los altos cargos un 14%, unos 8.000 euros al año por persona, unos 600.000 en total». Joan Ribó, ahora alcalde de Valencia y en su día portavoz parlamentario de EU, también se mostró partidario de una mayor regulación de esta indemnización.

En el Gobierno valenciano que copresiden Ximo Puig y Mónica Oltra, las consellerias de Transparencia y Educación son, con cuatro altos cargos cada una, las que mayor uso hacen de este tipo de indemnización. El conseller Vicent Marzà, natural de Castellón, cobra casi 7.000 euros al año por esta indemnización. Por su parte, el conseller Manuel Alcaraz, natural de Alicante, añade a su sueldo un incremento de casi 8.150 euros.

En el caso de Educación, a Marzà le acompañan en la percepción de esta dieta los directores generales Jaime Fullana, Salvador Palazón y Josefina Bueno. En Transparencia son otros tres directores generales -Aitana Mas, Josep Ochoa y Federico Buyolo- los que la perciben. Los datos figuran en la web de transparencia del Gobierno valenciano. Gracias a esta indemnización, hasta siete altos cargos del Consell cobran un sueldo más alto que el del presidente Puig, que asciende a 68.292 euros anuales.

Presidencia

El presidente de la Generalitat no percibe la indemnización de vivienda porque mantiene su residencia en Morella. Sí que la cobra en cambio el director general de Administración Local Antoni Such, que ingresa 8.295 euros al año por este concepto. Su hija, la directora general del Instituto Valenciano de la Mujer María Such, no percibe en cambio este plus.