La nueva Imelsa se gasta 130.000 euros en una asesoría jurídica externa

Divalterra se creó en mayo de 2016 como la nueva denominación de Imelsa, la empresa pública de la Diputación de Valencia salpicada por uno de los mayores casos de corrupción investigados por los tribunales de justicia en la Comunitat. El equipo que dirige Jorge Rodríguez asumió que la mercantil no podía continuar prestando su labor con una denominación salpicada un día sí y otro también por comportamientos insostenibles en un gestor público.

Pero algunas de las decisiones que viene adoptando la citada firma resultan, como poco, significativas. Los responsables de la firma, Víctor Sahuquillo y Agustina Brines, pusieron en marcha el pasado mes de julio el procedimiento para la contratación de un servicio de asesoramiento jurídico en materia fiscal, laboral y mercantil. El presupuesto de licitación era de 136.367 euros, y el plazo de ejecución, de dos años. El pasado 4 de octubre, Sahuquillo y Brines firmaron la resolución del órgano de contratación -la propia Divalterra- por el que se adjudicaba a un despacho (Tomarial Abogados y Asesores Tributarios) el citado asesoramiento por 129.548 euros.

El contrato de un servicio de asesoramiento jurídico se justificó en la necesidad de disponer de una ayuda en todos aquellos apartados afectados por el derecho fiscal, laboral y mercantil: preparación de documentos mercantiles, resolución de consultas relativas a la fiscalidad de la mercantil o asuntos a tratar por el consejo de administración. En pleno procedimiento, Divalterra introdujo dos modificaciones en las condiciones del contrato: amplió de tres a cinco años la experiencia mínima requerida para las firmas que optaran al contrato y, a cambio, redujo de 12 a nueve meses el tiempo mínimo que todos los integrantes del equipo de trabajo deberían de haber permanecido en la empresa. La resolución del concurso explica que de las tres firmas que presentaron proposiciones, la que ofreció la oferta económica más ventajosa (Olleros Abogados) terminó siendo desestimada por baja temeraria, al entender que «no justificaba suficientemente la viabilidad efectiva de la proposición económica».

Lo significativo de la contratación, no obstante, tiene que ver con las designación que los actuales responsables de la Diputación, y el nuevo equipo que dirige Divalterra, han venido haciendo para reforzar su departamento jurídico. En julio de 2015, con Jorge Rodríguez recién aterrizado en la institución provincial, la vieja Imelsa contrató como responsable de servicios jurídicos a José Luis Vera, un veterano abogado cercano al PSPV. Vera figura en el organigrama de Divalterra como director de los servicios jurídicos, económicos, administración y transparencia.

Del cargo del máximo responsable del gabinete jurídico de esta firma pública dependen, entre otros, el área jurídica y de transparencia de la que se encarga José Luis Pellicer. Hace pocos meses, la nueva Imelsa licitó -tal y como publicó este diario- una plaza de técnico jurídico. Y pese a ello, Divalterra contrata ahora un despacho jurídico externo para que le asesore.