Divalterra lleva un año sin nombrar a un controlador para prevenir delitos

Divalterra es ahora Imelsa, pero la esencia se mantiene. La sombra de la corrupción sigue envolviendo a una empresa pública que maneja más de 20 millones de euros. Por si eso no fuera suficiente para perder la confianza en el organismo, ahora el panorama se completa con el enfrentamiento político entre sus dirigentes.

Una de las consecuencias ha sido el freno a la puesta en marcha del plan de prevención de delitos para limitar la responsabilidad penal de las empresas, lo que se conoce como el compliance. La iniciativa lleva parada aproximadamente un año. La medida incluía el nombramiento de un director de cumplimiento de la normativa, una persona externa a la mercantil y con cierto presupuesto para no depender de un departamento de la sociedad. En definitiva, con autonomía para ejercer un verdadero. Este responsable debía ser el encargado de verificar que se estaban siguiendo los protocolos de actuación diseñados para evitar infracciones.

Pero lo anterior -pese a la importancia y los antecedentes de Divalterra- no se ha llevado al consejo de administración. La falta de sintonía entre las dos facciones ha desembocado en un incomprensible bloqueo. Víctor Sahuquillo y Agustina Brines -PSPV y Compromís- se situaron al frente de la gerencia. La bicefalia se apoyaba en Vera, un veterano abogado al que situó en Imelsa el exvicesecretario socialista José Manuel Orengo, que junto con Alfred Boix forman parte del núcleo duro de Ximo Puig. En el horizonte ya se empezaba a ver la figura de Rodríguez como posible sucesor del actual presidente del Consell al frente del PSPV. Todo cuadra.

Las fuentes de la empresa reconocen que no se ha podido activar este plan porque no ha existido quórum para la reforma de los Estatutos, donde también se iba a incluir el famoso buzón de denuncias. Un sistema para revelar comportamientos irregulares en la mercantil. Cualquier medida se antoja necesaria teniendo en cuenta que en el seno de esta empresa se engendró uno de los mayores casos de corrupción.

Vera ha sido la primera víctima de la guerra sin cuartel que se vive en la firma. Las deficiencias detectadas en la auditoría -ocho de cada diez contratos son a dedo- y la contratación desde Divalterra de una abogada supuestamente relacionado con Orengo han sido los detonantes que han adelantado la explosión de este escándalo. El entorno de Vera, no obstante, justifica los servicios prestados por la letrada. Es más, en dos supuestos permitió ahorrar dinero al apartar de dos causas al despacho Garrigues. En el tercer encargo supuestamente se dedicó a entregar un informe en Instrucción 18 sobre las facturas sin justificación en la empresa pública. También al estudio de qué papel iba a jugar la mercantil en las piezas de Imelsa en las que ya no existía secreto.

La presidencia de la Diputación está descontenta con el trabajo de los gestores actuales porque no han podido o querido apartar a un buen número de empleados con cierta responsabilidad en la época de Benavent y que todavía se mantienen en la sociedad.

El debate sobre la procedencia de mantener viva Divalterra volverá a agitarse en las próximas semanas. Dirigentes del PSPV lamentan el coste reputacional de la nueva Imelsa. Una 'mochila' innecesaria para el Consell. Esta semana el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, mantendrá una reunión con Compromís. Pretende aprobar una reestructuración en la sociedad. Se desconoce la magnitud de estas propuestas. Pueden ser nuevas caras en los puestos directivos, pero también una modificación del organigrama y las competencias de Divalterra. La reunión, según aclaran las fuentes, estaba ya prevista antes de la salida de Vera. Problemas de agenda impidieron el encuentro.