La Diputación admite el descontrol con las dietas del gerente de Divalterra

Un comunicado hecho público ayer por la Diputación de Valencia dejó a los pies de los caballos a Víctor Sahuquillo, uno de los dos gerentes de la empresa provincial Divalterra. El texto, difundido tras la reunión mantenida por el presidente de la institución, el socialista Jorge Rodríguez y la vicepresidenta Maria Josep Amigó (Compromís) detalla el malestar de esta última por el contenido de la auditoría interna de la firma -de la que ya informó este diario-, así como la preocupación «por las dietas acumuladas» por Sahuquillo «y por los conceptos que aparecen, por entender que no se ajustan a los criterios de austeridad que tienen que regir las actuaciones de los cargos públicos».

El varapalo sobre la gestión del responsable -junto a Agustina Brines- de Divalterra es mayúsculo. Y se agrava por el hecho de que es la propia Diputación de Valencia el que lo airea. Máxime si se tiene en cuenta que en la auditoría interna a la que se hace referencia sí que aparece detallado el capítulo de dietas, pero en ningún caso se señala explícitamente a a Sahuquillo como su responsable.

Pese a la contundencia de la crítica sobre la gestión del dirigente socialista -es secretario de Acción Electoral de la ejecutiva de Ximo Puig-, el propio comunicado relata la defensa que Jorge Rodríguez realiza del que pasa por ser uno de sus hombres de confianza. Y lo que hace el presidente de la Diputación, ante la censura recibida por las dietas pasadas por Sahuquillo, no pasa de ser una pequeña reprimenda. «Jorge Rodríguez ha asegurado que se trasladará a este gerente, al ser cargo de confianza de presidencia, unas directivas claras para evitar que hechos así se puedan volver a repetir».

A partir de ahí, el comunicado de la Diputación apela a la corresponsabilidad solidaria de los dos gerentes de la empresa pública que permita avanzar en una gestión eficaz y transparente.

Tal y como ya avanzó este diario, la auditoría interna de Divalterra reveló anomalías vinculadas a los procesos de contratación, que provocaron circunstancias como la contratación por triplicado de un servicio de atención jurídica, el fraccionamiento de contratos y la desconfianza entre los dos cogerentes -al constatar que cada uno de ellos evitaba superar el límite de 18.000 euros en algunos presupuestos para evitar que fuera necesaria las dos firmas-.

El comunicado también señala que la auditoría externa sobre los pagos realizados a la abogada encargada de la personación en Taula «corresponden» con los servicios prestados. La nota no aclara cómo queda la situación de José Luis Vera, apartado de la dirección de los servicios jurídicos de la firma.