La Diputación defiende al gerente tras anunciar que desmantela la nueva Imelsa

Valencia. «No hay ningún motivo objetivo por el que no pueda seguir». Así de contundente se mostró Jorge Rodríguez, presidente de la Diputación de Valencia, para sostener la continuidad de Victor Sahuquillo como cogerente de Divalterra. Rodríguez se pronunció en estos términos un día después de anunciar que la empresa pública, heredera de la vieja Imelsa, será desmantelada. El presidente de la Diputación admitió que la difusión de los polémicos gastos de Sahuquillo en gin-tonics, whisky y licores cargados a las arcas públicas ha motivado la decisión de desmantelar parcialmente el ente. Pese a admitir que «es una situación incómoda», insistió en que eso no invalida a Sahuquillo para continuar en su cargo.

El también alcalde de Ontinyent confirmó ayer, tras presentar el Plan de Infraestructuras Turísticas de 2016, que desde la administración provincial han iniciado los trámites para vaciar Divalterra. El presidente aseguró que la empresa pública perderá las competencias de Medio Ambiente y Turismo, que serán asignadas a la misma Diputación. Lo mismo pasará con las brigadas forestales, que pasarán a ser asumidas por el Consorcio Provincial de Bomberos.

El presidente de la Diputación de Valencia defendió el desmantelamiento de la nueva Imelsa ya que permitirá que el ente público se centre estrictamente en aquello para lo que fue creado, impulsar la economía en los diferentes pueblos y ciudades de la provincia.

La posición de Rodríguez de mantener moribunda a Divalterra no parece que sea compartida por todos sus socios de gobierno. Esquerra Unida y València en Comú (la marca blanca de Podemos en la ciudad de Valencia), ambos presentes en el gobierno de la Diputación, anunciaron ayer en un comunicado que su posición pasaba por liquidar la empresa pública ya que creen que ha heredado la «corrupción sistémica» de la etapa anterior. A su juicio, después de todo lo que ha pasado, «el gobierno del cambio no puede caer en prácticas éticamente reprobables». Poco antes de que las dos formaciones políticas anunciasen su posición, Rodríguez incidió en que en su gobierno siempre ha habido una intención clara de adelgazar la empresa pública. Aun así, dejó entrever que este tema se ha llevado sin consultar a los dos socios minoritarios pese a que defiende que esto «no hace perder la cuestión de fondo».

Rodríguez quitó cierta importancia al escándalo de las facturas del responsable de Divalterra. Para el alcalde de Ontinyent en este caso «se ha metido la pata pero no la mano» y aunque en su opinión no deberían haberse cargado las bebidas a la Diputación no lo considera un caso grave. Pese a todo, Rodriguez sí marco distancias con Sahuquillo al deslizar su preocupación por la posibilidad de que en la nueva Imelsa «hayan otras cosas que se escapen».

El presidente también arremetió contra el PP al asegurar que ha habido «una voluntad manifiesta» por parte del partido para magnificar un hecho que es «una clara torpeza». Desde las filas populares la respuesta no se hizo de esperar. Su portavoz en la Diputación, Mari Carmen Contelles, destacó que «da la sensación que el presidente de la Diputación no se ha leído ni la auditoría externa ni la interna que señala con datos objetivos el fraccionamiento de contratos, malversación de fondos públicos o contratar de manera fraudulenta a empresas vinculadas al PSPV».

La víspera de su comparecencia pública, Rodríguez trató de apagar el incendio generado en la empresa provincial. El presidente de la Diputación ofreció a la vicepresidenta de la institución, María Josep Amigó, un acuerdo para que Sahuquillo pasara -junto a las brigadas forestales- al consorcio provincial de bomberos. La propuesta, confirmada por Compromís y matizada desde el entorno de Rodríguez (que subrayaron que lo que se había propuesto era que uno de los cogerentes pasara al consorcio), fue rechazada por la formación nacionalista, que sigue apretando las tuercas para que el PSPV tenga que dejar caer a su alto cargo -Sahuquillo es secretario de Acción Electoral de la dirección de Ximo Puig-.

Pese al respaldo dado a Sahuquillo en la comparecencia de ayer, Rodríguez ya marcó distancias con su cogerente hace casi un mes, cuando reprochó a través de un comunicado los excesos que había protagonizado con las dietas. Aquella posición, unida al anuncio del desmantelamiento de la nueva Imelsa -del que la Diputación no informó al cogerente socialista- y a la alusión hecha ayer a la posibilidad de que haya «otras cosas» en la empresa pública, hacen pensar que la salida de Sahuquillo se podría producir de forma inminente.

Rodríguez, que almorzó con los diputados del grupo socialista para analizar el proyecto de presupuestos para 2017 y analizar la situación de Divalterra, reveló que Sahuquillo ya le había puesto su cargo a disposición. Fuentes cercanas al cogerente socialista explicaron ayer que esa comunicación se produjo hace ya mucho tiempo, y tras comprobar algunas circunstancias que le hicieron pensar que le habían dejado solo. El presidente de la Diputación dejó en el aire si había aceptado o no esa renuncia.

Desde el entorno de Sahuquillo se explicó ayer que el cogerente de Divalterra había tratado sin éxito de hablar con Rodríguez para trasladarle su opinión respecto a la situación generada en las últimas semanas.

Tal y como ha venido informando este diario, a los últimos abusos cometidos -en forma de cargos de bebidas alcohólicas a la empresa provincial- se suman irregularidades como las constatadas por el auditor de la propia empresa, como el fraccionamiento de contratos o el excesivo uso del contrato 'a dedo', la polémica contratación de una abogada, el uso del coche oficial de la empresa o la confección de presupuestos para evitar la firma de la otra cogerente de la empresa.