Descontrol en el hospital Provincial de Castellón y el General de Valencia

El análisis que la Intervención realiza a los consorcios del Hospital General de Valencia y del Provincial de Castellón arroja un diagnóstico más que preocupante. Los resultados de las dos instituciones revelan falta de control, debilidad de informes jurídicos -se solucionan con un 'visto bueno'- más de cien millones de euros gastados sin expediente de contratación y la sorprendente circunstancia de pagar dos veces la misma factura, por citar algunas notas. Las deficiencias alcanzan la suficiente entidad para enviar algunos supuestos al Tribunal de Cuentas (TC) para que se decida si existe responsabilidad contable por parte de los dirigentes.

El Hospital de Castellón acumula un lamentable curriculum en este apartado. La Intervención alerta de irregularidades en la construcción y explotación de un aparcamiento con excesos de pagos a la concesionaria. También llaman la atención sobre el servicio de mantenimiento. Las facturas analizadas carecen de conceptos claros y precisos que permitan la comprobación de que el trabajo efectivamente se ha hecho. Los servicios de limpieza tampoco entierran cualquier atisbo de sospecha. 60.000 euros se pagaron a una empresa cuando el contrato general ya incluía la prestación de ese servicio. Tras el informe de la Intervención, la dirección del centro ha exigido a la firma principal que se haga cargo de esas cantidades.

Una congregación religiosa

Más llamativo resulta esta incidencia, de la que se dará traslado al Tribunal de Cuentas (TC). Se han realizado pagos a una congregación religiosa, en concreto, 349.000 euros abonados sin documentación que acredite los trabajos. El acuerdo entre la Diputación y la congregación se formalizó en 1981. Tampoco ha quedado convenientemente justificada la compra de 150 ordenadores por 97.000 euros. Los equipos se iban a conectar a la red Abucasis, pero a día de hoy todavía no lo están. La gestión del personal no traslada una mejor imagen. Al menos 11 enfermeros que han trabajado en las dependencias no figuran en la bolsa de trabajo correspondiente.

El Hospital General de Valencia también suspende el examen de la Generalitat. El Tribunal de Cuentas repasará las partidas de logística en el Consorcio y área asistencial de influencia. EUPV llevó a los tribunales esta cuestión por un supuesto trato de favor del exgerente Sergio Blasco, sobrino del exconseller hoy en prisión. Aquí, no se ha justificado el pago de 654.167 euros. De igual modo, se trasladará al TC, la tramitación, aprobación y ejecución de los servicios de TAC, resonancias magnéticas y servicios complementarios, que fueron prestados por la misma empresa desde 1989 hasta la actualidad.

Detecta la Intervención incrementos de precios por parte de la concesionaria que no se recogían en el contrato inicial, por citar una de las irregularidades más destacadas. Lo más grave: el órgano auditor no garantiza que estas decisiones estén libres de arbitrariedad. O lo que es lo mismo, que quizá se adoptaron para favorecer algún interés.

El hospital carece de un sistema de control interno del gasto. El órgano auditor ha encontrado también deficiencias en el contrato para la construcción de un quirófano. También se tramitó un contrato de pintura sin la publicidad que la Intervención considera que se debió gestionar por el procedimiento que permitiera a otras empresas competir. También pone reparos a la construcción de un edificio para uso de la Universitat de Valencia. La subvención corre a cargo de los fondos de la Fundación, pero no se traslada la parte de los costes generales a la institución académica.

El dosier de la Intervención recoge que están pendientes de aprobar y contabilizar 26 liquidaciones anuales de los cinco contratos de concesión administrativa para la prestación del servicio de asistencia sanitaria.