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A. RALLO
Miércoles, 25 de enero 2017, 00:21
La portavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia, Susana Gisbert, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Alicia Millán, el catedrático de Derecho Alfredo Montoya y el magistrado del Tribunal Constitucional Ricardo Enríquez son las propuestas de los grupos de Les Corts para el alto tribunal. Ciudadanos ha decidido no proponer candidato.
El pleno de Les Corts comenzará hoy su primera sesión de este año con la votación y elección de los dos nombres que el Parlamento valenciano trasladará al Senado para el proceso de renovación del Tribunal Constitucional. El PSPV-PSOE y Compromís han optado por la propuesta de la magistrada de lo contencioso administrativo del TSJCV Alicia Millán Herrándiz, quien además durante once años fue letrada de Presidencia de la Generalitat. El grupo Podemos registró la propuesta de la portavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia y fiscal adscrita a la Sección de Violencia sobre la Mujer, Susana Gisbert.
Proponer a mujeres
Los tres grupos que apoyan al Consell ya habían adelantado su intención de proponer a mujeres para avanzar en la paridad de un tribunal que tradicionalmente ha estado copado por hombres. Actualmente sólo dos féminas frente a nueve varones conforman el órgano. El último valenciano que llegó al Constitucional fue Pascual Sala. Lo hizo en 2004 . Desde el 2011 al 2013 ocupó la presidencia.
Estas propuestas, no obstante, no garantizan un puesto en el Constitucional. El proceso contará con otros muchos aspirantes. Cada autonomía hace su propuesta y es finalmente el Senado el que vota entre todos los candidatos. No hay que olvidar que el PP tiene mayoría en la Cámara Alta. Lo más probable es que se alcance un pacto entre PP y PSPV y que se repartan los puesto al cincuenta por ciento.
La candidatura de Susana Gisbert, actual portavoz de la Fiscalía, causó ayer sorpresa en el primer piso de la Ciudad de la Justicia. Fuentes del ministerio público mostraron su extrañeza ante la propuesta porque el perfil profesional de Gisbert no termina de encajar en un órgano como el Constitucional.
La fiscal, especializada en la sección de Violencia de Género, ha obtenido en los últimos tiempos cierta repercusión mediática gracias fundamentalmente a su intensa actividad en redes sociales en defensa de la igualdad y en la concienciación del problema de la violencia machista. Además, colabora habitualmente en diversos medios de comunicación con artículos de opinión.
También ha tenido tiempo para cuidar sus contactos políticos. Llamó la atención, por ejemplo, que Mónica Oltra presentara recientemente el libro de relatos redactado por la fiscal. Su nombre ya sonó en su día como consellera de Justicia. Al parecer, algún responsable -se ignora si desde el PSPV o Compromís- se puso en contacto con la portavoz del ministerio público para tantear su disposición y proponerle el puesto. La supuesta llamada se produjo días después de que el juez Ximo Bosch rechazara ocupar la máxima responsabilidad en el departamento autonómico. Finalmente, fue una compañera suya y exportavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, quien obtuvo el visto bueno del presidente Ximo Puig.
Susana Gisbert regresó a la Unión Progresista de Fiscales (UPF) después de que anunciara su salida tras difundirse graves desencuentros con la dirección de la organización. Su intensa actividad asociativa le llevó a ser miembro del Consejo Fiscal como representante de la asociación.
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