Empresarios pactan con el fiscal y admiten que financiaron al PP de Camps

Nueve empresarios imputados en la pieza del caso Gürtel que investiga la presunta financiación irregular del PP de la Comunitat Valenciana han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción para reducir su petición de pena a cambio de reconocer que entregaron dinero negro a la formación que entonces lideraba Francisco Camps para pagar las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales de 2008. El Partido Socialista, que ejerce la acusación popular en el asunto, también respaldaría el acuerdo alcanzado ayer. Lo más probable es que el pacto se firme hoy mismo.

A cambio de su confesión, la Fiscalía rebajaría la petición de pena para ellos a menos de dos años de cárcel, con lo que, en principio, evitarían pisar la prisión. Podría ser sustituida incluso por una multa. La petición inicial del Ministerio Público oscilaba entre los cuatro y los seis años de cárcel.

No es el primer acuerdo en este sentido. El pacto de los seis industriales es la continuación del acuerdo que alcanzaron con el fiscal el pasado mes de abril los también empresarios Enrique Ortiz, Alejandro Pons y José Francisco Beviá. Los nuevos arrepentidos son Vicente Cotino Escribá (sobrino del expresidente de Les Corts, Juan Cotino), Enrique Gimeno Escrig, Tomás Martínez Berna, Rafael Martínez Berna, Antonio Pons Dols y Gabriel Alberto Batalla Reigada. Vicente Cotino recibió recientemente otro varapalo judicial al ser condenado a un año y medio de cárcel por falsificar una factura y defraudar a la Agencia Tributaria. La misma pena para su compañero de banquillo, el expresidente de la Generalitat y de Bancaja, José Luis Olivas.

En síntesis, el acuerdo de los nueve imputados es que van a reconocer sin ambages que realizaron pagos en negro por valor de 1,2 millones de euros a la mercantil Orange Market, la empresa de eventos en Valencia del líder de la Gürtel, Francisco Correa.

La firma se encargaba, casi en posición de monopolio, de organizar los actos electorales del PP de Camps. Según la instrucción del juez José De la Mata, el PPCV, además, abonó de su caja B a Orange Market cerca de 2,2 millones de euros para realizar los actos electorales en esa comunidad durante la presidencia de Francisco Camps.

De la Mata abrió el pasado 26 de febrero juicio oral contra una veintena de personas, entre ellos cinco exaltos cargos del PP y contra diez empresarios. El décimo empresario, José Enrique Fresquet, no ha llegado a acuerdo alguno porque únicamente le acusa el PSOE.

El Ministerio Público solicitó penas ejemplares en su escrito de calificación hasta siete años y nueves meses de cárcel y multa para el exsecretario general del PPCV y coordinador de la campaña de las generales, Ricardo Costa, y para el exvicepresidente del Consell y coordinador de la campaña de las autonómicas investigadas, Vicente Rambla.

Los mismos años de prisión solicita también para el exdiputado autonómico y exvicesecretario general del partido, David Serra, por tres presuntos delitos electorales y uno de falsedad documental. Los mismo años para la gerente de los populares valencianos, Cristina Ibáñez. También se sentarán en el banquillo la cúpula de la trama Gürtel.

La mecánica que relata la Fiscalía Anticorrupción es que los exreponsables del PPCV acusados contrataron con Orange market (una de las mercantiles del grupo Correa) «con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008.

La empresa prestó al partido «servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros». En ambos casos, esos pagos no quedaron reflejados en la contabilidad del partido ni en la facturación. Para ello, la gerente «omitió el preceptivo control del gasto» del presupuesto electoral tal y como estipula la ley que regula la financiación de los partidos durante las campañas.

De los tres procesos electorales investigados (autonómicas y municipales de 2007 y generales de 2008), la empresa de la trama Orange Market, declaró sólo pagos provenientes del PP valenciano por importe de 175.000 euros. Sin embargo, los sucesivos informes policiales acreditan que se prestaron servicios por importe de 1,15 millones en las autonómicas y por más de 78.000 euros en las municipales, que no se facturaron. Situación similar se produjo durante la campaña de las generales, cuando el gasto declarado por el PP valenciano con Orange Market fue de 801.810 euros, aunque el gasto real que se produjo al margen de Hacienda fue de 1,4 millones. Las empresas que abonaron las cantidades restantes son Piaf, Facsa, Aguas de Castellón, Vallalba, Lubasa y Sedesa.

Todos contra el PP

Las reacciones tras la confesión de los industriales no dejaron de sucederse. Todos los grupos políticos aprovecharon para atacar al Partido Popular. El portavoz de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, dijo que la corrupción «avergüenza» a los valencianos «todos los días» y que el reconocimiento de los hechos pone de manifiesto «que los gobiernos del PP firmaban contratos leoninos que nos costaban mucho dinero a los valencianos en forma de sobrecostes».

Desde el PSPV lanzaron un mensaje similar. La diputada Ana Barceló instó al PP a que reclame para el Congreso de este fin de semana una ponencia monográfica sobre la corrupción y financiación ilegal del PP en la Comunitat. «Que tengan la misma valentía y reconozcan que sí hubo financiación ilegal», destacó. «Los empresarios estarían reconociendo lo que el PP ha negado durante estos años, su financiación ilegal, y por tanto se quedarían sin argumentos para su defensa». Al mismo tiempo que ironizó sobre «el protagonismo que ahora tendrán los populares valencianos en la cumbre del PP, muy a pesar de Bonig».