La exconsellera de Turismo recurre a familiares y amigos para reunir 15.000 euros y evitar por ahora la cárcel

valencia. Los condenados de la rama política en la primera pieza de la trama Gürtel seguirán en libertad a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva definitivamente los amaños en la feria de turismo de Fitur. Llegó Martínez a primera hora de la mañana al TSJ con el lógico temor instalado en el cuerpo ante la petición de cárcel que iba a formular la fiscal Anticorrupción y el desenlace vivido 24 horas antes por Correa, Crespo y El Bigotes. El trío ya ha pasado su primera noche en Picassent. Por suerte para la exconsellera, el tribunal encuentra diferencias significativas entre su situación y la de los empresarios. Alrededor de las 12.30 de la mañana, rodeada de una nube de informadores gráficos, completaba 100 metros que a buen seguro le parecerían 10 kilómetros. Su única declaración, articulada en un débil hilo de voz, fue: «No voy a hacer ninguna declaración».

La expresidenta de Les Corts tiene cinco días, hasta el próximo lunes, para reunir 15.000 euros. Se trata de la fianza que le ha impuesto el TSJ para eludir la entrada en prisión. En caso de no lograr esa cantidad, la exconsellera agotará su tiempo en libertad. Fuentes de su entorno indicaron ayer que la ex alto cargo popular busca el apoyo económico de familiares y amigos para hacerse con esa cantidad. No parece una cifra excesiva para alguien que disfrutó en su día de sueldos públicos más que holgados. Por ejemplo, la nómina de un presidente de Les Corts, en la época de Milagrosa Martínez, rondaba los 100.000 euros anuales.

Las mismas fuentes deslizaron la dramática situación que arrastra la mujer condenada a nueve años de prisión por amañar los contratos de Fitur. Actualmente ya no cobra el paro y sólo recibe el subsidio por desempleo para los que han agotado la prestación, algo más de 400 euros al mes, según acreditaría la documentación presentada ayer en la vistilla en la que se escucharon los argumentos para decidir sobre las medidas cautelares. Añadieron, además, que su vivienda, una casa en Novelda, se encuentra embargada en este mismo procedimiento y que ya se vio obligada a refinanciar un préstamo que pidió para una reforma en las dependencias. De tal modo que, con todas esas circunstancias, se antoja poco probable que algún banco se muestre dispuesto a colaborar. Los letrados de Martínez aportaron también diferentes informes médicos que certificarían la fragilidad de su estado de salud que, sin duda, se vería agravado en caso de un ingreso en la penitenciaría valenciana.

El TSJ descartó la prisión por varios motivos. En primer lugar, recogió que la exconsellera no tiene otras causas pendientes con la Justicia, lo que evidentemente reduce el riesgo de fuga. Y esa es una de las principales diferencias con los empresarios de la trama Gürtel, que acumulan infinidad de asuntos pendientes que podrían disparar la pena. Admite el tribunal que Martínez ha tenido una participación «activa en la importante defraudación de fondos públicos» al igual que en la «completa manipulación del procedimiento de contratación pública». No obstante, «no consta que haya podido derivarse un enriquecimiento personal».

El propio tribunal reconoce que el cohecho del reloj de 2.400 euros es un «agradecimiento» pero no parece el objetivo final de sus actuaciones delictivas. Así, el TSJ reduce únicamente a la gravedad de la pena -nueve años- el elemento a tener en cuenta a la hora de decretar el ingreso en prisión, algo que no se entiende «suficiente» con los antecedentes «singulares» de esta causa. Martínez, no obstante, no podrá salir de España quedarse sin pasaporte y deberá comparecer periódicamente ante el juez.

Mejor suerte corrieron el resto de los cargos públicos condenados por su participación en la trama. Rafael Betoret, que se enfrenta a seis años de prisión en esta pieza del caso Gürtel y también en la juzgada en 2012 y conocida como «causa de los trajes», deberá comparecer una vez al mes, no podrá salir de España y deberá entregar el pasaporte.

El TSJCV dictó la misma medida -libertad sin fianza- con la obligación de comparecer una vez al mes y la retirada de pasaporte, para el ex alto cargo de la Conselleria de Turismo Isaac Vidal, condenado a siete años de prisión, y para los técnicos de la Conselleria Jorge Guarro, condenado a cuatro años, y Ana Grau, condenada a tres años.

En las cinco «vistillas» sobre medidas cautelares celebradas ayer, las acusaciones, igual que hicieron el pasado lunes las de los otros procesados, han solicitado la prisión provisional comunicada sin fianza para los tres condenados a más de cinco años de prisión: Martínez, Betoret y Vidal, aunque el tribunal no ha accedido a estas peticiones.

Respecto a los tres condenados por este caso que desde ayer están en prisión, los líderes de la trama Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes, fuentes próximas al caso aseguraron a EFE que Correa será trasladado hoy desde la cárcel de Picassent a un centro penitenciario de Madrid. En este mismo sentido, el letrado de Crespo, Miguel Durán, también apuntó la posibilidad de que su defendido pudiese ser trasladado a la prisión de Soto del Real (Madrid), dado que debe asistir, junto con los otros dos encarcelados, a las vistas del juicio por otra de las pieza de Gürtel que se está celebrando en la Audiencia Nacional.

Álvaro Pérez, el Bigotes, pasa sus primeras horas en prisión acompañado por un preso de confianza que vigila todos sus movimientos. La medida es habitual en reclusos primarios, aquellos que se ven privados de libertad por primera vez. De esta forma se trata de evitar intentos de autolesión y que la adaptación a la vida en prisión sea lo más cómoda posible dentro de la dureza que supone estar en cualquier penitenciaría.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, aseguró ayer que estos condenados «pertenecen a otra época», y aprovechó para destacar que se ha demostrado que «la Justicia funciona». «Hay que entender que no conozco a ninguna de las personas que han aparecido y aparecen, pertenecen a otra época». Además, dijo que con Isabel Bonig sólo habla «de futuro». En cambio, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, insistió en que la primera condena por el caso Gürtel demuestra que el PP «se dopó» para ganar elecciones de manera «ilegítima» y pidió responsabilidades al Partido Popular.