Todos los partidos rechazan en la Cámara valenciana la inversión presupuestaria

Cinco partidos, cinco, todos los que integran el parlamento valenciano, firmaron ayer una declaración institucional «ante la marginación de los valencianos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2017». Tras una reunión de los portavoces de los grupos celebrada a primera hora de la mañana, se decidió confeccionar un manifiesto que finalmente susfribieron todos. En el texto Les Corts muestra el rechazo unánime al anteproyecto de PGE presentado para 2017, insta al Consell a impulsar acciones para «cohesionar» a los valencianos en torno al objetivo de conseguir unas inversiones «justas» y convoca a los diputados y senadores valencianos de todos los partidos elegidos en las circunscripciones de la Comunitat a una reunión el 25 de abril para coordinar acciones en ese sentido.

El presidente de Les Corts, Enric Morera, envió una carta dirigida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dondee remite una copia de la declaración, que recuerda ha sido firmada por los cinco grupos parlamentarios: PP, PSPV, Compromís, Ciudadanos y Podemos. Tras la lectura de la declaración, todos los diputados se levantaron a aplaudir la iniciativa, si bien a los del PP les costó algo más y, de hecho, tres de ellos no lo hicieron.

Sorpresa entre los populares

El apoyo de los populares a esta declaraciones sorprendió a algunos de los aludidos en el texto, es decir, a los diputados y senadores del PP. Una de ellas consideró que se va a producir «una situación incómoda para nosotros. Esta mañana (por ayer) ya se nos presionó para intentar que nos posicionemos. Nos quieren poner en un brete».

Hasta Génova se desplazó ayer la presidenta del PP en la Comunitat, Isabel Bonig, desde cuyo entorno se aseguró que «tenía cerradas con anterioridad varias reuniones» en Madrid. Fuentes populares señalaron que la líder valenciana analizó en la capital, entre otras cosas, la situación del partido a nivel provincial en Valencia (con Betoret aspirando a continuar de presidente y con Contelles como posible candidata avalada por la cúpula del PPCV), así como la estrategia a seguir en Les Corts ante la fuerte oposición que el tripartito pretende orquestar contra los PGE diseñados por el Gobierno de Rajoy. El apoyo de la declaración que rechaza los presupuesto no implica que el PP valenciano rompa la disciplina de voto en el Congreso, ni mucho menos.

Previamente a la firma de esa declaración en el parlamento de la Comunitat, el síndic del PSPV, Manolo Mata, desveló algunas opciones de movilización de los valencianos para que se visibilice el malestar ante los PGE. «Aquí hubo una gran manifestación en 1977 que nos llevó a un Estatuto de Autonomía contundente. A lo mejor el Gobierno valenciano y las fuerzas políticas, sindicales y económicas queremos demostrar en la calle qué está pasando» en esta tierra, planteó el portavoz socialista.

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, aseguró que su grupo es partidario de «montar el pollo», algo que no supoe en qué se puede traducir, pero que, a su juicio, «debe implicar toda la sociedad: sindicatos, sociedad civil, sector empresarial, partidos políticos y la sociedad de a pie». Es difícil imaginar que Bonig vaya a participar en una movilización de ese tipo, y es más probable que la posición del PPCV sea la de plantear enmiendas al PGE que favorezcan las inversiones en la Comunitat.

El texto firmado por todos los grupos políticos recuerda que Les Corts se han manifestado de forma reiterada a favor de garantizar «un nivel de inversiones justo» para la Comunitat y que la reforma del Estatuto de Autonomía, aprobada en 2011 y que está en el Congreso, contempla una cláusula que blinda las inversiones de acuerdo con el peso poblacional. Por ello, muestran el «rechazo más absoluto» a las inversiones territorializadas que contemplan los PGE para 2017, del 6,9%, que «no sólo no compensa la insuficiencia inversora de los últimos años, sino que las inversiones no se ajustan al peso poblacional y suponen una reducción de 209 millones respecto a 2016».

La declaración insta al Consell a «impulsar las acciones necesarias para cohesionar a los valencianos en torno al objetivo de conseguir unas inversiones justas» para la Comunitat.

El enfado de los empresarios

El tijeretazo inversor de 290 millones de euros del Gobierno a la Comunitat Valenciana no ha sido, precisamente, del agrado de la cúpula empresarial. Tras la presentación de un informe sobre el corredor cantábrico-mediterráneo el presidente de la CEV, Salvador Navarro, defendió que hay que «conformar una sociedad en la que empecemos a trabajar todos unidos».

Navarro incidió en la unidad de los políticos, empresarios y la sociedad en general en la defensa de los intereses valencianos que, según afirmó, «no dejan de ser los intereses de la sociedad española».

«Me parece que son malos para la Comunitat Valenciana, pero como ya llueve sobre mojado son indignantes», aseguró el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda. El naviero echó la culpa de la desidia inversora del Gobierno central en la Comunitat tanto al presidente del Gobierno como al ministro de Hacienda, que son los que «han intervenido» en su desarrollo, con lo que en cierta medida disculpaba al titular de Fomento, Íñigo de la Serna.

Boluda reconoció que se esperaba que las inversiones asignadas para la Comunitat Valenciana fueran como han sido porque «yo ya me espero cualquier cosa».

Por su parte, el presidente de la Fundación Pro-AVE, Federico Félix, se alineó con la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en su demanda de «montar un pollo» para que desde el Ejecuivo central se haga caso a la Comunitat. De ahí que plantera la necesidad de «armar jaleo o tirar piedras, en sentido figurado, como ya dije hace unos años, para que nos hagan caso».

El director de la Cámara de Contratistas, Manuel Miñés, llamó a «un boicot a las cuentas de 2017» e instó a políticos, sociedad civil y empresarios «a salir a la calle para solicitar justicia y equidad por parte del Gobierno de España».