Tres meses para que el juzgado cierre las investigaciones

La modificación legal perseguía acortar los plazos de la instrucción y evitar que las causas se eternizaran en los juzgados. No parecía sobre el papel mala idea ya que, en ocasiones, no se explica cómo alguien puede permanecer siete y ocho años bajo sospecha hasta que los indicios se confirman o derrumban en el juicio.

No obstante, la iniciativa no fue acompañada del tan demandado refuerzo de medios. El plazo máximo para las denominadas causas complejas -la inmensa mayoría de los asuntos que lleva Anticorrupción lo son- es de 18 meses. En el caso de Castellano, el reloj se puso en marcha cuando se levantó el secreto de sumario, en febrero de 2016. Pese a que la causa arrancó mucho antes -la detención de Castellano se produjo en mayo de 2015- el periodo no empieza a contar hasta que no se levanta el secreto y se permite a todas las partes el acceso a las actuaciones.

De tal forma que este verano, en plenas vacaciones, finaliza el plazo. Se da por hecho que se deberá pedir una prórroga. Este asunto cumple, de entrada, los requisitos que marca la ley para acordar un tiempo extra. No obstante, si no se concediera ese aplazamiento todo lo que se haya solicitado antes -informes, por ejemplo- son válidos para la causa aunque sean enviados más allá de la fecha límite.

Uno de los asuntos que se investigan en Sagunto no salpica directamente a Castellano sino que afecta a dos compañeros suyos del PP, dirigentes en la localidad de Quartell. Se analizan, entre otras irregularidades, la de unos terrenos propiedad del Ayuntamiento en los que la empresa Prodaemi se hizo con la titularidad por una cesión gratuita del consistorio.

El alcalde había obtenido previamente poderes plenipotenciarios del pleno municipal para elegir a quién ceder el suelo, según consta en el escrito de fiscalía. Esta sociedad fue adjudicataria del terreno de uso residencial. Luego aparecen compraventas de inmuebles muy ventajosas para los familiares de ambos.

Algo similar ocurre también en la adquisición de otras dos viviendas a la mercantil Jedoman, que previamente había resultado elegida como agente urbanizador de otro proyecto en municipio. También se rastrea su actuación ilegal en un PAI de Alfara de Algimia.

La declaración de Máñez en el juzgado de instrucción resultó sorprendente porque el investigado admitió que durante años fue zombi -cobraba sin ir a trabajar- en la empresa pública Imelsa, unas anomalías que se investigan en otro juzgado de Valencia. Fue designado coordinador de brigadas (unos 1.500 euros al mes). Sin embargo, se dedicó a asesorar a Francisco Huguet. Tampoco es que dispusiera de grandes conocimientos ya que su formación es mínima.

Esta pieza está pendiente de algunos informes de la Conselleria sobre el proceso administrativo que se siguió para la aprobación de los citados proyectos. En este punto aparece también la figura de Jesús Garrido, mano derecha y persona de máxima confianza del exconseller Rafael Blasco en su etapa en el departamento de Sanidad. Hoy se encuentra en prisión por el desvío de fondos destinados al Tercer Mundo.