El enfermero clave en Emarsa

La sesión de ayer del caso Emarsa, la investigación sobre el presunto desfalco de 23,6 millones que habría tenido lugar en la depuradora de Pinedo, arrancó con la exposición del informe de conclusiones por parte de la Fiscalía de Valencia. Una explicación en la que el ministerio público recordó que se colocó a Esteban Cuesta, enfermero de profesión, como gerente de la entidad pese a no contar con formación empresarial alguna para poder ejecutar un fraude millonario en la entidad

Para la fiscal, la elección de Cuesta no fue algo casual ni mucho menos. Esta decisión fue algo «premeditada y unilateral», que tomó sólo Enrique Crespo, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Manises, y que nunca pudo justificar de forma objetiva. «La única persona que avaló la candidatura del señor Cuesta era el señor Crespo», subrayó la Fiscalía, que recordó que casualmente todas las personas que también habrían avalado este nombramiento según Crespo han fallecido y no pueden corroborarlo. Además, no dudó en señalar al vicepresidente de la Diputación y a Juan Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas residuales (Epsar), como personas clave en el saqueo de la depuradora, ya que para el ministerio público «no habría sido posible» el fraude sin estos dos acusados que se enfrentan a penas de 20 y 10 años de prisión. Por su parte, Cuesta ha visto como los 12 años que se le reclamaban inicialmente se han elevado a 24 después de que la fiscal haya asumido la tesis que defendía inicialmente la Abogacía de la Generalitat.

La representante del ministerio público explicó como se ideó un plan en 2005 para el saqueo. Una estrategia en la que jugó un papel fundamental que Emarsa se hiciera cargo de la ampliación de la planta Pinedo II, así como el empresario Jorge Ignacio Roca, a través del cual se desviaron fondos públicos con la facturación. Esta situación les permitió tener la «coartada perfecta» según la fiscal y tan solo les quedaba colocar a alguien en el puesto de gerente para que se encargase de recibir las facturas de los lodos que se producían con la actividad de la planta, realizar los pagos y obtener la diferencia entre el coste real y el de la financiación por la Epsar para repartirla. Esta gestión de los lodos fue muy criticada por la Fiscalía en la sesión de ayer, principalmente por el hecho de que se pasase de pagar cinco euros a 42 por la gestión de los mismos sin ningún informe técnico «que avalase la decisión». También se recordó que cuando casi la totalidad de los lodos podría haber terminado en el campo valenciano en varias ocasiones se optó por trasladar el fango al vertedero siguiendo la estrategia de la trama y contradiciendo al plan nacional de lodos del que eran totalmente conscientes y que establecía esta opción únicamente como «último recurso».

El ministerio público recalcó que Crespo le otorgó «poderes ilimitados» a Cuesta en Emarsa en prácticamente todos los ámbitos de la empresa, con alguna excepción puntual como la que se dio en materia de contratación y despido. Otro punto en el que se incidió fueron las reuniones de las comisiones de seguimiento, celebradas a puerta cerrada con «la única presencia» de los acusados principales y sin técnicos independientes. Aquí la fiscal evidenció el cambio de estrategia de los investigados, que en un primer momento defendieron que siempre había estado presente un técnico que según el reglamento debía asistir. Pero tras la declaración del mismo, cambiaron de estrategia y aseguraron que no es que estuviera presente sino esperando en la puesta a su disposición.

Por otro lado, tal y como informó Europa Press, la fiscal se refirió a diferentes cajas de seguridad adquiridas por los «principales» acusados de Emarsa y a entregas en efectivo en cuentas bancarias. Así, expuso que tanto Morenilla como Cuesta e Ignacio Bernácer, uno de los exaltos cargos arrepentidos, se abrieron cajas de seguridad en bancos, mientras que Crespo figuraba como autorizado en una caja de seguridad de su hermano. Algunas de ellas se cancelaron tras la querella que se interpuso contra ellos en 2010.

El ministerio público aludió así mismo a entregas en efectivo de los acusados, en alguna ocasión por un valor superior a los 360.000 euros; y destacó que de las cuentas de los «cabecillas» se desprende que no hay movimientos: «No hay gastos ordinarios de calzado, farmacia, colegios, vestidos o alimentación. Ningún gasto de personas que viven, que tienen coche y que tienen que poner gasolina», puso como ejemplos.