FGV envía a fiscalía las posibles irregularidades anteriores a 2007

valencia. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha acordado trasladar a la Fiscalía y a la Intervención General de la Generalitat la auditoría encargada en la que se ponen de manifiesto presuntas irregularidades en la adquisición de trenes y suministros en seis expedientes correspondientes a los años 2000 a 2007.

El consejo de administración de la empresa pública recibió el pasado 28 de marzo las conclusiones de la auditoría extraordinaria realizada en FGV tras advertir uno de sus consejeros de posibles irregularidades en la compra de unidades para las líneas de Metrovalencia y TRAM de Alicante, informó la Generalitat en un comunicado.

La auditoría fue solicitada a instancias de la presidenta del consejo de administración y consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador.

Tras las conclusiones de la auditoría, se acordó que la empresa pública realizase una investigación interna cuyas conclusiones debían entregarse a los miembros del consejo en la primera convocatoria del mismo, que se ha realizado en la mañana de este lunes.

Ambos informes se han remitido de forma íntegra tanto a la Fiscalía como a la Intervención para que determinen la existencia de responsabilidades sobre estos expedientes, ejecutados durante la gerencia de Jorge García Bernia y Marisa Gracia en FGV, bajo el mandato del PP en la Generalitat.

La conselleria emitió un comunicado hace una semana donde confirmaba la investigación interna sobre la adquisición de unidades en los años 2000, 2004, 2005, 2006 y 2007 para poder conocer si los resultados coincidían con el informe que una auditora realizó a instancias del ex gerente de la empresa, Ángel García de la Bandera.

El resultado de dicha auditoria se dio a conocer al Consejo de Administración en la reunión del pasado 28 de marzo de 2018. En ese momento, y tras conocerse por parte de los asistentes un resumen del informe de auditoria con las salvedades detectadas en la adquisición de unidades de los años 2000, 2004, 2005, 2006 y 2007, se decidió abrir de forma inmediata una investigación interna que estudiase y confirmase las salvedades detectadas por la auditoria para poder dar traslado, si así era el caso, a la Fiscalía. Lo que aparece en el informe son posibles fraccionamientos de contratos o extraños incrementos de precios.

El grupo parlamentario popular ya solicitó la semana la comparecencia de la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, y del gerente de FGV, Juan Andrés Sánchez, para explicar la auditoría que apunta a «desviaciones escandalosas» en la compra de material móvil. Segúnseñaló el portavoz adjunto del grupo, Vicente Betoret, el PP quiere saber el informe habla de «sobrecostes que superarían el 300%» y «si ha habido intención de beneficiar a alguna empresa».

Betoret solicitará las auditorías internas realizadas por FGV sobre las contrataciones y procedimientos para adquirir material móvil y su mantenimiento para poder trasladarla a la Agencia Antifraude. Señaló que pedirá todos los contratos realizados en este sentido desde 2016 hasta la actualidad para poder cotejar los datos.