La fiscalía lleva al juez el acuerdo de Xeraco de no contratar con israelíes

valencia. Los concejales de Compromís, PSPV y EU que votaron el acuerdo para boicotear en Xeraco a las empresas israelíes pueden tener ya un problema. La sección especializada en delitos de Odio de la Fiscalía de Valencia abrió unas diligencias de investigación penal para aclarar este controvertido asunto. Recientemente, se denunció el caso en el juzgado al apreciar indicios delictivos en la actuación de algunos responsables políticos. Fuentes judiciales ya apuntaron en su día que los hechos podrían encuadrarse en el artículo 510 del Código Penal, que castiga a quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo por razón de su pertenencia por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar o la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, entre otras circunstancias. La pena puede ser hasta de cuatro años de cárcel.

El ministerio público ha decidido que la instrucción debe seguir ya en un juzgado de Gandia. La orden se encuentra suspendida por el juzgado de lo Contencioso número 10. La Asociación Acción y Comunicación de Oriente Medio recurrió la decisión de Xeraco, que llevo a cabo esta acción para presionar a Israel en su posición sobre los palestinos.

El juez, con el informe favorable de la fiscalía, dio la razón a la entidad. El ministerio público consideraba que el acuerdo del pleno municipal suponía un ataque frontal «a la igualdad y a la no discriminación». Las empresas serían apartadas de un supuesto proceso administrativo simplemente por su nacionalidad.