El juez imputa a dos ex altos cargos de Zapatero por la financiación del PSPV

El Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid ha acordado investigar un posible amaño de contratos a favor de la mercantil Crespo Gomar, la agencia que supuestamente canalizó pagos electorales de actos del PSPV por parte de determinadas empresas. Las pesquisas partieron de un juzgado de Valencia que finalmente decidió inhibirse a dos órganos de Madrid, uno en Gandia y otro en Benidorm. Las diligencias difundidas ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid están relacionadas con un concurso de publicidad concedido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a la empresa de comunicación en 2008.

El juez ha citado a declarar a dos exaltos cargos de este ministerio. Se trata de la que fuera directora general de Consumo y candidata a la Alcaldía de Alicante, Etelvina Andreu y la entonces subsecretaria de Sanidad y Consumo, Consuelo Sánchez Naranjo, quienes están citadas a declarar como investigadas el próximo día 21 de mayo por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Ese mismo día también están llamados a comparecer dos componentes de la Mesa de Contratación, mientras que otros seis integrantes del mismo órgano lo harán el día 24 y el 30 del mismo mes.

Esta instrucción se suma a la también abierta en el Juzgado de Instrucción 24 de Madrid por los mismos hechos, pero relacionada directamente con la adjudicación pública que realizó el Ministerio de Vivienda a la misma sociedad en el marco del Plan de Vivienda 2009-2010 por la cantidad de 126.000 euros. Están investigadas , por el momento, la presidenta y secretaria de la mesa de contratación y el interventor que avaló los pagos. En este procedimiento se abrió antes la oferta económica que los informes técnicos, algo excepcional en el trámite administrativo. A partir de ahí resulta más sencillo intentar favorecer a las empresas debido al carácter subjetivo de la valoración técnica. Además, se expulsó a un aspirante por baja temeraria, según consta en el auto de inhibición.

La empresa investigada tuvo como presidente a Alberto Gomar, hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandía. El juzgado de Valencia comenzó la investigación por los mismos delitos y otro electoral en diciembre de 2016 tras recibir un informe de la Policía Nacional sobre una presunta financiación irregular del PSPV y Bloc -partido mayoritario en Compromís- entre los años 2007 y 2011. Fue el presidente del PP de la provincia de Alicante, José Císcar, el que llevó toda esta documentación a la policía.

Tras la práctica de distintas diligencias y con el informe favorable de la Fiscalía, este órgano judicial se declaró «no competente» para proseguir con la instrucción al descartar que los hechos indiciariamente delictivos se hubieran cometido en el partido judicial de Valencia, por lo que se inhibió a favor de juzgados de Gandía, Benidorm y Madrid, descartando el delito electoral por posible prescripción. La causa abierta en Gandia se centra en la concesión de una subvención municipal para la compra de un local para que la Federación Valenciana de Fútbol abriera una sede en el municipio. El bajo pertenecía a la familia bajo sospecha.

Los delitos de financiación ilegal se encontrarían prescritos, según la resolución inicial de la juez. Lo que se trata de dictaminar es si se produjo una malversación y prevaricación para alimentar económicamente el entramado de Crespo Gomar que supuestamente financió el partido socialista. Diferentes mercantiles pudieron abonar facturas por servicios prestados al PSPV. Los socialistas, no obstante, han concluido que no existió irregularidad en las cuentas, aunque no conservan las facturas. Tampoco tienen obligación de hacerlo ya que son hechos de 2007. El Bloc también ha cerrado filas, aunque han apartado a Lluismi Campos, jefe de gabinete de Enric Morera tras el revuelo mediático.