La jueza rechaza los recursos de Zaplana y le mantiene en prisión

Valencia. La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, que instruye el caso Erial en el que se investigan delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación, ha desestimado la petición de dejar en libertad o en arresto domiciliario al expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, según informaron ayer fuentes jurídicas.

La defensa de Zaplana, ejercida por el bufete de Miláns del Bosch, solicitó la semana pasada, mediante un recurso de reforma, la libertad por razones humanitarias, o en su defecto arresto domiciliario del expresidente de la Generalitat y exministro, que permanece en prisión desde el pasado 22 de mayo. El pasado viernes, el fiscal anticorrupción se opuso a esa libertad condicional de Zaplana que en el año 2015 se le diagnosticó una leucemia, por considerar que existía riesgo de fuga y posibilidad de destrucción de pruebas. Fuentes de la defensa indicaron que la jueza ha denegado la petición pese a los informes médicos, incluido el forense, que informaban negativamente de la permanencia en prisión de Zaplana, ya que sufre «un cuadro profundo de inmunosupresión», lo que supone un «mayor riesgo de sufrir infecciones y que puede llegar incluso a riesgo de muerte».

En el auto de prisión del pasado 22 de mayo, la jueza acusó a Zaplana de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal. En el caso Erial, el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003.

Zaplana es el primer expresidente de la Generalitat que ha ingresado en prisión. Esta circunstancia constituye un paso más en la gravedad de las causas judiciales que afectan al PP valenciano. Hasta la fecha se habían sucedido causas judiciales, investigaciones más o menos graves y sí, también ingresos en prisión de altos cargos como Carlos Fabra, Pedro Hernández Mateo o Rafael Blasco (que aún sigue en Picassent). Dirigentes importantes del PPCV han pasado por los calabozos, como Alfonso Rus o Serafín Castellano, pero nunca alguien que hubiera ocupado la máxima responsabilidad institucional en la Comunitat Valenciana. El expresidente José Luis Olivas también fue detenido en 2015 por las operaciones de Bancaja en el Caribe mexicano pero nunca se llegó a dictar una orden de prisión contra él.