Suspenso a Montón por el General de Valencia y el Provincial de Castellón

La conselleria de Sanidad que dirige Carmen Montón vuelve a salir muy mal parada del informe de la Sindicatura de Comptes correspondiente a 2016. Vuelve porque en el del año pasado ya fueron motivo de censura por parte de la institución que dirige Vicent Cucarella, hasta el punto de que las trasladó al Tribunal de Cuentas. En este ejercicio, el suspenso por parte de la Sindicatura se traduce en una rotunda «opinión desfavorable» a la actividad contractual del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia y del Provincial de Castellón. Traducido: el auditor entiende que las cuentas anuales tomadas en su conjunto no presentan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado de las operaciones o de los cambios en la situación financiera de la entidad auditada.

Para llegar a esa conclusión, la Sindicatura detalla toda una serie de irregularidades que, en algunos casos, se repiten en uno y otro centro hospitalario. En el General de Valencia, por ejemplo, la Sindicatura detecta «gastos sin la previa tramitación de expediente de contratación por importe de al menos 107 millones de euros», que representan ni más ni menos que el 73,1% de las obligaciones reconocidas en los capítulos 2 y 6 -gasto corriente e inversiones- de los presupuestos.

Que la gran mayoría de los gastos se realice sin expediente de contratación vulnera cualquier principio contable. El Síndic explica en su informe que en este dato influyen, por ejemplo, que las compras de productos farmacéuticos y sanitarios se tramitan como 'pedidos directos'. ¿Y eso qué significa? Pues, como aclara el informe, que «no se han atendido los principios y normas que regulan la contratación pública, a fin de asegurar una eficiente utilización de los fondos públicos». El informe considera especialmente grave la «infracción del principio de publicidad, puesto que gran parte de estas compras se realiza mediante fraccionamiento indebido del objeto de los contratos». El organismo que dirige Cucarella recuerda que las compras de medicamentos y material sanitario «deben ser objeto de una gestión contractual ordinaria en cuanto a la publicidad, procedimientos y formas de adjudicación».

La tramitación de gastos sin expediente de contratación también fue norma en el Hospital Provincial de Castellón. En este caso, el importe superó los 20,4 millones de euros, que supone el 55,7% de las obligaciones reconocidas.

Los gastos sin expediente de contratación forman parte de los argumentos que provocan que la Sindicatura emita opinión desfavorable sobre la actividad contractual de uno y otro consorcio. Se suman argumentos como las «importantes debilidades de control interno e incumplimientos de la normativa aplicable». También los gastos realizados sin consignación presupuestaria, que en el General de Valencia superan los 19 millones de euros -tal y como adelantó ayer este diario- y que en el Provincial de Castellón rozan los 13 millones.

La Sindicatura, en estos casos, llega a advertir de que los créditos consignados en los estados de gastos del presupuestos tienen carácter limitativo, y recuerda que la ley de Hacienda Pública sanciona con la nulidad de pleno derecho los actos que vulneren dicha limitación.

En el caso del Provincial de Castellón, además, se constata que se han tenido que abonar 3,1 millones de euros en pago de intereses de demora, en ejecución de sentencias por incumplimiento de la normativa de morosidad.

En el General de Valencia, el informe alerta de la existencia de expedientes de enriquecimiento injusto por valor de 2,4 millones imputados a 2016 aunque corresponden a 2015, así como la imputación a 2017 de 3 millones euros en facturas de 2016 no contabilizadas. El fondo de maniobra del General fue negativo por un montante de 36 millones de euros.