Las amenazas de la reversión del modelo Alzira: menos camas y operaciones

Apenas falta un mes para que el modelo Alzira pase a la historia. A las 00.00 horas del próximo 1 de abril la Conselleria de Sanidad ejecutará la reversión al sistema público del Departamento de Salud de La Ribera, hasta ahora gestionado por una empresa privada. Se pondrá fin así a un sistema pionero en España puesto en marcha en 1999.

Un informe realizado por Rodio Consulting a petición del Hospital Universitario de La Ribera alerta de los riesgos a los que se enfrenta el proceso de reversión. El documento, al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, advierte de que el sistema se puede colapsar y provocar «graves impactos sanitarios negativos sobre la población atendida» ante la ausencia de un plan de la administración pública.

También señala que el hospital es «insuficiente para subvenir las necesidades actuales de sus pacientes». Ahora bien, resalta que el modelo de gestión indirecta permite minimizar el impacto de esta incapacidad que si se pasara a un modelo público sin un periodo de transición.

El informe destaca que el actual modelo de gestión ha mantenido un nivel de hospitalización «muy alto», por encima de otros departamentos de salud. Con 301 camas se han podido realizar 23.439 altas anuales, un nivel igual o superior a centros mucho mayores como el Doctor Peset, el Clínico o el General de Valencia. La administración autonómica necesitaría realizar una ampliación de 212 camas, según el estudio, para mantener el actual nivel asistencial.

El Hospital Universitario de La Ribera, con trece quirófanos, realiza 1.866 operaciones al año, por encima de la ratio de los hospitales de su entorno. El centro valenciano se sitúa 248 intervenciones por quirófano y año sobre el de Sant Joan, el público con mejores cifras en este campo en la Comunitat.

El 88% de los médicos de atención especializada perciben por productividad variable unos 10.100 euros anuales, lo que equivale al 23% de su salario base. En el caso de los facultativos de atención primaria, el importe por este concepto es de 7.000 euros, mientras que en el de los enfermeros y enfermeras la cifra se sitúa en los 2.000 euros. Esta parte variable está asociada al cumplimiento de los objetivos de excelencia y a incentivos por extender la jornada laboral más allá del horario habitual. El informe destaca que, en el momento de la reversión, el cambio en la gestión de los recursos humanos traerá la supresión de la parte variable del salario ligada a los incentivos.

La administración puede conceder un pago anual por la consecución de los objetivos, pero no por la extensión de la jornada. También tiene los instrumentos para costear planes extraordinarios para la reducción de las listas de espera. Pero las cantidades previstas son muy bajas. Este factor, según el informe, es «imprescindible para el mantenimiento del ritmo asistencial actual». En cualquier caso, Sanidad ya ha advertido de que no aplicará una política de incentivos ni los presupuestos de la Generalitat contemplan esta posibilidad. La consecuencia será que el hospital atenderá diariamente a 554 pacientes menos. Además, las consultas de atención primaria se pueden reducir entre un 20 y 30%, según resalta el informe de Rodio Consulting.

Algunas especialidades en las que hay déficit de profesionales se desarrollan a través de contratos mercantiles. Todos estos cesarán a partir del 31 de marzo, con lo que especialidades como cirugía pediátrica o neurorradiología, basadas en este tipo de contratación, dejarán de ofertarse a partir del 31 de marzo. El informe apunta también a que el hospital ha atendido a sus necesidades con gran parte del personal contratado indefinidamente, pero ha acudido a los temporales para hacer frente a picos de actividad, refuerzo de servicios y sustituciones de los trabajadores de baja, con permisos de trabajo o de vacaciones. Por indicación de la Conselleria, este tipo de contratación tiene como fecha de extinción el 31 de marzo de este mismo año. Con ello, el 1 de abril dejarán de trabajar 236 profesionales, en el caso de que no sean sustituidos por profesionales preparados para prestar sus servicios en el hospital. Todo ello implicará un descenso en las prestaciones en servicios como anestesia, atención primaria, farmacia, laboratorios, diálisis...

El informe se detiene en detallar las consecuencias que tendrán los cambios en los modelos informáticos que gestionan los aprovisionamientos del hospital. El Orion Logis, un sistema utilizado por la Conselleria de Sanidad, sustituirá al Navisión, propiedad de la concesionaria. Según el estudio de Rodio Consulting, el arranque del nuevo procedimiento informático no podrá realizarse el día 1 de abril, ya que en la actualidad ya se tendrían que haber realizado la configuración, migración de programas y formación del usuario final. Pero ninguna de estas fases «está completada, lo que viene a confirmar la total imposibilidad de tener finalizado el proyecto en la fecha requerida». Todo ellos puede provocar situaciones de desabastecimiento de distintos productos como fármacos, material hospitalario, alimentos, ropa de cama, etcétera. Estos procesos se sustentan en programas informáticos cuya implantación acumula un retraso de mes y medio.

«Es un hecho notorio la absoluta desinformación de los responsables de los distintos servicios del Departamento de Salud de La Ribera respecto a cómo proceder a partir del próximo 1 de abril». A partir de esa fecha, los trabajadores pasarán a depender de la administración con unos criterios de actuación que desconocen, ya que hasta ahora no se les ha dado formación.

Todos los contratos del Departamento de Salud con proveedores terminan el 31 de marzo. A mediados de febrero, fecha de redacción del informe, la Conselleria de Sanidad no había suscrito ninguno nuevo. La administración autonómica sacó a licitación en diciembre y enero distintos servicios, pero el estudio señala que, dado que los procedimientos de contratación pública, «es muy complicado que el próximo 1 de abril estén finalizados todos los tramites necesarios». Además, subraya que no se ha tenido en cuenta distintas particularidades en la contratación que pone en riesgo servicios de lavandería o recogida de residuos.