El juez cita como «querellados» al secretario y al interventor de Gandia por el caso Innova

El caso Innova salpica a los altos funcionarios del Ayuntamiento de Gandia. El juez citó a declarar como «querellados» o imputados al secretario y al interventor el viernes, quienes acudieron con las máximas garantías legales (con abogado) para responder a las preguntas del fiscal.

Ambos quisieron desmarcarse del proceso judicial abierto y aseguraron que no tienen absolutamente nada que ver con la gestión de la empresa pública Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) en todo el entramado del Innova. El interventor ya había declarado ante el magistrado, pero como testigo.

Investigación abierta

La justicia está investigando dónde está el dinero que el Ministerio de Fomento otorgó en 2008 al Ayuntamiento de Gandia para la construcción del centro de investigación Innova, que se quedó a medio edificar junto al Campus.

La empresa constructora del Innova, Clásica Urbana, paralizó las obras en julio de 2011, al poco tiempo de acceder Arturo Torró al poder, porque el consistorio le adeudaba 1,4 millones.

El exalcalde de Gandia y vicesecretario de Relaciones Institucionales del PSPV, José Manuel Orengo, ya declaró a finales de octubre ante el juez en calidad de imputado que parte de la subvención se empleó para el Innova y el resto se quedó en las cajas de IPG y del ayuntamiento cuando él dejó la vara de mando de la ciudad.

La Audiencia de Valencia reabrió el caso Innova a mediados de junio y ordenó al Juzgado de Instrucción número 1 que aclarara qué pasó con la ayuda ministerial de 5,12 millones de euros y si realmente Orengo transfirió a IPG 3,4 millones.

Fue el alcalde popular Arturo Torró quien interpuso una querella contra Orengo y otros miembros del ejecutivo socialista, entre los que también se encuentra Alfred Boix, al considerar que la subvención no había ido a parar al edificio pese a ser finalista sino a «otros menesteres que hay que resolver».

La demanda aludía a posibles delitos de fraude en subvenciones públicas, malversación y prevaricación. La autoridad judicial también citó en octubre al exconcejal de Urbanismo, Fernando Mut, y a la exregidora de Hacienda, Ana García.

Interrogatorio

Tanto el secretario como el interventor lamentaron ayer verse enfrascados en este proceso. «Son guerras políticas y por cuestiones de estrategia procesal nos citan como querellados», manifestaron a LAS PROVINCIAS. Los altos funcionarios del Estado agregaron: «Se trata de un fuego cruzado de acusaciones entre políticos y nosotros somos el daño colateral».

Durante el interrogatorio, el fiscal les preguntó (por separado) qué funciones tienen en la empresa pública, a lo que respondieron que ninguna. «Ni participamos en la toma de decisiones ni tenemos que ver con la gestión. Nuestras funciones están en el ayuntamiento», resaltaron.

Otra de las preguntas fue si se había devuelto la subvención que reclamaba el ministerio, a lo que se le respondió que no.

Cabe resaltar que el procedimiento fue archivado tres veces: por la Fiscalía Anticorrupción, por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y por el propio juez de Instrucción número 1.