La imputación en la trama Púnica de Arturo Torró y Víctor Soler sacude al PP de Gandia

La investigación de la operación Púnica en Gandia ha golpeado con fuerza a la cúpula del PP local. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha citado a declarar en calidad de imputados al exalcalde y concejal Arturo Torró y al portavoz del PP y diputado en Les Corts Valencianes, Víctor Soler, por su relación con la trama corrupta, según informaron fuentes del PP de Valencia.

Acto seguido, Velasco ha suspendido la declaración de Soler y ha preguntado a las Corts Valencianes si tiene acta de diputado, lo que le convertiría en aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Velasco ha citado a 40 personas, aproximadamente la mitad imputados y la otra mitad testigos, todos ellos relacionados con las últimas confesiones que hizo el presunto líder de la trama David Marjaliza, amigo del exconsejero regional del PP de Madrid Francisco Granados.

A la comparecencia acudirán Torró y Soler «a principios de octubre» con procurador, solicitarán el sobreseimiento del proceso al considerar que no existe «prueba de cualquier implicación en el caso», y se personarán en la causa, según explicó Torró. El asunto ha caído como un jarro de agua fría en el seno del PP local.

El magistrado trata de averiguar si ha habido irregularidad en los contratos que formalizó el consistorio con el empresario Alejandro de Pedro, detenido y puesto en libertad, a través de las mercantiles Autoritas Consulting, Eico Management y Madiva Editores. Esta red, supuestamente, se quedaba comisiones ilegales por el posicionamiento del consistorio en internet.

La facturación global supera los 92.500 euros por trabajos en la web municipal, reputación digital, consultoría e imagen. Posteriormente, también se supo que la autoridad judicial solicitó a Torró los contratos con Construcciones Gomuñoz S.L., que suman 54.000 euros.

Ante este nuevo paso judicial que imputa a los números 1 y 2 del PP de Gandia en una trama corrupta, la agrupación local ha contactado con la presidenta de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, para poner a disposición de la formación política sus cargos. Esta les ha informado que «los Estatutos del partido sólo exigen la dimisión de cualquier cargo público cuando se haya dictado apertura de juicio oral contra el mismo».

Estas declaraciones contrastan con la promesa que realizó Torró a mediados de junio: «En el momento en que me imputen no tardaré ni un minuto en dejar el cargo», aseveró. Ayer, en declaraciones a este periódico confirmó que sólo renunciará si el juez no acepta la petición de sobreseimiento del caso. Numerosas ocasiones han sido las que tanto Torró como Soler han pedido la dimisión del socialista José Manuel Orengo desde el momento en que se conoció su imputación en el caso Innova y de los créditos irregulares, asuntos administrativos y no de corrupción.

Ambos concejales populares recibieron ayer llamadas telefónicas desde la Audiencia Nacional para que comparecieran ante la misma «con el fin de ratificar la declaración prestada por ambos ante agentes judiciales» de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia a principios de junio pasado, según el PP.

Un día antes, el 9 de junio a las 9.30 horas tuvo lugar el arranque de las pesquisas de la trama en Gandia. Dos agentes de la Guardia Civil vestidos de paisano se personaron en el despacho del todavía alcalde. Tras cuatro horas y media en las dependencias municipales, los efectivos se llevaron en cajas toda la documentación y facturas requeridas para trasladarlas a la Audiencia. La operación ponía uno de sus tentáculos en la capital de la Safor. Los populares señalan que desde noviembre de 2014 han colaborado con el juez mandándole documentación y poniéndose a su disposición.

El gobierno exige la dimisión

Tanto el PSPV como Compromís exigen la dimisión inmediata de Torró y Soler. El portavoz socialista, José Manuel Prieto, dijo que esta citación es «la explicación al esperpento de la rueda de prensa del PP de esta mañana (por ayer) en la que pedían apoyar una moción de censura».

El edil añadió que la más que posible implicación en la trama Púnica, que supone la financiación ilegal del PP en Gandia, «reafirma que los actuales concejales del PP no están legitimados para volver a gobernar».

Por su parte, la nacionalista Laura Morant expresó: «Algunas líneas rojas no se han de atravesar nunca. Hay que pedir responsabilidades. Cuanto antes eliminemos estos comportamientos de la política, mejor».