El gobierno denuncia que el PP gastó más de un millón de euros en abogados

Las críticas del PP a los 17.000 euros que, como máximo, tiene previsto gastarse el Ayuntamiento de Gandia en abogado y procuradora para la personación en el caso Púnica tuvieron ayer una respuesta contundente por parte del gobierno de izquierdas. El ejecutivo contraatacó denunciando que el PP contrató en la pasada legislatura más de 1,1 millones de euros en asesoramiento legal.

Por un lado, hay facturas por 503.000 euros del bufete Uría Menéndez y más de 600.000 euros de varios despachos de abogados facturados a la empresa pública IPG. Estos montantes se han contabilizado desde 2013 hasta junio de 2015. El gobierno señaló que ha resultado imposible encontrar más documentos porque las anteriores facturas se borraron por el supuesto «virus» que afectó a los ordenadores de la empresa pública.

El concejal de Contratación en el consistorio gandiense, José Manuel Prieto, expresó que, con estos datos sobre la mesa, el PP no está autorizado a criticar la contratación de servicios jurídicos externos por parte del actual ejecutivo. El también portavoz del gobierno insistió en que el ayuntamiento contratará al abogado Francisco de Antonio Juesas y a la procuradora Teresa Donesteve «debido a que en la plantilla del consistorio no existen letrados especialistas en Derecho Penal». Los populares, al respecto señalaron que estas argumentaciones son una excusa «para seguir con la descarada política de enchufismo» y aludieron al «dispendio de fondos públicos para llenar los bolsillos de las amistades a cargo de los contribuyentes».

En este sentido, matizaron que el abogado Juesas es concejal socialista del municipio castellonense de Altura a lo que desde el gobierno respondieron que también es profesor de Derecho Penal en la Universidad Jaume I de Castellón y ha participado en la acusación popular de los casos Gürtel y Fabra «con una trayectoria más que destacada en su campo». Prieto aseveró que en la pasada Junta de Gobierno el letrado titular del ayuntamiento certificó que no había expertos en Penal. Por tanto, según prosiguió el edil, se ha tenido que realizar una contratación menor a 18.000 euros que no requiere concurso.

El regidor socialista recordó que en la pasada legislatura, el actual ejecutivo tuvo que aprobar más de 180.000 euros en facturas impagadas a un conocido bufete de abogados que era habitualmente contratado por el anterior gobierno. Además, el actual ejecutivo ha encontrado facturas emitidas a la empresa pública por importes muy superiores a los 15.000 euros que se pagarán al encargado de representar al ayuntamiento en la personación de Púnica.