Secretario e interventor de Gandia piden amparo ante las «presiones» e «injerencias» en su trabajo

La crispación política que está asentada en el Ayuntamiento de Gandia empieza a traspasar fronteras hasta el punto de implicar a los altos funcionarios en un debate que sólo debe afectar a los partidos.

El secretario y el interventor reclaman a los órganos municipales competentes «amparo» para poder garantizar el legítimo ejercicio de sus funciones. Han recurrido a este extremo hartos de sufrir «presiones» e «injerencias» en su trabajo por parte de políticos. Los habilitados nacionales redactaron a finales de octubre un informe en este sentido que se lo hicieron llegar a la alcaldesa de la ciudad, Diana Morant, al coordinador general de Recursos Humanos y a los portavoces de los diferentes grupos municipales (PSPV, Més Gandia, Ciudadanos y PP).

Los ataques entre los dirigentes de los diferentes colores políticos se suceden en los plenos y comisiones, pero la gota que colmó el vaso se produjo en la sesión plenaria del 22 de octubre, concretamente con motivo de una moción resolutiva por vía de urgencia que presentó el Partido Popular sobre el Plan Especial del Marjal que atañe al campo de golf.

En dicha sesión, según los funcionarios, «se cuestionó de forma pública y abierta la labor y funciones que legalmente corresponden al secretario». Todo comenzó cuando la alcaldesa Diana Morant señaló que no competía al pleno el tratamiento de la moción sino a una comisión de Urbanismo. Pidió la palabra al secretario para que indicara si debía ser debatido el documento. El profesional resaltó que cabría un informe elaborado por él (en un plazo de diez días) y consideró que en ese momento no era «urgente».

A partir de ahí, las fuerzas políticas se enzarzaron y el concejal del PP Arturo Torró llegó a insinuar al secretario que a él no le interesaba admitir el asunto en el debate, lo que le valió un reproche del funcionario, quien sufrió varias interrupciones durante su parlamento.

El debate se caldeó hasta el punto de que los altos funcionarios se decidieron a presentar al día siguiente por registro de entrada en el ayuntamiento un escrito que firmaron conjuntamente. En él manifiestan que no es la primera vez que son «objeto de presiones e injerencias injustificadas», tanto en sede administrativa como judicial y mediática. «Pueden consultarse los archivos municipales, actas de órganos colegiados, decretos, informes y otra documentación administrativa así como la hemeroteca de los últimos años», añaden.

Ambos consideran que con ello se cuestiona gravemente su trabajo «con injustificado menoscabo de su dignidad profesional por el mero hecho de cumplir con su obligación de desempeñar el ejercicio de las funciones con objetividad, profesionalidad, imparcialidad e independencia». La máxima autoridad elevó ayer al pleno una propuesta de acuerdo en aras de conseguir un mejor clima político. Todas las fuerzas políticas votaron a favor de este punto del orden del día que no tenía precedentes en la historia democrática de la localidad. Los concejales de todos los partidos respaldaron la propuesta de alcaldía.

Se comprometieron ayer a respetar «escrupulosamente» las normas y los turnos de intervenciones. Se practicará, además, «una consciente moderación dialéctica de respeto al adverasario». El documento deja claro que se deslindará en todo momento la función política respecto de las que legalmente corresponden a los funcionarios públicos.

Caso Innova

Los empleados de la casa consistorial también se vieron enfrascados en el proceso judicial del caso Innova en el que el exalcalde socialista José Manuel Orengo está imputado junto al exportavoz de Plataforma de Gandia, Fernando Mut. A mediados de febrero de 2015, el el juez llegó a citar al secretario y al interventor como «querellados». Los altos funcionarios ya declararon en ese momento al fiscal que lamentaban las «guerras políticas» que se estaban librando en el ayuntamiento.

En ese momento, ambos quisieron desmarcarse del proceso judicial abierto y aseguraron que no tenían absolutamente nada que ver con la gestión de la empresa pública Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) en todo el entramado del Innova.

«Se trata de un fuego cruzado de acusaciones entre políticos y nosotros somos el daño colateral», expresaron entonces. Ellos quisieron dejar claro que ni participan en la toma de decisiones ni tienen que ver con la gestión. «Nuestras funciones están en el ayuntamiento», concluyeron.