Japonesas sin derecho a identidad

Pocos países pueden competir con Japón en lo que a vanguardia tecnológica se refiere. El archipiélago cuenta con las conexiones más rápidas a internet, es una potencia sin parangón en el sector de la robótica y sus multinacionales han sabido retener la competitividad pese al auge de alternativas chinas mucho más económicas. Tampoco hay sociedad que haga sombra a la nipona en lo que respecta al civismo: sus aficionados al deporte lo han dejado claro al limpiar en varias ocasiones los estadios en los que ven algún partido, y basta con visitar cualquier localidad del país para certificar la ejemplaridad de sus ciudadanos.

Pero, aparentemente, todo lo anterior no está reñido con el machismo. Lo ha dejado bien claro el Tribunal Supremo de Japón con su decisión de mantener en vigor la ley del Código Civil adoptado en 1896, que obliga a los dos miembros de un matrimonio a adoptar un solo apellido. En la práctica, eso se traduce en que el 96% de las mujeres casadas del país cede su identidad familiar para tomar la del marido. «Es una ley que impide a los ciudadanos elegir su propio nombre, y que se traduce en una falta de respeto hacia la mujer», afirmó la feminista Kaori Oguni al diario The Guardian. Pero, según los jueces, la norma no resulta inconstitucional, como alegaban tanto Oguni como las otras cuatro activistas que llevaron el caso a la instancia judicial más alta.

El origen de esta tradición, que perdura en muchos otros países del mundo, aunque no es obligatoria, reside en la concepción de que el matrimonio no es una unión entre individuos sino entre familias. Por eso, los más conservadores en Japón consideran que cambiarla podría poner en peligro incluso la estabilidad social del archipiélago. «Los nombres son el mejor elemento para unir a las familias. Permitir varios apellidos es un peligro para el orden público y la base de nuestro sistema de bienestar», explicó a la cadena local NHK el académico Masaomi Takanori. Una encuesta del diario Asahi Shimbun demostró que el 34% de los japoneses es partidario de la legislación actual, mientras que los jóvenes apuestan mayoritariamente por la posibilidad de elegir.

No obstante, la batalla de las feministas en una sociedad tan patriarcal como la nipona no ha sido en vano. Porque el Tribunal Supremo sí que les concedió una victoria: la prohibición de que ellas vuelvan a contraer matrimonio en los seis meses posteriores al divorcio atenta contra la igualdad de género, aseguraron los magistrados antes de dictar que un plazo de 100 días es más razonable. Sin duda, es buena muestra de los escollos con los que se está encontrando el primer ministro Shinzo Abe para reducir la brecha que separa a la mujer del hombre, sobre todo en el mundo laboral. Y eso que su objetivo es modesto: que para el final de esta década ellas ocupen un tercio de los puestos 'sénior' en empresas públicas y privadas. De momento, únicamente el 63% de las mujeres en edad laboral trabaja -frente al 85% de los hombres- y sólo un 8% de los escaños en la Dieta están ocupados por ellas. Está claro que allí no saben de paridad.